ANÁLISIS A FONDO
La cloaca de la docena trágica
Francisco Gómez Maza
Tráfico de influencias en la Segob
Murillo Karam investiga a exfuncionarios
Ciudad de México.- La cloaca de la docena trágica puede estallar en cualquier momento. Sobre todo por el hilo de esa maraña de corrupción y complicidades en el otorgamiento de permisos para negocios de juegos. La palabra maldita: casinos.
Parecía que la administración priista les perdonaría la vida a los colaboradores de Felipe Calderón, que se despacharon con la cuchara grande. Pero ayer la madeja comenzó a ser desenredada.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió una de tantos informes que le envían consuetudinariamente las secretarías de estado. Pero la documentación que llegó ayer lunes a la Oficialía de Partes de San Lázaro no era inocua.
Los papeles llegaban de la Procuraduría General de la República, que encabeza otro fiscal de hierro, el viejo zorro de la política mexicana: Jesús Murillo Karam.
Y la bomba: la PGR empezó a investigar, el mero 31 de enero de este año, la probable existencia de una red de tráfico de influencias, operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación, relacionada con los permisionarios de casinos y casas de apuestas. Cuántos escándalos como aquel del Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 jugadores quemados por las llamas de un incendio provocado.
Sin embargo, no podemos ofrecer detalles de la información dada por el procurador a los diputados. En el documento enviado, la PGR precisa que no es posible abundar, en virtud de que la información pertinente es no sólo confidencial sino reservada.
Hay que recordar que el 16 de enero, legisladores solicitaron a la PGR iniciar investigaciones a fin de esclarecer los hechos sobre la probable red de tráfico de influencias desde la casona de Covián y vinculada con los operadores y permisionarios de casinos y casas de apuesta. La solicitud al fiscal iba firmada por los diputados Ricardo Monreal Ávila (MC), Lilia Aguilar Gil (PT) y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD). El reclamo a la PGR era investigar a fondo.
El escándalo de los casinos autorizados por el panismo involucra a colaboradores de Vicente Fox, como su secretario Santiago Creel Miranda. Y han corrido torrentes de tinta y cascadas de caracteres digitales calificando a un México convertido por obra y gracia de los gobiernos panistas en el reino de los juegos de azahar, que llevan el sello del blanqueo de dinero ilícito.
Desde tiempo inmemorial, los apostadores de las carreras de caballos, en el legendario Hipódromo de Las Américas, asentado allá por las Lomas de Sotelo, al poniente de ciudad de México, llaman a las cajas registradoras donde se compran los boletos de las apuestas, “lavaderos”. Si el dinero ilícito no se lava en los casinos, no tiene ningún sentido su existencia. Eso ocurre acá y en Las Vegas, centro ceremonial del juego y del crimen que está por ser desbancado por los casinos mexicanos.
Es más, como lo registra un extenso reporte, documentado en los archivos del sitio Web sinembargo.mx, las Vegas ya no es el destino obligado para los mexicanos que buscan en los juegos de apuestas dinero fácil, o que simplemente quieren vivir un estallido de adrenalina pura, aunque en el intento pierdan hasta la razón ante la indiferencia de las máximas autoridades.
Ahora, en las principales ciudades de la República Mexicana hay, al menos, 100 mil terminales de juego (máquinas) instaladas en 434 casinos, de un total de 798 autorizados a la fecha por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Es decir, apenas poco más de la mitad de los que implícitamente deberán abrirse porque ya están autorizados, independientemente de las instalaciones “clandestinas” o de las que operan amparadas. Contra lo que pudiera pensarse, el negocio de los casinos está en pleno auge, a pesar de la crisis económica de los últimos años, y como resultado del impulso que les dio Creel Miranda, al expedir en 2005 –en su momento como secretario de gobernación– el reglamento de la obsoleta Ley Federal de Juegos y Sorteos, y al autorizar en ese año un jugoso paquete de permisos a diversos interesados y a la empresa Televisa.
El paraíso jurídico, que es el mercado mexicano de los casinos, puso a inversionistas nacionales y extranjeros a disputarse el territorio nacional. Veremos hasta dónde llega el abogado de la nación.
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