¿Dónde están los desaparecidos?
Lilia Arellano
Cancún.- A partir del inicio del nuevo gobierno, aumentaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos las quejas interpuestas contra la Policía Federal, mientras que las interpuestas contra el Ejército registraron una disminución de 50 por ciento.
De acuerdo con el presidente de ese organismo, Raúl Plascencia, las denuncias contra policías federales son en su mayoría por abusos o casos de extorsión, particularmente en los aeropuertos o puntos de retención. El ombudsman dijo que es importante que los policías cumplan con la función de cuidar y proteger a la sociedad, y que se alejen de los actos de intimidación, extorsión e involucramiento con la delincuencia.
Raúl Plascencia detalló que se observó una disminución de quejas en contra del Ejército en alrededor de 50 por ciento. “Teníamos unas 3 mil quejas en contra del Ejército por año y con la tendencia de los últimos seis meses, andamos alrededor de la mitad, cerca de 500 o 600 en lo que va del primer semestre, lo cual indicaría que a final de año tendríamos la mitad o menos de lo que tenemos”.
La CNDH también destacó que está realizando una evaluación sobre el avance de las desapariciones forzadas: “lamentablemente, no se atendió en su momento de manera adecuada, no se hicieron las averiguaciones previas y eso ha propiciado que prevalezca la impunidad.”
De acuerdo con los registros del organismo, hay 24 mil 800 casos de desaparecidos, y alrededor de 2 mil 443 expedientes donde hay una aparente vinculación de servidores públicos con las desapariciones.
Plascencia dijo que hay una tendencia a la baja en este sexenio.
Sin embargo, esa opinión no la comparte Amnistía Internacional, quien considera que la cantidad de desapariciones de personas sin resolver en México constituye un escándalo, y una crisis de los derechos humanos.
Denuncia también que hay una falla sistemática de la policía y los fiscales para investigar cientos de casos que se han acumulado desde 2006, lo que ha llevado a los parientes a buscar ellos mismos a sus familiares, en ocasiones bajo un riesgo considerable.
Para el gobierno federal, son alrededor de 20 mil personas las que han sido reportadas como desaparecidas desde que se lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga a fines de 2006. Apenas a finales de mayo pasado, el gobierno federal anunció la creación de una unidad especial para buscar a las personas desaparecidas, la cual sólo cuenta con 12 investigadores federales y un grupo de agentes de la policía federal para cubrir todos los casos.
Este tipo de agencias ya han sido implementadas anteriormente en el país y han logrado muy poco, porque han carecido de recursos, personal y autoridad para realmente llevar a cabo su labor.
En estos casos la impunidad ha prevalecido, por lo que la mayoría de los mexicanos se sienten absolutamente indefensos ante los secuestros, asesinatos, y desapariciones perpetrados por el crimen organizado, las Fuerzas Armadas y las diferentes corporaciones policíacas.
Al menos 24 mil cuerpos permanecen en fosas comunes a la espera de una digna sepultura. Por el desorden administrativo sufren una doble desaparición: la primera cuando fueron secuestrados, la segunda cuando los peritos forenses los clasificaron mal, perdieron las pertenencias que llevaban, registraron mal sus datos en la computadora o los mandaron a una fosa común. Muchas veces, ni siquiera anotaron la ubicación final del cadáver.
El caso de los miles de desaparecidos evidencia a un gobierno que es incapaz de garantizar el derecho a la vida; de encontrar a los “ausentes”; características que evidencian a un “Estado fallido.”
