Entre el crimen organizado y el crimen autorizado
Eloy Garza González
Monterrey.- El símbolo más ominoso de la campaña presidencial de Donald Trump es la construcción de un muro fronterizo entre México y EUA, que obligaría a pagar al gobierno mexicano. O más bien, imponiendo un impuesto a las remesas de los inmigrantes mexicanos.
Y es que Trump no está en contra de la inmigración; está en contra de los mexicanos, que no es lo mismo.
Sin embargo, atenuando sus amenazas, Trump calcula que no se ocuparía levantar el muro en los 3 mil 200 kilómetros de línea fronteriza. Descartando los obstáculos naturales, bastaría con levantar mil 600 kilómetros de muro, con una altura de entre 10 y 12 metros y que costaría alrededor de 8 mil millones de dólares.
Dado que, como afirma Trump, Estados Unidos tiene un déficit astronómico contra México, y “han cedido a tantas cosas” por nuestro país, gastando una fortuna comerciando con nosotros, para los mexicanos sería un “privilegio” el pago de este muro de las lamentaciones.
Trump pretende deportar a México 11.3 millones de inmigrantes indocumentados, en un lapso que va de entre 18 meses y dos años. Todo un récord Guinness. Detenerlos y deportarlos representaría un galimatías logístico para las agencias militares y de control fronterizo del país. El gasto total de deportación masiva oscilaría entre 420 mil millones y 620 mil millones de dólares, según cálculos conservadores.
Estas operaciones que llevaría años ejecutarla, implicaría la contracción de la economía estadounidense en 6%, que equivaldría a 1.6. billones de dólares. Es como si los norteamericanos se dieran un tiro en el pie. O como si Trump fuera el sepulturero de las causas perdidas, llevándose de encuentro la economía de su propio país. La amenaza, pues, es en contra de los propios norteamericanos.
Mientras tanto el gobierno mexicano se vuelve cómplice con su silencio que acusa a Trump creyendo que ese magnate bipolar es el único estorbo en las relaciones bilaterales. El problema es sistémico y no se resolverá sellando la frontera, sino abogando por el derecho humano de emigrar cuando una persona así lo desee y por el derecho de quedarse cuando el país receptor cuenta con condiciones favorables. Pero el inmigrante mexicano está acorralado entre el crimen organizado y el crimen autorizado.
