HORIZONTE CIUDADANO
Otro fracaso
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Saltillo.- Recientemente la organización Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “Puertas cerradas”. El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central.
La organización narra la tragedia de los infantes en sus países de origen: El Salvador, Honduras y Guatemala, en donde los infantes son víctimas de las pandillas que infringen a los menores acoso, violencia sexual y física, la que llega hasta el asesinato; se expone que en Honduras, en 2014 más de 400 menores de 18 años murieron, se presume que fueron víctimas de la violencia pandillera.
Según las estadísticas, al país llegan tres niños por una niña migrantes, aunque la cantidad de niñas está aumentando.
La violencia y las hambrunas inducen a los infantes a emigrar, solos o con alguien de su familia o conocidos. HRW narra algunos testimonios de niños que al ingresar al territorio mexicano son detenidos y advertidos por las autoridades de deberían pedir asilo a lo cual la mayoría se niega porque implica trámites que llevan mucho tiempo.
Las autoridades mexicanas capturaron el año pasado a casi 36 mil menores de los que más de la mitad viajaba no acompañados.
Nuestro país, por ley debe ofrecer protección a los refugiados o a los que afrontan otro tipo de amenazas contra su vida o su seguridad, aunque de acuerdo a los datos del gobierno mexicano, menos del 1 por ciento de los niños que son detenidos por las autoridades migratorias se les da la calidad de refugiados o reciben aquí protección formal.
HRW expone que los niños NUNCA deberían ser detenidos como una medida de control migratorio, por lo que se apremia al Estado a “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su situación migratoria”, porque en México esa parece ser una norma; por ello el Estado tendría la obligación de proporcionar a los infantes protección y cuidados adecuados y la detención sólo debería darse bajo circunstancias excepcionales.
Según la investigación de HRW se encontraron discrepancias entre la legislación y la aplicación de las leyes en México. En el Instituto Nacional de Migración, aún los oficiales de protección a la infancia no informan a los niños sobre sus derechos, si lo hicieran se encontraría que muchos de los menores cumplen los criterios para ser considerados como refugiados.
En el Albergue Belén, Posada del Migrante, donde a partir de mayo de 2014 la afluencia de niños pasó de un promedio de cuatro cada mes, a cuatro cada día, el padre Pedro Pantoja asesor del albergue, gran especialista en asuntos migratorios dijo, “Es una situación extremadamente alarmante, ya que los niños se enfrentan a situaciones de desprotección exagerada”.
Entre las recomendaciones emitidas por la organización HRW respecto a la problemática migratoria de los infantes destaca la garantía del acceso efectivo al reconocimiento de la calidad de refugiados y la asesoría jurídica, por parte del Estado mexicano; los niños migrantes no deben permanecer en detención, en ningún caso, por lo que el Estado debe hacer uso de las alternativas a la detención previstas en la legislación, mediante la ampliación de la capacidad de los centros DIF; encerrar a los niños en centros penitenciarios viola las normas internacionales, subraya Human Rights Watch.
El Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas especiales de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción; medidas que deben incorporarlos como sujetos de derechos dada su situación de vulnerabilidad; el Estado debe aplicarse a cumplir sus propias leyes. Los señalamientos son contundentes.
