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2082 19 Abril 2016

 

 

¡Todo el poder al pueblo!
Lupita Rodríguez Martínez

 

Monterrey.- La lucha por construir un México mejor, más próspero, equitativo, justo y democrático, es una lucha que se tiene que dar día con día a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Es una lucha dada en contacto directo y permanente con la gente, pues sólo luchando juntos por sus demandas populares y a través de la democracia vamos a transformar realmente la vida nacional.

Con base en la democracia luchamos por construir el poder popular desde abajo; es decir, desde el barrio, la colonia, el ejido, la comunidad, el centro de trabajo, la escuela y todos los ámbitos de la vida social.

En esta lucha por la transformación social, económica, política y cultural de nuestro país, desde Nuevo León se presagia que por fin será promulgada y cobrará vigor -esperemos que ahora sí- la Ley de Participación Ciudadana, tras más de 20 años de luchar por cristalizar el lema de nuestro Partido del Trabajo: ¡Todo el Poder al Pueblo!

Desde que por primera vez fueron electos dos diputados del Partido del Trabajo en Nuevo León, Ricardo Cantú Garza y Arturo Espinosa Torres, en la LXVII Legislatura (1994-1997), se promueve la iniciativa de reforma constitucional en materia de participación ciudadana.

Lucha que prosigue en la LXVIII Legislatura (1997-2000), cuando por segunda vez son electos dos diputados por el PT, José Herrera Maldonado y su servidora, María Guadalupe Rodríguez Martínez.

En la LXIX Legislatura (2000-2003) estuvo a punto de concretarse la reforma con la participación de nuestros diputados Pedro Vázquez González y Santiago González Soto. Pero, lo impide el veto del gobernador Fernando Canales Clariond, por supuestos errores de ubicación del articulado.

En la LXX Legislatura (2003-2006), hubo la necesidad de promover una nueva iniciativa de reforma constitucional, la cual suscribimos su servidora, María Guadalupe Rodríguez Martínez, así como Pedro Bernal Rodríguez y José Ángel Niño Pérez, el 5 de septiembre del 2005.

A partir de la LXXI Legislatura (2006-2009), donde participaron Zeferino Juárez Mata y Gerardo Javier García Maldonado como diputados del PT, se mantuvo la propuesta de la reforma constitucional en la Agenda Legislativa de cada Periodo Ordinario de Sesiones.

Así ocurrió en la LXXII Legislatura (2009-2012), con Homar Almaguer Salazar; en la LXXIII Legislatura (2012-2015), con Guadalupe Rodríguez Martínez y Gerardo Juan García Elizondo y, en lo que va de la actual LXXIV Legislatura (2015-2018), con Sergio Arellano Balderas.

Hoy, como lo aseveramos en nuestro último editorial de año pasado (22 de diciembre del 2015), tras la aprobación de la Ley sólo hacía falta que el Gobernador ordenará su publicación en el Periódico Oficial para dar el paso a la democracia participativa en lugar de la democracia representativa.

Sin embargo, ese antes y después democrático para nuestro sistema político estatal no llegó. Todos estos meses ha estado detenido por el veto del Gobernador al decreto de la LXXIV Legislatura para expedir la Ley.

Han sido cuatro meses más de detener los derechos de la ciudadanía para participar colectivamente en las decisiones públicas y en la formulación de las políticas, programas y actos de gobierno.

Sin embargo, nuestro reconocimiento al Legislador por dejar clara y sólida la base para sentar el mecanismo de la revocación de mandato, al darle un tratamiento y protección de derecho humano fundamental de la ciudadanía para ejercer la soberanía, diferente a la figura declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en los estados de Chihuahua y Yucatán.

En el ejercicio de su soberanía, el pueblo está facultado para modificar los poderes públicos cuando dejan de estar instituidos en beneficio del propio pueblo; es decir, para revocar el mandato del Gobernador, de Diputados locales y de Presidentes municipales cuando no cumplan con ese fin.

Sin embargo, una vez que sea superado el veto del Gobernador queda esperar que se realice una reforma constitucional en materia de revocación de mandato en un plazo no mayor de 180 días hábiles ¡será posible!


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