Saldos de las elecciones
Efraín Poot Capetillo
Mérida.- Las recientes elecciones federales y estatales que han resultado las más concurridas de la era de la alternancia han dejado claro que la agenda para transitar a la democracia plena es todavía muy amplia y compleja.
Las cifras arrojadas por el conteo de la votación ha generado frustración entre un amplio sector del electorado, pero los indicios de que los candidatos ganadores lo consiguieron a través del desmedido apoyo recibido por parte de los gobernadores afines, de la alianza de Televisa y TV Azteca, y de las estrategias de triangulación de recursos destinadas a eludir los topes legales de gastos de campaña para garantizar los recursos económicos destinados a la compra masiva del voto, han acrecentado la inconformidad y exacerbado los ánimos de ciertos sectores que ahora se han planteado evitar la toma de posesión del virtual ganador en caso de que el Tribunal de Electoral del Poder Judicial de la Federación desestime las acusaciones formuladas por partidos y ciudadanía.
A pesar de este complicado panorama, es de resaltarse que la oposición partidista formule sus reclamos utilizando los mecanismos legales a su alcance, con lo que el movimiento progresista en buena medida conjura la imagen y los temores sembrados entre vastos sectores sociales de que estarían dispuestos a efectuar acciones que pudieran perjudicar a terceros, tal como ocurrió en 2006. El Partido Acción Nacional, al decidir reclamar conjuntamente con la izquierda la limpieza de la elección, claramente apuesta a recobrar la confianza de los ciudadanos, cuyos votos lo situaron en el tercer lugar de las preferencias electorales presidenciales.
El PRI ha tratado de conjurar las acusaciones de sus adversarios, calificándolas de mentiras, e incluso seguros de que aun cuando se llegaran a develar los mecanismos de financiamiento similares al “Pemexgate”, o a “Amigos de Fox”, no se pondría en riesgo su retorno a Los Pinos y menos aún su permanencia al frente del gobierno yucateco.
Ha quedado claro que lo ocurrido en la elección presidencial de hace seis años y la reforma electoral de 2007-2008, produjeron una generalizada desconfianza ciudadana en los órganos electorales que se acrecentó por: 1) el desprestigio a que ha sido sometido el IFE por parte de las dos principales cadenas televisivas, a raíz de dar cumplimiento a la disposición legal de evitar la compra de espacios publicitarios, tanto por partidos, como por particulares, que les canceló jugosos ingresos; y 2) el control que los gobiernos estatales ejercen sobre los aparatos electorales de la mayoría de las entidades federativas, al punto de degradar su imparcialidad.
Lo anterior demanda el fortalecimiento de estas instituciones, a través de preservar la ciudadanización en la integración de sus consejos generales, mediante el consenso entre partidos y sociedad civil, pues es la única forma para garantizar la imparcialidad de los consejeros y no el avasallamiento a través de la designación de los afines; esto permitiría conjurar la tentación, bastante generalizada entre los actores sociales y políticos, de escoger únicamente a profesionales del derecho, como si eso fuera absoluta garantía de imparcialidad.
Estos hechos nos deben llevar a reflexionar a todos los actores sociales, económicos y políticos de que tenemos pendiente la enorme tarea de construir un país y un estado que se rija por el estricto apego a la ley; ya no podemos permanecer cruzados de brazos, siendo simples espectadores de los acuerdos elitistas para salvaguardar exclusivamente los intereses de los grupos políticos y económicos más poderosos en detrimento de los de la gran mayoría de la población; es necesario poner las bases para combatir seriamente la corrupción, el fraude, el autoritarismo, la aplicación selectiva de la ley, los monopolios económicos; es imprescindible mejorar la calidad de gobiernos, partidos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales bajo los principios de: la inclusión, el respeto, la tolerancia y la corresponsabilidad.
