Otro ecocidio en Veracruz
David Carrizales
Monterrey.- En contra de lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Legeepa), y en franca violación de acuerdos internacionales, autoridades federales de la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pretenden autorizar la ampliación del puerto de Veracruz, sin importar los daños que se ocasionarían al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), el sistema arrecifal más importante del Golfo de México.
Esta área natural amenazada, informaron defensores del medio ambiente a través de un correo electrónico, está protegida como Parque Marino Nacional, por decreto del 24 de agosto de 1992 y además fue declarada como sitio Ramsar, el 2 de febrero de 2004. Ramsar es una ciudad de Irán, donde se firmó el dos de febrero de 1971, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.
Y el PNSAV tiene desde 2006 la designación internacional MAB-Unesco como Reserva de la Biósfera, que se otorga a las áreas naturales protegidas que guardan una intrínseca relación con grupos humanos, señalaron los defensores del parque marino nacional.
Explicaron los denunciantes que el 30 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la Semarnat, inició el procedimiento de modificación de la poligonal del parque nacional, establecido por Decreto Presidencial el 24 de agosto de 1992.
El argumento fue que existía alteración y modificación de los ecosistemas existentes, lo que “dificultaba cumplir con el objetivo del establecimiento del área, que es asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad genética de las especies existentes, asegurar el aprovechamiento racional de sus recursos y proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su equilibrio”.
La CONANP propuso desincorporar el arrecife Punta Gorda y la Bahía Vergara del régimen de protección y preservación del Decreto del PNSAV, por considerar que son áreas con procesos de degradación ambiental, cuando justamente lo que requieren es mayor cuidado ambiental para revertir los daños que presentan.
En la consulta pública que abrió la CONANP para recibir opiniones de las personas interesadas en el proceso de modificación del Decreto del PNSAV, hubo alrededor de 70 opiniones sobre todo de científicos nacionales y extranjeros, que se pronunciaron en contra.
Sin embargo, la CONANP en un clara violación a la ley y sin tomar en cuenta las opiniones vertidas, propició que el 29 de noviembre de 2012 (un día antes de que Felipe Calderón terminara su gobierno), se publicara un nuevo decreto dejando fuera de su polígono original la mitad del arrecife Punta Gorda y la totalidad de la Bahía Vergara.
Según los denunciantes, la verdadera razón por la cual el gobierno federal, a través de la CONANP excluyó de la zona de protección los citados arrecifes, no fue su degradación, sino beneficiar a la Administración Portuaria de Veracruz (API-Veracruz) para que pueda realizar su proyecto millonario de ampliar las instalaciones actuales del puerto jarocho.
En contra de la modificación del Decreto del PNSAV y con el objeto de impedir que la API–Veracruz solicitara la autorización de ampliación portuaria a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, 500 miembros de la sociedad civil presentaron el Amparo Colectivo 1242/2012, ante el Juzgado Tercero de Distrito en dicha entidad, el cual se admitió a trámite el 24 de diciembre de 2012.
El juzgado ordenó “suspender” cualquier procedimiento que derivara del decreto modificado en las postrimerías del gobierno de Calderón, como sería un otorgamiento de permisos de construcción en el citado parque arrecifal, hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva.
Sin embargo, la presidencia de la República, encabezada por los abogados del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, impugnó la suspensión concedida por la Juez Tercero de Distrito, al tiempo que la API-Veracruz, ingresó a la DGIRA – Semarnat, la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) de la “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”, justamente la que la CONANP excluyó del Decreto original del PNSAV.
El proyecto comprende, entre otras obras la ampliación de un puerto que incluye la construcción de dos rompeolas con una longitud conjunta de protección de 7 mil 740 metros (rompeolas poniente con una longitud de 4 mil 250 metros, rompeolas oriente con una longitud de 3 mil 495 metros), dársena principal de 800 metros de diámetro, nueve tipos de terminales de muelles y 30 posiciones de atraque para embarcaciones.
La API-Veracruz ingresó la MIA-R a la DGIRA a sabiendas que Semarnat no le iba autorizar el proyecto en tanto estuviera vigente la suspensión. Sin embargo, “casualmente” a tan sólo un mes de que ingresó su solicitud a Semarnat, un Tribunal Colegiado, resolvió dejar sin efectos la suspensión otorgada por la Juez.
Actualmente la DGIRA–Semarnat analiza el proyecto y está en vías de solicitarle opinión a la CONANP. Representantes de la sociedad civil de diversas partes del país solicitaron que el procedimiento se abriera a consulta pública, y se llevará a cabo en el Puerto de Veracruz hoy 23 de octubre, a partir de las 8:00 horas, en el Salón Navío del Casino Naval, donde estarán presentes los promotores del proyecto y los sectores interesados para discutir los impactos que generará.
Colusión de autoridades; funcionarios que son juez y parte en el proyecto
Los quejosos expusieron que hay evidencia documental pública que demuestra que el Director del PNSAV, Tomás Camarena Luhrs fue contratado hace tiempo por la API-Veracruz para realizar algunos proyectos, lo que demuestra un grave conflicto de interés.
La responsabilidad de otorgar la autorización de ampliación portuaria está a cargo de Alfonso Flores, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, quien ha autorizado varios proyectos polémicos como el de Cabo Cortés y deberá resolver este asunto a más tardar el próximo 29 de noviembre y por la complejidad del caso podría ampliar el plazo por 60 días hábiles más a partir de esa fecha.
Los denunciantes consideraron que este caso es mucho más grave que el cambio de categoría del Parque Nacional Nevado de Toluca o el proyecto de Cabo Cortés, pues si queda firme el decreto que modificó el PNSAV, las áreas naturales protegidas de México “quedarán jurídicamente vulnerables para que cualquier persona con intereses económicos pueda modificarlas a su antojo”.
Si se autoriza la ampliación portuaria de Veracruz, se causará la muerte de dos arrecifes Gallega y Galleguilla, contiguos al proyecto, y se afectará lentamente a los demás arrecifes del sistema, ya de por sí deteriorados por el cambio climático.
El PNSAV, es el sistema arrecifal más importante del Golfo de México, está conformado por más de 28 arrecifes de coral y seis islas, y junto con los arrecifes Lobos Tuxpan y el de Los Tuxtlas, es el proveedor de recursos pesqueros para todo el estado de Veracruz, y principal atractivo turístico del estado, siendo el primer lugar de recepción de turismo nacional, incluso por encima del popular Acapulco.
Y desde el punto de vista biológico, es un sistema rico en fauna marina donde predominan casi 40 especies de corales duros y casi 400 especies de peces, además de invertebrados.
Existen algunas especies que solamente se encuentran en este lugar del planeta, como el Elecatinus jarocho, que es uno de los cinco peces endémicos de Veracruz. También alberga especies de tortugas marinas, así como algunos mamíferos marinos como el delfín común o nariz de botella, que están protegidos por las leyes mexicanas.
Como sistema ambiental, el Parque Nacional es altamente vulnerable ante la presión humana. Más de 500 años de impactos ambientales han ocasionado que se convierta en un ambiente altamente sensible, y que está muy próximo a un punto de no retorno que puede ocasionar su desaparición gradual.
