LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Gobiernos locales endeudados
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- El tema del endeudamiento exagerado de los gobiernos estatales y municipales se ha planteado como producto de la irresponsabilidad de los funcionarios. Sin embargo, se ha informado que las entidades con alto endeudamiento no son más de cinco y que a nivel municipal los sobre endeudados tampoco son muchos.
Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dejado claro que el nivel de endeudamiento de estados y municipios no constituye ningún riesgo para la estabilidad financiera del país.
Fuera de la motivación política y partidista que estimula el golpeteo hacia las administraciones públicas locales, sin duda que hay motivos para revisar las facultades y libertades que han permitido que las deudas públicas locales crezcan de manera exponencial de la noche a la mañana.
Como dijo un especialista: lo importante no es el monto en términos absolutos de la deuda sino la relación deuda-capacidad de pago. Si sólo se tratase de montos absolutos habría que ver la del Gobierno del Distrito Federal, pero la capacidad de pago del GDF es muy superior al de las demás entidades federativas.
La historia que habría que recuperar es cómo la Secretaría de Hacienda ha ido aflojando los controles del endeudamiento local e impulsando o estimulando “soluciones financieras creativas”. Hasta hace unos veinte años la supervisión y el control de la Secretaría de Hacienda de las formas de endeudamiento de los gobiernos locales eran estrictos.
Desde 1979, cuando los gobiernos estatales cedieron a la federación la recaudación de la mayor parte de los impuestos que hasta entonces eran locales, las tesorerías estatales han dependido de los recursos que el gobierno federal les transfiere por concepto de “participaciones”.
Las “participaciones” es el reparto que se deriva de la recaudación global que hace el gobierno federal, en el que lo que se distribuye a los estados no va más allá del veinte por ciento. Los criterios para su distribución entre las entidades han ido variando, pero entidades como Nuevo León desde siempre han recibido menos de lo que aportan. Esto se justifica con el argumento de que el Gobierno Federal ejerce una función redistributiva y debe apoyar a los estados con menor fortaleza económica.
En los últimos años la modificación de los criterios para determinar las participaciones se ha traducido en menores niveles para Nuevo león, entre otros estados.
Puesto que el nivel de la recaudación es variable año con año y no siempre a la alza, por mucho tiempo no se permitió (la SHCP no lo autorizaba) que los gobiernos locales comprometieran o utilizaran las participaciones como respaldo para contratar créditos.
Pero algo pasó y se retiró esa limitante –a pesar de que los ingresos petroleros han sido excepcionalmente altos– y se empezaron a utilizar los futuros ingresos de las participaciones como palanca para concertar deuda.
Posteriormente se promovieron nuevos mecanismos de financiamiento, la llamada “bursatilización” de activos; en los que se comprometían los ingresos futuros de fuentes de ingreso locales; se modificó incluso la estructura de la administración pública estatal creando instituciones ad hoc. Un ejemplo de ello fueron las carreteras de cuota.
En fecha más reciente se empezó a promover la figura de proyectos de inversión en asociación “público-privada”; en éstos, el inversionista privado construye edificios e instalaciones para el gobierno y éste se compromete a pagar en forma de renta a largo plazo, después de 30 o más años. Con la deuda cancelada, los activos pasan a formar parte de del patrimonio público. Con este esquema el gobierno de Calderón construyó varios “centros penitenciarios” y en algunos estados de la república se construyeron escuelas, hospitales y edificios para oficinas.
Se presentaron algunos problemas, cuando los gobiernos locales no disponían de plazas o de personal para atender los nuevos establecimientos educativos y hospitalarios. Hace menos de un año que el congreso federal aprobó una ley para regular esta figura.
Si a estas facilidades que les han otorgado a los gobiernos locales se agrega el interés agresivo de los bancos por colocar su dinero. Se ha presentado una situación parecida a la del boom petrolero de los años setenta, cuando con altísimos precios (para esa época) del petróleo todo el mundo le ofrecía crédito a México.
¿Por qué la colocación de crédito en los gobiernos locales? En buena medida porque es muy baja la participación del crédito en proyectos productivos. En los reportes del mes de diciembre pasado se registró que el financiamiento de la banca comercial al sector privado tuvo una desaceleración aún mayor que la registrada en los meses previos. La cartera vigente tuvo su menor expansión en 22 meses.
En el mercado del crédito a individuos, de los diez millones de usuarios activos con tarjetas de crédito que hay en el país –con alrededor de 25 millones de plásticos– el 10 por ciento presenta sobreendeudamiento. Esta situación se debe al incremento en la colocación de crédito vía descuento en nómina: de junio de 2011 a junio de 2012 pasó de 50 mil a 100 mil millones de pesos y la cartera de préstamos personales también rebasó los cien mil millones.
El crédito de nómina se ha venido colocando en personas que ya tenían un producto de crédito, de tal suerte que de repente una sola persona tiene un límite de crédito entre tres tarjetas de 70 mil pesos, un préstamo personal por cien mil pesos y otro de nómina por igual cantidad. En una situación de crisis lo primero que dejará de pagar es la tarjeta, porque el de nómina se lo cobran antes de que pueda decidir si lo paga o no.
Al parecer ha sido la irresponsabilidad del sector financiero la que provoca situaciones de riesgo sistémico; en el 2008 la cartera vencida en tarjetas de crédito alcanzó el nivel histórico de 40 mil millones de pesos y sólo el 20 por ciento de ésta pudo recuperarse. “Hubo instituciones que manejaron niveles superiores al 50 por ciento de cartera vencida, porque otorgaron créditos a personas que no tenían capacidad de pago”.
¿Por qué tan limitada la capacidad de endeudamiento de gobiernos y personas? La penetración del crédito en México, dicen los especialistas, sigue siendo muy baja. En Colombia supera el 7 por ciento del PIB mientras que en los Estados Unidos es de 18. En México apenas se acerca al 4 por ciento.
Así que, como con los gobiernos estatales y municipales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguramente está vigilante de que en los diferentes “mercados de crédito” se observen las reglas de salud financiera y de prudencia. De hecho todo endeudamiento de los gobiernos locales debe pasar por un registro en la SHCP. Aunque como en el caso de Coahuila algunos funcionarios, de hacienda precisamente, resultaron involucrados en manejos equivocados.
