Capital humano por los suelos
Luis Miguel Rionda
Guanajuato.- Quienes nos dedicamos al ámbito de la educación, la investigación y la innovación en México hemos desarrollado el “síndrome del quejoso ingenuo”: ese que cada año cree que, ahora sí, van a ser escuchadas sus demandas de que el estado mexicano amplíe sustancialmente su inversión en infraestructura y recursos educativos.
Cada dos o tres años la OCDE nos vuelve a evaluar negativamente en el terreno formativo, donde ocupamos el cabús de su listado de 34 miembros, codo a codo con Turquía pero lejos de Chile, los países con quienes nos podemos comparar en términos de desarrollo general. La prueba PISA también nos coloca en el inframundo de los países carentes de capital humano, con jóvenes que no saben leer o comprender lo leído, y carentes de habilidades abstractas, que les permitan resolver problemas elementales con el uso adecuado de la aritmética, la lógica y la geometría. Con 8 años de educación promedio, somos un pueblo de trabajadores manuales, imposibilitados para generar innovaciones.
El círculo vicioso de la ignorancia popular y de la ineptitud oficial sólo se puede romper mediante una acción decidida del estado mexicano en dos vías: moralizar y depurar el actual sistema de instrucción pública, y al mismo tiempo invertir o reorientar el gasto hacia proyectos y acciones que tengan un efecto multiplicador en el campo de la calidad educativa. Ahora bien, desde mi punto de vista el sistema de educación básica no requiere una ampliación del actual gasto, sino de una reorientación y moralización que evite los actuales desvíos e ineficacias.
Por su parte, los sistemas de educación media superior y superior sí requieren de un sustancial incremento de la inversión pública y privada, ya que el destino demográfico los alcanzó y millones de jóvenes no están encontrando espacio en el mercado laboral, y tampoco en el aparato educativo. El resultado ya lo padecemos: millones de ninis que vegetan en casa de sus padres, o deambulan sin esperanza hasta caer cautivados por el canto de sirenas del crimen.
La administración federal entrante prometió cambiar esta situación, y hacer caso de las recomendaciones de los organismos internacionales. Otra vez los “quejosos ingenuos” acariciamos la esperanza, y pronto nos cayó el desengaño: la ley de egresos 2013 de la federación contempla incrementos apenas por encima de la inflación para las instituciones de educación superior.
En el caso de mi universidad, la de Guanajuato, se le otorga un incremento del 8.7 por ciento por sobre el año pasado. Un aumento del 4.5 por ciento real. Sin embargo, a ésta como a otras universidades públicas se les está presionando fuertemente para ampliar su matrícula y sus servicios, con índices anuales de incremento de entre el 7 y el 8 por ciento.
Nuestro rector general, Manuel Cabrera, denunció hace unos días el bajo nivel de apoyo que se recibe de la federación, considerando que ésta es la sexta entidad más poblada del país, y una de las que más riqueza genera. Dijo en conferencia de prensa: “El estado de Guanajuato tiene una de las coberturas más bajas del país en educación superior y tiene uno de los mayores porcentajes de jóvenes que no estudian ni trabajan. En estas condiciones, nuestros jóvenes se encuentran en situación de alto riesgo”.
Como profesor, me consta que la institución ejerce una creciente presión sobre su comunidad para cumplir con las metas de calidad y cantidad comprometidas en su plan de desarrollo al 2020. Tanto, que ya comienzan a expresarse las inconformidades, como sucede en estos momentos con la determinación de la rectoría general de incrementar la carga docente a todos los profesores de tiempo completo, a fin de contratar menos profesores de tiempo parcial.
El problema es que se nos demanda no sólo dar clases, sino también ser investigadores de talla nacional, divulgar la ciencia y las artes, gestionar el desarrollo institucional y conseguir recursos externos para financiar nuestras investigaciones y publicaciones. Somos ya una comunidad estresada, sobrecargada de trabajo e hiperfiscalizada por la institución mediante evaluaciones e informes frecuentes.
Las universidades públicas requieren crecer, pero no mediante la sobrecarga de las actuales capacidades institucionales. El estado debe buscar la manera de reforzar y ampliar esas capacidades, de tal forma que el crecimiento sea visto como un reto interesante, y no como una urgencia política que busca darles quehacer a los jóvenes que no logran acomodo en el sector productivo de esta sociedad.
No hay mejor inversión para un país rezagado como el nuestro, que la aplicada en su propia gente. Cruzo los dedos para que nuestros rectores sean escuchados, y que el presidente Peña Nieto se evidencie como estadista, y no como un mal gerente de un país sin esperanza.
Antropólogo social. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
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