Justicia a los cuatro vientos
Hugo L. del Río
Monterrey.- El político miente: es su naturaleza y su oficio. En la lógica de la política mexicana, la declaración del gobernador de Chihuahua, César Duarte, no podía sorprender a nadie: el asesinato de los dos hijos de los periodistas David Páramo y Martha González Nicholson se debió a que uno de los chico le debía diez mil pesos a un narco.
Duarte no fue lejos por las respuestas: “¿Qué diablos puede importar, lo sabemos por experiencia propia, la explicación que puedan dar las autoridades?”, escribió ayer en Excélsior Jorge Fernández Menéndez, uno de los colegas mejor informados sobre el submundo de la narcoviolencia.
La madrugada del sábado fueron abatidos a balazos en Chihuahua capital los hermanos Diego Alejandro, de 21 años, y Alfredo David, de veinte. Según Duarte, Diego Alejandro estaba involucrado en el tráfico de drogas y un tal Jonathan Lozoya citó a los dos a las cinco de la madrugada. Duarte no puntualiza por qué también fue sacrificado Alfredo David, ya que él sólo criminaliza a Diego Alejandro.
Es tan fácil decir que los asesinatos o ejecuciones son ajustes de cuentas entre los peones de mesnada de los cárteles. Se matan entre ellos, para qué investigar. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis Armando González Placencia, luego de establecer su facultad de opinar al margen de la territorialidad, comenta que “no se puede hacer aquí un planteamiento en el que digamos ‘ah bueno, si se participaba en tal o cual actividad esa vida vale menos’”.
Duarte presume que si en 2010 hubo diez mil asesinatos “dolosos” en la entidad, el año pasado “sólo” fueron ajusticiadas dos mil 500 personas: es decir, el total de homicidios cometidos en un año en Francia, España y el Reino Unido juntos. Y la entidad tiene apenas cuatro millones de habitantes. “El problema es que en este estado la violencia se ha normalizado”, dice Alejandro Hope, especialista en seguridad del Instituto Mexicano para la Competividad. Sólo Guerrero y el Edomex aventajan a Chihuahua en la nómina roja.
Cómo estará la cosa que hasta sus empleados desmienten al gobernador Duarte. El vocero de la Procuraduría estatal, Carlos González Estrada, declaró que “la actividad de los papás forma parte de la investigación”. No somos arúspices, pero está claro que el doble atentado tenía el propósito de herir a los padres de los muchachos.
Los profesionales nunca hemos pedido protección especial. Sólo exigimos justicia, así gritemos en el desierto. Y, en cuanto a la triunfalista afirmación del mandatario chihuahuense de que están bajando los índices de criminalidad, Gustavo de la Rosa, abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, declaró a El País madrileño: “Cuando el gobernador César Duarte opina que la violencia se terminó, son buenos deseos y se lo agradecemos, pero nada más.”
