HORIZONTE CIUDADANO
A expensas de la ilegalidad
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- Vigilar el cumplimiento estricto de las leyes es una manera mínima de defensa de los intereses ciudadanos, porque los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que las leyes les permiten, no pueden ir más allá de lo establecido por el estado de derecho; no obstante, los mexicanos, y en particular los coahuilenses, constantemente enfrentamos la discrecionalidad en las decisiones de los que se dicen servidores públicos.
En el caso de Saltillo, el presidente municipal se ha distinguido por maniobrar con asuntos que le han permitido obtener recursos financieros de manera ilegal. Veamos.
Ya comentamos en este espacio que Jericó Abramo negoció con la empresa expendedora de tarjetas de prepago del transporte público, el costo de éstas en 15 pesos para los usuarios sin informar qué hará con esos recursos, ¿gestionará acaso algún fideicomiso para los indigentes con los millones del costo de la tarjeta de prepago?
Hay otros casos, por ejemplo, el cobro de un 35 por ciento por saneamiento de aguas residuales que pretendía el ayuntamiento, que finalmente quedó en 15 y el que en su momento generó intenso malestar social en la población y fue impuesto a pesar de que se echó mano de una fórmula arbitraria para calcular los montos correspondientes del pago adicional de un servicio que no llega al usuario como un beneficio.
En ese caso hubo ciudadanos que se ampararon y ganaron, con el argumento de que el municipio les demostrara cuánta del agua saneada ingresaba a su casa, a su tubería, cuánta pasaba por su medidor.
El juez argumentó que, “no pueden cobrarle a un ciudadano por un servicio que no le dan. Y tampoco le pueden cobrar por un servicio que gozan otros, pero no él”. Hubo un ciudadano al que el ayuntamiento tuvo que regresarle su dinero y suspender los cobros por saneamiento.
La fracción parlamentaria del PAN del congreso local presentó en octubre pasado un punto de acuerdo en el que argumentaba la ilegalidad del cobro por saneamiento de aguas residuales basándose en dictámenes de la Suprema Corte, pero fue enviado a la congeladora.
Hasta ahora Jericó Abramo no ha informado sobre el total de ingresos que ha recabado por el saneamiento de las aguas residuales y el destino que se ha dado a esos recursos.
Además, en su gestión municipal Abramo ha violado el artículo 75 de la Ley de Aguas para los municipios de Coahuila, al proponer y conseguir del Cabildo aumentos de 22 y 44 por ciento en las tarifas por consumo de agua y drenaje sin contar con los estudios económicos que avalaran los aumentos.
Igualmente, el Edil autorizó a Agsal para que cobre a los usuarios un seguro de medidores, a pesar de que la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS) le hizo llegar un documento en el que se demostraba que la empresa aumentó –a partir del 1° de diciembre de 2002– las tarifas de agua en un 5 por ciento para cubrir el cambio de medidores. El monto de dinero acumulado es superior a los medidores cambiados hasta la fecha.
Pero no sólo el presidente municipal es experto en imponer medidas ilegales a la ciudadanía, Rubén Moreira pretende presentarse como un jurista de avanzada, sin embargo, esta semana los universitarios de la UAAAN de la UAdeC y la Sección 38 le reclamaron su falta de palabra a los compromisos asumidos ante ellos.
En efecto, los profesores, pensionados y trabajadores en general denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila los agravios de los que son objeto por parte del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y de sus directivos, a quienes acusan de atentar contra sus derechos en materia de salud y seguridad social cobrándoles ilegalmente los medicamentos expedidos por la farmacia, en muchos casos a precios mayores al valor comercial, mencionando además el desabasto crónico de medicamentos.
Denuncian el cobro y pago obligatorio de aportaciones extraordinarias por el seguro médico de protección familiar integral a los asegurados y pensionados; igualmente, revelan también el cobro y pago de porcentajes adicionales del costo de los servicios dentales, de rayos X, de lentes, de hospitalización, de laboratorio, de servicios subrogados y cuota quirúrgica, los que carecen de sustento legal.
Los universitarios y profesores de la Sección 38 acusaron al gobernador Moreira de incumplir su compromiso de atender el problema a la brevedad en beneficio de los trabajadores, pensionados y sus beneficiarios y esperan que la Cedhc actúe con urgencia.
En lo particular dudo absolutamente de que la Cedhc atienda la queja pues es una oficina más del Ejecutivo. No tiene autonomía. En cuanto a Jericó Abramo y Rubén Moreira, tienen un cebo a prueba de cañonazos, claro, si no son de billetes; su compromiso es con ellos mismos y sus intereses.
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