HORIZONTE CIUDADANO
Participación ciudadana en Coahuila
Rosa Esther Beltrán Enríquez

“No escuchar al que te habla,no sólo es falta de cortesía,
sino también menosprecio”
Honoré Balzac

Saltillo.- En las sociedades democráticas la participación ciudadana es la pareja indispensable de la representación política. Participación ciudadana y representación política se necesitan para dar vida a la democracia. La primera es indispensable para integrar la representación de las sociedades democráticas a través del voto, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de la sociedad civil para estar presente en la toma de decisiones políticas.

En una sociedad democrática, ser ciudadano significa poseer la prerrogativa de participar no sólo en la selección de gobernantes sino, además, ejercer el derecho de influir en sus decisiones; de ahí parten todos los demás criterios para identificar la verdadera participación ciudadana. Parece que hay una percepción generalizada de que la sociedad coahuilense es apática, pasiva, indolente y flemática, porque a pesar de que el poder político le otorga los instrumentos de participación ciudadana, éstos parecieran ser despreciados por la sociedad.

Habría que localizar los filamentos, las fibras microscópicas que determinan este aparente perfil ciudadano. En efecto, Coahuila cuenta con una Ley de Participación Ciudadana que data de 2001, y ésta cuenta con seis figuras: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta popular, la colaboración comunitaria y la audiencia pública, y en esto la entidad fue pionera, por eso resulta extraño que solamente se registre el recurso a la iniciativa popular en cuatro propuestas en más de 10 años (VANGUARDIA 22-05-13). Con ello se minimiza la historia de la insistencia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.

En 1992 se constituyó la Asamblea Ciudadana Coahuilense AC, de la cual formé parte. Por primera vez en la entidad, participamos en la observación electoral de la elección a la gubernatura de 1993 con la asesoría de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que entonces presidía Sergio Aguayo, con el propósito de promover elecciones libres y confiables.
La observación electoral se legalizó después de la elección presidencial de 1994, y ha sido un mecanismo constante para dar legitimidad o no a los resultados electorales por parte de organizaciones civiles independientes, como Alianza Cívica Coahuila y otras, convencidos de que era necesario impulsar la democracia ante la autocracia institucional que prevalece, pero por supuesto que a la autoridad estatal la democracia real no le importa y la desacredita.

Hay que enfatizar que aunque la Ley de Participación Ciudadana establece que el IEPC y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado son las instancias competentes para aplicar esta ley, que es de orden público, de interés social y de observancia obligatoria en todo el régimen interior del Estado; en realidad han incumplido con sus responsabilidades en materia de participación y promoción ciudadana, particularmente el IEPEC, que no ha hecho nada, sólo se apega a las acciones en materia electoral, aunque está obligado a cumplir los artículos 67-h, 93-j-n-o-p y q, mínimamente.

Conviene tener en cuenta que varias organizaciones civiles en Coahuila han recurrido a la figura de la Audiencia Pública para entregar proyectos de reformas. La última fue la del Saltibús, presentada por el Cocipe, Alianza Cívica Coahuila y el Colegio Coahuilense de Ciencias Jurídicas y Forenses, AC. Igualmente, la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS) ha recurrido en numerosas ocasiones a esa figura jurídica. Una muy destacada fue la propuesta alternativa para el Plan de Desarrollo Municipal que, por cierto, el alcalde Jericó Abramo Masso se negó sistemáticamente a recibir, y después recurrió a malabarismos demagógicos, como una consulta pública para legitimar su decisión de excluir la propuesta ciudadana.

Ciertamente la figura de Audiencia Pública ha sido la que más se ha utilizado por las organizaciones civiles independientes. No obstante, durante la administración de Humberto Moreira se utilizó el plebiscito por parte de ese Gobierno para legitimar la construcción de un puente vial en Monclova, al que se oponían algunos empresarios por ver afectados sus intereses; por supuesto que el Gobierno de Moreira ganó.

Como puede detectarse, la lucha de la participación ciudadana se enfrenta al rechazo de las autoridades de todos niveles que, por encima del cumplimiento de la ley, pretenden someter a los ciudadanos a sus intereses coyunturales.
Desde hace más de 20 años la lucha de la sociedad civil coahuilense organizada e independiente ha sido constante, a pesar de que el poder político local pretende hacerla invisible, pero existe y sobrevive.

Es fundamental tener en cuenta que la participación social genera certidumbre y condiciones para la paz, de manera que los gobiernos debieran, mínimamente, respetar las leyes y apegarse a la ética que los ciudadanos exigimos porque, finalmente, la participación es un derecho, un deber y un mecanismo mediante el cual podemos ejercer éstos.