HORIZONTE CIUDADANO
Vidas robadas
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- Febrero ha sido un mes especialmente prolífico en movilizaciones por parte de las organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de los desaparecidos y por las exigencias de que se investigue con un manejo delicado, impecable y transparente este sensible asunto. Una deuda más del estado mexicano, que solamente podrá saldarse si hay castigo para los responsables.
Esta semana, la Secretaría de Gobernación, a través de Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, informó que tienen registrados 26 mil 121 casos de desapariciones, y de esa cifra 20 mil 915 están relacionadas con averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación. Las 5 mil 206 restantes se encuentran pendientes de validación de datos; esa información está actualizada al 30 de noviembre de 2012.
“Se trata de una base de datos construida a partir de denuncias presentadas sobre personas no localizadas con independencia de las circunstancias que dieron origen a su ausencia”, aclaró la subsecretaria, quien explicó que es un punto de partida para la construcción de un registro nacional mediante el cual se iniciarán los protocolos de búsqueda e identificación.
La Segob admite que las listas de datos que están en poder de diversas organizaciones y dependencias de gobierno serán consideradas para elaborar el registro definitivo y servirán para detonar acciones de la autoridad.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), organización surgida en 2009 en nuestro estado, se ha convertido en la punta de lanza de esta lucha y la que derivó de ella, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUUDEM), con Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), entre otras, son interlocutoras de las instancias del gobierno federal en esta ardua y espinosa controversia.
En estos casos, Coahuila aparece en la cresta de la ola, ya que las autoridades reconocieron mil 835 desapariciones, aunque no han mostrado sustentos de ese número.
En esta entidad, durante más de 3 años FUUNDEC ha trabajado en documentar más de 200 casos de desapariciones forzadas, así como en exigir justicia y acción, ya que la responsabilidad de las desapariciones está dispersa en los múltiples cuerpos de seguridad y, en ocasiones, en conjunción con el crimen organizado. Por eso, las lecciones son muy claras: en la gran mayoría de los casos no hay investigaciones, o éstas son desacertadas, con lo que la responsabilidad se diluye.
En su Segundo Informe, FUUNDEC manifiesta que se han entrevistado con José Gerardo Villarreal Ríos (6-02-13), secretario de Seguridad Pública; con Armando Luna Canales (6-02-13), cuando era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; con Heriberto Fuentes Canales (7-02-13), siendo secretario de Gobierno, y de las pláticas dedujeron que los funcionarios no tenían todavía una información documentada y sistematizada de la que pudieran derivar estrategias de acción viables sobre este drama.
Las negociaciones que se establecieron con el secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero no se cumplieron. Con el ejecutivo local se acordó que se creará un Grupo de Trabajo Autónomo (GAT) y se propusieron al menos 5 acciones, algunas de ellas son: que integrantes del GAT tengan acceso a los expedientes de investigación de los casos de desaparición de personas que esté integrando la instancia competente; que se proporcione la información, a fin de contextualizar las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, sus protocolos para prevenir desapariciones, las acciones por denuncias y los convenios de colaboración con otras instancias públicas del estado mexicano.
Así mismo, se propuso que en conjunto con el gobierno del estado, los poderes Legislativo y Judicial convoquen a la realización de foros a los que concurran expertos nacionales e internacionales con el propósito de elaborar un diagnóstico que coadyuve a que la sociedad comprenda con claridad el fenómeno de las desapariciones de personas.
El informe de FUUNDEC establece que hay al menos tres líneas transversales que sintetizan las acciones de trabajo que proponen a las autoridades: búsqueda, investigación y atención emergente.
Este segundo informe sobre las desapariciones en Coahuila, muestra la experiencia dolorosa que los participantes de FUUNDEC han acopiado. Son ellos, las familias, los protagonistas que han visibilizado esta escalofriante realidad; por eso resulta exasperante la lenidad con la que han actuado las instituciones coahuilenses y federales para hacer frente al problema de las desapariciones forzadas que han robado cientos de miles de vidas de las que deben dar cuenta.
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