Justicia fallida y protesta social
(Tras alza en tarifas del Tuzobús)
Pablo Vargas González

Pachuca.- Después de grandes expectativas ha entrado el “nuevo sistema de justicia penal” como una gran panacea; sin embargo, no hay cambio de condiciones del anterior sistema acusatorio, que metió a la cárcel a los pobres y en muchas ocasiones por razones políticas.

Este último caso se dio en la zona metropolitana de Pachuca por las protestas masivas de la población contra el Tuzobús, en donde a toda costa se impuso y dejó muestras del estilo autoritario del poder.

Desde la presentación del Tuzobús como un nuevo modelo de movilidad y servicio de transporte en la región de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, las reacciones de protesta fueron creciendo porque no resolvían los problemas de la población en uno de los ejes viales más importantes de la ciudad. Los primeros que protestaron fueron los usuarios, sobre todo de las colonias más marginadas pero después se fueron sumando los diferentes sectores de la ciudad.

No solo fueron despreciados los comentarios críticos desde altas esferas de gobierno estatal y municipal que fueron descalificados sistemáticamente sino que de los periodicazos se pasó al uso de la fuerza. Y sin embargo las movilizaciones de protesta fueron creciendo y así mismo la represión brutal de granaderos comandados directamente por el jefe de la Secretaría de Seguridad Publica de Hidalgo. No solo hubo golpes sino también detenciones arbitrarias, acompañadas de amenazas y torturas.

Entre los quejosos se encuentran amas de casa, estudiantes y obreros pobres golpeados, amenazados, y a muchos de los cuales se les detuvo y se les abrió expediente en el Ministerio Público. Fue el caso de Pablo Ramírez Morán que fue detenido el 2 de abril de 2016 en una de las marchas más intensas contra el Tuzobús. Este trabajador de la construcción se le está aplicando toda la fuerza del estado simplemente por salir a ejercer un derecho constitucional, que debe ser sagrado para las instituciones políticas y jurídicas del país y de Hidalgo, pero no ocurre así, sobre todo si se trata de castigar a los desobedientes.

¿Dónde está la falla de la justicia? Resulta que la detención de Pablo Ramírez (causa penal 53/2016) y otras tres personas ocurrieron en medio de la sustitución del viejo a un nuevo sistema de justicia penal. Y como sucede en todo tipo de transición prevaleció el viejo sistema donde no importaba si era acusado ni tampoco las formas de detención con lujo de violencia extrema. Fallaron totalmente los nuevos protocolos de fundamentarse en la protección de derechos humanos, al viejo estilo fueron detenidos, llevados al MP y se les abrió un rápido expediente, pasaron al juez y de modo expedito se le encontró culpable.

Todo ello bajo los pomposos nombres de las nuevas instancias: Policías procesales, Juez penal de control, juzgado en materia penal, etc. A Pablo Ramírez Morán se le aplicó un delito claramente conocido en México desde 1968 cuando el gobierno federal acusó a las estudiantes: Ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte. Solo faltó el que Díaz Ordaz impuso, el de disolución social.

La criminalización de la protesta por parte de instancias jurídicas de Hidalgo se configura plenamente, es decir se judicializa y abre expediente aquellos que ejercen derechos y libertades públicas, sin importar en Hidalgo el flamante nuevo sistema de justicia penal y el nuevo código nacional de procedimientos penales. Con vicios jurídicos de inicio la jueza resolvió que la detención de Pablo Ramírez “fue legal” y se le calificó como culpable del delito contra el estado.

Con ayuda de un abogado, Pablo Ramírez apeló la resolución del juzgado presentando un juicio de amparo, ya que en primera instancia no se aplicaron correctamente las normas de protección, no se dio el debido proceso ni tampoco se valoraron suficientemente las pruebas. Contradictoriamente un juez federal negó la protección de la justicia a una persona que simplemente protestaba por las altas tarifas y por una política nefasta en contra de los ciudadanos.

Los integrantes de organizaciones de derechos humanos están atentos a un nueva apelación judicial, pues este caso es ejemplar de como se trata a un disidente, criminalizando y echando el poder del estado en contra de los críticos al gobierno. Sería importante que las instancias jurídicas, locales y federales, pudieran honrar el espíritu del nuevo sistema de justicia penal: velar por los derechos humanos, proteger a la sociedad y no expoliar a los pobres.