ANÁLISIS A FONDO
Marisela contra Genaro
Francisco Gómez Maza

El escándalo como epitafio
Fallida política de seguridad y justicia

Ciudad de México.- La PGR y la SSP (Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública) llegan al final del gobierno de Calderón de manera lastimosa.

Marisela Morales Ibáñez, la procuradora que sustituyó al grisáceo Arturo Chávez, quien nunca se enteró de que fue procurador, apagó ella misma su propia buena estrella.

Genaro García Luna, beneficiario de una enfermiza protección del presidente Calderón, es el caso más patético.

Pero ni uno ni otro sirvieron para maldita sea la cosa. La Policía Federal termina maltrecha por el escándalo (que habría provocado una invasión de marines) de las cercanías de Tres Marías rumbo a Cuernavaca. Marisela, con mucha pena y sin gloria. Los dos alimentando el fuego del odio entre ellos mismos.

Y en medio de ambos, Felipe como un dios caído del pedestal, con su fallo estrepitoso en la integración de su equipo.

En su análisis semanal, ahora dedicado al sector de seguridad y justicia, el maestro Alfonso Zárate hace una sangrienta disección de los dos cadáveres.

El presidente Calderón se equivocó al no censurar los errores de su secretario de SP y mantenerlo en el cargo contra viento y marea. La vena eminentemente policiaca de la estrategia federal de combate a la delincuencia organizada se refleja en el fortalecimiento de la SSP y el desvanecimiento y la ineficacia de la PGR.

La procuraduría sirvió para prácticamente nada. Una institución borrada, desmembrada, sacrificada en términos presupuestales y sujeta a las veleidades político administrativas de Marisela, quien contrata y despide arbitraria y caprichosamente. Hay ejemplos.

Dos muestras de su extraña racionalidad: la “renuncia” del subprocurador especializado en delincuencia organizada, José Cuitláhuac Salinas, a escasos 15 días de entregar las llaves del despacho; y, apenas en julio, el cambio estratégico en el nombre de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), hoy convertida en SEIDO, Trasformación de “gran calado”, sin mayor sentido funcional u operativo que el orden de sus siglas.

Con Morales Ibáñez, la PGR fue sometida a un severo proceso de “depuración” y rotación de mandos que, en un principio, pudo justificarse con argumentos de renovación y “limpieza”. Mas, muy pronto fue evidente que el desorden y el capricho, la discrecionalidad, se impusieron a la lógica de la refundación institucional.

Lo sucedido en el armado de los expedientes en materia de homicidios dolosos es aterrador. La propia PGR lo confirma en su informe del primero de diciembre de 2006 al 14 de junio de 2012: Se registraron 92 mil homicidios dolosos, pero sólo 200 casos derivaron en averiguaciones del fuero federal, cifra ni siquiera en consonancia con los “caídos” integrantes de las corporaciones con intervención directa en la “guerra” contra el narco: 435 soldados en enfrentamientos con el crimen organizado y otros “accidentes” y “circunstancias”, así como los 287 policías federales ultimados.

Más aún. De esas 200 averiguaciones abiertas por el MP, apenas 102 habían sido terminadas; 36 derivaron en el ejercicio de la acción penal, y sólo dos concluyeron en sentencias condenatorias.

En el actual enfrentamiento institucional SSP-PF versus PGR es de llamar la atención la pasividad o inmutabilidad del jefe del Ejecutivo, la ausencia de Lo Pinos o del titular de Gobernación, ante una situación que combina gravedad y escándalo.

Así, el trance de fin de sexenio vuelve a poner de manifiesto las contradicciones y conflictos al interior del gabinete de seguridad pública. Las diferentes instancias –SSP, PGR, Sedena, Semar– no tienen ni tuvieron una relación fluida y coordinada. Hoy, no sólo la PGR acusa a elementos y mandos de la PF, sino que los recelos mutuos se ventilan mediante “filtraciones” o “exclusivas” a determinados medios de “comunicación”. Asoma también que, ante la ausencia de directrices claras y un mando sólido desde Los Pinos, dichas dependencias tendieron a la “balcanización”: La Armada, como instancia favorecida por las agencias del gobierno estadounidense; la SSP, minada por el presidente Calderón; la PGR, difuminada y arrinconada.

A desfondo
En la Cámara de Diputados, hubo ayer puro teatro guiñol. El líder de la mayoría mandó a los del PRI, el Verde y el Panal, a exponer “sus mejores argumentos” para aprobar los cambios en la administración gubernamental que le servirán a Enrique Peña Nieto para gobernar los próximos seis años. Silvano Aureoles y Alberto Anaya (éste franquiciatario eterno del PT) mandaron a los suyos, especialmente a Ricardo Monreal y a Rafael Huerta Ladrón de Guevara a hacer la finta de oposición. Una prolongada sesión de “posicionamientos” y “debate”, a sabiendas de que la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sería votada por la mayoría priísta y panista. Por cierto, los albicelestes no dijeron esta boca es mía durante todo el remedo de diálogo y debate “parlamentario”. En la misma tónica, el pleno aprobó el formato para la sesión de Congreso General en la que rendirá protesta Peña Nieto como presidente de la república, el próximo primero de diciembre.

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