La metrópoli más contaminada
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La contaminación ambiental en la zona metropolitana de Monterrey daña irreversiblemente la salud de millones de habitantes, en gran medida por el poco respeto y la falta de voluntad para cumplir el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de las personas.
Garantizar tal derecho es una responsabilidad de nuestras autoridades y un deber de todos en forma solidaria. Pero, la falta de acciones oportunas y de justicia efectiva para combatir la contaminación del aire que respiramos, ha provocado que quienes habitamos la Ciudad de las Montañas ahora vivamos en la metrópoli más contaminada de América Latina, tal y como lo ratificó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Ninguna autoridad ambiental puede objetar tal ratificación, pues cada vez son más los días del año con mala calidad del aire y con mayor afectación a la flora y fauna de nuestras montañas, debido al voraz desarrollo urbano, al caos del transporte y a la explotación de materiales por parte de empresarios sin responsabilidad social, ni ambiental, a quienes debemos los altos niveles de contaminación tóxica que satura la atmósfera nuestra metrópoli.
La calidad del aire se mide con el indicador PM10; es decir, el número de partículas permitidas menores a 10 micras, ya que respirar partículas mayores afecta las vías respiratorias. Por ello, urgen acciones coordinadas de las autoridades federales, estatales y municipales para dejar de ser la metrópoli más contaminada, así como para prevenir y controlar los riesgos a la salud.
La población desconoce que la polución del aire mata a 3.5 millones de personas al año en el mundo, según el Informe de la ONU: Movilización del Transporte Sostenible, pues los riesgos confirmados de la contaminación atmosférica son enfermedades como cáncer, neumonía y alergias crónicas.
En nuestro país, el costo a la salud se estima en más de 14 mil millones de pesos anuales, lo cual amerita aplicar con todo rigor lo dispuesto en leyes, reglamentos y, especialmente, en la Norma Oficial Mexicana NOM-156, relativa al establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire, así como el Código Penal en materia de delitos al medio ambiente.
No se requieren más investigaciones para afirmar que la contaminación que vivimos se debe a que los principios para construir una sociedad global justa, sostenible y pacífica del Siglo XXI, son violentados por autoridades y empresarios, siendo la única solución aplicar las leyes sin excepción alguna.
Los servidores públicos tienen el deber de proteger nuestra salud y nuestros frágiles recursos naturales, sin evadir por intereses económicos, políticos, personales o de cualquier otra índole, su obligación de aplicar la Ley a quienes afecten derechos humanos y pretenden que sus riquezas valgan más que la vida de la población nuevoleonesa.
Los responsables de proteger la salud pública y de cuidar el medio ambiente de los tres niveles de gobierno, deben entender que la explotación y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales debe ser manejado de manera sustentable; es decir, que no se comprometa la salud y la satisfacción de las necesidades de la presente y de las futuras generaciones.
Ya basta de tolerar a empresarios que explotan zonas prístinas y que se han dado el lujo de desconocer el Decreto #187 del 4 de enero de 1982, donde se plasmó el “cambio de las instalaciones de las empresas procesadoras de piedra caliza”, en un plazo que no excedería del 31 de marzo de 1983.
Después de 33 años, ninguna de las 19 empresas que integraban la Asociación de Procesadoras de Caliza y Derivados se reubicó. Al contrario, ahora operan casi un centenar de “pedreras” y, lo peor, algunas en Áreas Naturales Protegidas que deben estar blindados de predadores ambientales.
Aparte de las acciones espectaculares recién tomadas, el derecho a la salud pública y al medio ambiente sano demandan la participación ciudadana en el control social de decisiones que hasta hoy parecen estar en manos privadas, pues los grupos ambientalistas de la sociedad civil son excluidos por cuestionar a las pequeñas minorías que perjudican a las grandes mayorías.
Vaya por ello nuestro sincero reconocimiento a la lucha incansable de María de Jesús Betancourt de Marqueda, dirigente fundadora del Comité Ecológico Pro-Bienestar de Monterrey, quien desde hace 30 años lanzó el llamado colectivo para que ¡luchemos unidos por un mundo mejor! Aunque quizá el mundo estaría mejor sin nosotros, como ella misma señala.
