Intereses colectivos
Luis Miguel Rionda

Guanajuato.- Causa inquietud entre los ciudadanos conscientes de esta ciudad el que la autoridad municipal mantiene una actitud ambivalente ante los instrumentos de planeación del desarrollo territorial y urbano del municipio capital del estado. Me refiero al Programa de Ordenamiento Territorial (POT) que fue aprobado en las postrimerías de la anterior administración municipal.

Como recordarán nuestros lectores locales, ese programa fue fruto de un esfuerzo colectivo que coordinó el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM, que dirige la reconocida urbanista Alicia Ziccardi. Los trabajos fueron coordinados por el naciente Instituto Municipal de Planeación, bajo la conducción del arquitecto Ramón González.

Quienes participamos activamente en los trabajos de consulta ciudadana a los que convocaron ambos organismos, pudimos manifestar en su tiempo las observaciones y las críticas que inevitablemente despierta un documento técnico que pretende regir el desarrollo de un centro de población tan complejo como el que se aprieta en la cañada cuevanense, y que se desborda, caótico, hacia un sur al que se le ha arrebatado su vocación agrícola.

La inquietud que me motiva a escribir estas líneas nació poco después de que el 21 de diciembre pasado el ayuntamiento aprobara el cambio de uso de suelo de tres predios rústicos, que antes tenían definida una vocación ecológica. Se trató, según el acta de esa sesión ordinaria, del “Dictamen número CDUOET/02/12-15, en el cual se autorizan tres cambios de usos de suelo: de fomento ecológico (FE) a habitacional de densidad baja (H1), en el predio ubicado en la Carretera Valenciana, kilómetro 3, s/n, en el Cerro los Erizos, solicitado por su propietario. De fomento ecológico (FE) a habitacional de densidad media (H2), del predio ubicado en la Localidad de Marfil de este municipio, denominado Fraccionamiento ‘Presas de Guanajuato’, solicitado por la Asociación de Colonos El Edén A.C. De preservación Agrícola (PA) a Habitacional de densidad alta (H3), del predio ubicado en la Localidad de Santa Teresa de este municipio, conocido como ‘Granja de Los Ángeles’, solicitado por su propietario”.

Con esta autorización –que no suscitó ningún debate en el cuerpo edilicio–, se inicia en la práctica la desactualización y defenestración del POT, que apenas cumple cuatro meses de existencia. Con estas autorizaciones casuísticas, que además llaman la atención por los personajes detrás de las solicitudes –en un caso se trataba del esposo de una de las regidoras del Partido Verde, quien no se excusó en la votación que involucraba el interés de su familia, y en otro un conocido líder de colonos irregulares, que ha hecho modus vivendi de la ocupación de predios y su posterior regularización–, es de esperar que se desate una avalancha de solicitudes de otros propietarios ubicados en esas áreas, que se mantienen en los usos previos.

Si se recuerda, una solicitud semejante desató en 2010 un movimiento ciudadano que desembocó en un plebiscito que puso en evidencia el rechazo popular al crecimiento urbano que sólo busca atender intereses económicos de particulares, y no al bien de la colectividad. Una de las banderas del movimiento fue la emisión del POT, como instrumento legal para poner orden en el crecimiento de la mancha urbana, y que atendiera a los requerimientos de largo plazo de los 170 mil habitantes del municipio. Eso se traduce, en parte, en el cuidado y mantenimiento de las áreas de fomento ecológico como cinturones de amortiguamiento de los efectos medioambientales del crecimiento urbano.

Supe luego del debate entre la directora del PUEC y la regidora responsable de la Comisión de Desarrollo Urbano, quien apuntaba los numerosos errores del POT y lo descalificaba. La doctora Ziccardi defendió el valor de este instrumento, siempre perfectible, y convocó a la población a defenderlo. Creo que le asiste razón a la especialista, quien tiene un amplísimo reconocimiento nacional en este ámbito. Si caemos nuevamente en la excepcionalidad, y renunciamos a la aplicación generalizada de la norma, volveremos a la situación previa cuando la discrecionalidad, el pago de facturas políticas y el privilegio a intereses de particulares, eran los criterios que se imponían por sobre las razones técnicas o normativas.

El actual presidente municipal, el ingeniero Luis Fernando Gutiérrez, ha evidenciado sensibilidad ante los señalamientos de la sociedad sobre la que rige. Yo espero que pueda mantener el balance entre la defensa del interés común, y la atención a las legítimas demandas de los particulares. Pero siempre atendiendo a las normas que nos hemos dado, y en particular a las que han transitado por el tamiz de la participación ciudadana en su elaboración, como lo fue el POT.

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