Transportistas versus Gobierno de Yucatán
Efraín Poot Capetillo
Mérida, Yucatán.- El reciente enfrentamiento entre empresas transportistas de la ciudad de Mérida y el saliente gobierno estatal encabezado por Ivonne Ortega Pacheco, suscitado por el reclamo de los primeros hacia las autoridades por el cumplimiento del millonario subsidio que se les dejó de entregar desde hace tres meses y que se implementó tiempo atrás como medida para evitar el alza en el transporte urbano, nuevamente nos muestra que éste es un problema que se encuentra lejos de resolverse.
Es público que la mayoría delos transportistas y el gobierno actual pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, por cuya causa han mantenido, no sin sobresaltos similares al actual, una estrecha alianza a lo largo de poco más de ochenta años, para que a cambio del voto cautivo de dueños y choferes del gremio y el uso de sus unidades para el traslado de simpatizantes a los mítines del tricolor, se les otorguen más concesiones de placas de transporte urbano y alzas a las tarifas. También es verdad que han estado permanentemente divididos, pues según la cercanía, lejanía o pertenencia al grupo del gobernante en turno, los apoyos han sido escasos o cuantiosos. La historia del auge y decadencia de las organizaciones y empresas del transporte urbano, de Yucatán en general, y de la ciudad capital en particular, se puede reconstruir apelando a la trayectoria política de los principales dirigentes.
Esta ancestral dependencia política y económica del erario público ha sido un serio obstáculo para la modernización de la actividad y explica su ineficiencia, pues hoy día todavía encontramos unidades de transporte en mal estado, nula capacitación de los conductores, la atomización y duplicidad de empresas y rutas por todo el territorio de la ciudad y una malsana competencia entre los prestadores del servicio.
La falta de una verdadera cultura empresarial permite que la actividad sea soportada por un salvaje sistema de explotación de los operadores de las unidades, que para poder laborar como tales, de entrada tienen que cubrir determinada cantidad de dinero como derecho, cubrir sus cuotas sindicales, liquidar ante el dueño de la unidad una cuota mínima diaria de dinero, después de haber sacado el costo de llenar el tanque de gasolina, en caso de enfermedad cubrir sus propios gastos médicos y dejar de percibir ingresos por los días sin trabajar, y, por si esto fuera poco, sobrellevar los malos tratos patronales so pena de ser despedidos sin liquidación alguna.
Las condiciones creadas por el conflicto entre transportistas y el Gobierno Estatal, y por la iniciativa preferente del Presidente de la República en materia laboral, son una magnifica oportunidad, tanto para los legisladores locales y federales yucatecos, como para el nuevo mandatario estatal, que tomará posesión el próximo lunes 1 de octubre, de sentar las bases para la transformación del transporte público yucateco en una verdadera actividad económica moderna, basada en una regulación estatal que garantice la libertad de la actividad empresarial, el uso de la tecnología más avanzada para el trazo de rutas eficientes, la renovación del parque vehicular con unidades adecuadas, pero sobre todo la dignificación de los trabajadores del transporte a través de su reconocimiento como sujetos con plenos derechos a las prestaciones sociales de ley: salarios dignos, seguridad social, infonavit, aguinaldos, etcétera.
Profesor-investigador, Universidad Autónoma de Yucatán.
