¿Quién tumbó la Ley de Participación Ciudadana?
Jesús González Ramírez

Monterrey.- El ego de Jaime Rodríguez Calderón, es muy sencilla la respuesta. Veta la Ley y aparte advierte que enviará la suya para que los legisladores vean cómo debe de ir (disculpen el lenguaje coloquial pero ése es el que usan en sus explicaciones los funcionarios estatales) es decir: él dirá cómo se debe organizar la población, él dictará, él ordenará.

Dice, en voz de Manuel González, que no se le invitó a la elaboración de la Ley: falso, en reuniones de trabajo en el Congreso y en las comunicaciones vía mail donde se perfeccionaba el dictamen, estaba presente personal del gobierno estatal, concretamente de la Coordinación Ejecutiva, a cargo de Fernando Elizondo; si la gente de Elizondo y la de Jaime Rodríguez no se llevan, ¿qué culpa tenemos los ciudadanos?

Desde el viernes 8 y hasta el viernes 15 de enero –en que se dio el veto– se buscó al Secretario de Gobierno y al Jurídico para exponerles las razones técnicas y políticas por las que no debían vetarla, pero no fuimos recibidos; ahora dice que para armar su Ley de Participación va a convocar a las “organizaciones”. La pregunta es ¿a cuáles? A las que se están conformando como estructura electoral y afines al gobierno, o a las que pelearon la Ley durante doce años, los últimos dos con un enfoque de Derechos Humanos.

Porque una de las cosas que no escuchó el gobierno del Bronco fue que la Ley estaba basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el artículo 1º Constitucional y por tanto lo que ha hecho al vetarla es bloquear el acceso de la población a sus derechos políticos ¿Qué opinará del veto el Tribunal Federal Electoral, quien había ordenado al Congreso legislar en materia de Consulta Popular e Iniciativa Ciudadana reglas que ya incluía la ley vetada?

Eso no le interesa al gobernador, ni las opciones claras como el agua que se le planteaban: publicar la Ley y ya que existiera meter las iniciativas de reforma que se acordarán con las y los ciudadanos y diputados.

No quiso, el ego es más grande; ahora vamos a una incertidumbre de tiempo, no sabemos cuándo se vuelva a votar una Ley de Participación Ciudadana.

Doce años echados a la congeladora por el ego de un gobernante mal asesorado.

La responsabilidad política es clara: el culpable de bloquear los derechos políticos de la población es Jaime Rodríguez Calderón.

* El autor es Defensor de Derechos Humanos y uno de los impulsores de la Ley de Participación Ciudadana, con enfoque de Derechos Humanos.