ANÁLISIS A FONDO
Incapacidad o mala leche
Francisco Gómez Maza
Solalinde responsabiliza Ulises Ruiz Ortiz
“Si quieres vivir, toma tus chivas y vete”
Ciudad de México.- El gobierno del presidente Felipe Calderón no quiere o no puede proteger a los defensores de los derechos humanos, y los periodistas que cubren la información de la conflagración armada entre las fuerzas de seguridad y las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, y las otras bandas, las de políticos influyentes “amenazados” por la labor incómoda de activistas y reporteros.
Por ejemplo: la “protección” otorgada a Alejandro Solalinde, el sacerdote católico dedicado a la defensa de los migrantes en el albergue Hermanos en el Camino, en el istmo de Tehuantepec, es “recomendarle” salir del país.
Solalinde se irá al exterior el próximo lunes 21 de mayo, por “consejo” recibido de funcionarios de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la organización Amnistía Internacional, las Brigadas Internacionales de Paz y la Conferencia de Obispos católicos, como él mismo lo confió al periodismo.
Y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el tristemente célebre “URO”, a quien Solalinde responsabiliza de cualquier agresión que puedan sufrir tanto él como alguno de los integrantes de su equipo de Hermanos en el Camino, sigue tan campante. Es intocable.
A lo que las autoridades más llegan, pese a disponer de ordenamientos legales puntuales, es a decirle al padre: “Si quieres seguir vivo, arregla tus valijas y lárgate con tu música a otra parte”. Qué país. Qué autoridades, qué organismos nacionales e internacionales defensores de los defensores de los derechos humanos. Qué obispos.
El padre se va obligado, no porque tema –teme obviamente, es humano el temor– ser ejecutado. Sale del país “por obediencia”, amenazado de muerte “por personas ligadas a políticos influyentes e integrantes del crimen organizado”. (Vuelva a leer URO.)
El 20 de abril, cuando el padre iba a retirar dinero de un cajero, una persona se le acercó para avisarle que lo iban a matar y que incluso ya tenían a su sicario. Dígame si no es o incapacidad o mala leche.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a finales de abril, antes de que clausurara su último periodo de sesiones, el día 30.
Estamos a 16 de mayo. Han pasado dos semanas, y la tal ley no ha sido promulgada por el poder ejecutivo. Qué importante es para Calderón la defensa de la vida.
La ley aprobada por el Congreso de la Unión tiene por objeto garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas, mediante la creación de un mecanismo con la autoridad para aplicar medidas de protección.
A ver ahora qué pasa. Aunque estamos seguros de que no ocurrirá nada. Al señor Calderón le entran las cosas por una oreja y le salen por la otra: cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le han llamado a avanzar en la promulgación rápida de la ley (bueno, rápida ya no fue) y en su aplicación efectiva.
Tanto desde Ginebra, Suiza, como de Washington, DC, los representantes de los organismos internacionales citados le piden al gobierno mexicano: “Los asesinatos y amenazas, repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México, deben detenerse inmediatamente”.
Vamos a esperar a mañana. Pero… Y todo esto, el sucesor de Calderón, sea quien fuere, ¿estará consciente de que este negocio de la defensa de los defensores de los derechos humanos es muy grave?
Veremos y diremos.
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