ANÁLISIS A FONDO
Enredo constitucional
Francisco Gómez Maza
¿Derechos o torcidos humanos?
Una cantinflería descantinflada
Ciudad de México.- Tranquilos, que la iniciativa de reforma al artículo primero de la Constitución, apenas reformado en 2011, que dicen que limitaría los derechos humanos, no pasará. El mismo diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo ha aceptado.
El priísta fue quien presentó la iniciativa el pasado día 3 del mes corriente en la Comisión Permanente, pero son variopintas las voces que consideran que el proyecto desconoce “la universalidad” de los derechos humanos y representa un “retroceso interpretativo” respecto de los tratados internacionales, en relación con el “marco jurídico” nacional. Lo bueno es que la constitución no la hacen los legisladores para que se entienda o no se entienda, sino para todo lo contrario.
La verdad es que tanto los políticos, como los legisladores (¿constituyentes permanentes?), como los defensores de los derechos humanos andan hechos bola, en un enredo donde la madeja no puede ser encontrada por ningún punto de la maraña.
Pero sea lo que fuere, Arroyo Vieyra mismo, si pudiera, recularía en su iniciativa de reforma, en manos ya de las comisiones legislativas. Ha confiado a sus colegas legisladores que, ante la avalancha de protestas, críticas, reclamos, las comisiones legislativas encargadas de dictaminar su iniciativa tendrían que oficializar ya el rechazo a la misma porque no es nada bien vista por nadie.
En realidad daría lo mismo, porque a final de cuentas, reformada o no, la llamada Ley Suprema no se cumple, ni siquiera por sus fieles perros guardianes, los señores de la ley avecindados en la suprema corte.
La iniciativa de reforma constitucional presentada por el guanajuatense propone que, “al presentarse contradicciones entre la Constitución Política Mexicana y los Tratados Internacionales firmados por México, deberá prevalecer el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Una perogrullada, un enredo, una cantinflería que todo docto cree entender, aunque nadie sepa qué es primero, si la constitución o los tratados internacionales, o al revés volteado.
El diputado Arroyo Vieyra, con todo, ha dicho que la iniciativa no es un mero capricho personal, sino sugerencia de juzgadores y expertos en justicia, quienes desde un principio le advirtieron que proponer una nueva redacción al artículo primero (hay que suponer que en referencia a la redacción aprobada en 2011) daría lugar a una serie de interpretaciones, así como a varias suspensiones provisionales o definitivas en juicios de amparo, que metería a la justicia en un problema mayor en poco tiempo.
Los opositores a la reforma argumentan que la susodicha “implicaría cambios potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos. Qué galimatías, ¡por dios!
Los diputados perredistas, Lourdes Amaya Reyes, Elena Tapia Fonllem y Víctor Nájera Medina, han advertido que, “de aprobarse estas disposiciones (…) se eliminarían los logros de la reforma constitucional (…) de 2011, al hacer nugatorios el principio ‘pro persona’ y la interpretación ‘conforme’, y limitarían definitivamente el ‘control de convencionalidad’”. Válgame la virgen.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) también manifestó hace unos tres días su preocupación por la iniciativa de Arroyo Vieyra, y solicitó que sea retirada, considerando que "pone en riesgo los avances normativos de protección a los derechos humanos". Con la propuesta del diputado Arroyo Vieyra, al decir de la Cdhdf, “se pondría en duda la supremacía de la constitución por encima de cualquier otro ordenamiento, al colocar tratados internacionales por encima de ésta”. Pero como dijimos ayer, quién está encima de quién, o al revés volteado. En la misma tónica, la ONG Aministía Internacional (AI) y un sinfín de “expertos” han rechazado la propuesta del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Ay, México. Como si fueras un ente existente.
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