HORIZONTE CIUDADANO
Cuentas claras, cuentas mochas
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Saltillo.- La “Semana de la Transparencia” del gobierno del estado apareció como un montaje para ingenuos. Nuevamente el gobierno de Coahuila quiso aparecer como adalid, como héroe de la trasparencia y de la rendición de cuentas, para después quedar en el más absoluto ridículo, en una situación grotesca, de manera que, en el ámbito nacional, este gobierno y sus funcionarios, quedaron en entredicho (duda que pesa sobre el honor o la veracidad) ante la opinión pública.
La “Semana de la Transparencia” del gobierno del estado apareció como un montaje para ingenuos, mediante la cual se confiscó el derecho a saber. Los ciudadanos de Coahuila estamos ante la fachada de la trasparencia en la que no se tiene acceso a toda la información pública, porque los funcionarios –léase del gobernador para abajo– borran lo determinante, sin sofisticación, como construyendo un sistema con exteriores de transparencia e interiores de opacidad, de manera que, finalmente, el derecho a la transparencia es incautado.
Después de 19 meses de desoír la exigencia ciudadana de rendir cuentas sobre el destino de más de 35 mil millones de pesos, por fin el ejecutivo estatal se dignó hacer públicos los documentos de la deuda contraída por la administración pasada. Aunque hay que subrayar que ocultó datos importantes, como las tasas de interés, las normales y las moratorias, con las que los créditos fueron contratados. También se omitieron las fechas de vencimiento, los nombres y las firmas de los funcionarios que suscribieron los créditos.
La rendición de cuentas es mediocre, parece que la intención fue: “ahí les va, para que se callen”, ya que tampoco se informa en qué proyectos de inversión se utilizaron los pasivos. La crisis económica de 2009 se toma como justificante del endeudamiento; no obstante, se soslayan las irregularidades mediante las cuales se realizó la contratación, como la falta de autorización del congreso, el uso de documentos falsos, las violaciones a la Ley de Deuda vigente en ese tiempo, y se omiten también los nombres de los dos funcionarios inhabilitados por 10 años por violar las normas presupuestales.
En todos los contratos fueron eliminados los nombres de los ejecutivos de los bancos que otorgaron los préstamos, y en algunos casos las firmas de los funcionarios del gobierno del estado.
La información hecha pública sobre la megadeuda dista mucho de ser completa y transparente, por eso es loable que la iniciativa privada local exija que se informe con precisión, cómo y en qué se gastó el dinero.
El mes pasado la fracción parlamentaria del PAN en el senado propuso una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con 12 años de cárcel a los funcionarios que incurran en desfalcos, como en el caso de Coahuila. La sanción aplicaría a los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno que reciban o manipulen recursos, presupuesto, partidas y transferencias de carácter federal, estatal o cualquier otra que provenga del erario.
Por su parte, el Congreso de la Unión aprobó en comisiones, diversas medidas para poner bajo la lupa las deudas de estados y municipios. Entre otras, está solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que pida a los bancos un informe detallado sobre las operaciones crediticias de largo y corto plazo que han realizado con gobiernos locales y sus órganos descentralizados.
La senadora Dolores Padierna indicó que en los endeudamientos de las entidades federativas, los bancos han tenido una gran responsabilidad al abrir las líneas de crédito sin establecer límites.
Senadores y diputados acordaron solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe trimestral sobre la deuda de estados y municipios, así como crear una comisión especial dedicada exclusivamente al análisis del sobreendeudamiento de esas instancias, para crear medidas que frenen los excesos.
Por su parte, los bancos (Banorte) sostienen que las deudas de estados y municipios no son algo que les quite el sueño, que ellos seguirán con la colocación de préstamos. Claro, los banqueros saben que los beneficios que obtienen del endeudamiento público están seguros. Un ejemplo es el Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank González, que cobró 932 millones de pesos, el 47 por ciento del monto total de los costos de la reestructura; fue el gran ganador en el caso Coahuila.
Por lo pronto, como era de esperarse, Rubén Moreira salió con las cuentas mochas y protegió a su hermano Humberto. Habrá que exigir al Congreso de la Unión que los planteamientos mencionados los hagan realidad. No es posible seguir tolerando el saqueo y la rapiña impune de los ediles municipales y de los gobiernos estatales.
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