El crimen de Iguala, II
Víctor Orozco

Chihuahua.- Quienes han conocido el crimen de Iguala, aquí o en el extranjero, se formulan preguntas elementales: ¿cómo es que cuarenta y tres personas desaparecen en manos de policías y nadie sabe dar razón de ellas?
¿Cómo es que el gobierno federal, con sus inmensos poderes, legales y fácticos, siga diciendo que no sabe dónde están?

¿Nadie entre los cincuenta presos que participaron en la agresión ha dado ninguna pista? Todo ello es tan asombroso, tan absurdo y fantástico, que se le ocurriría sólo a un literato con sobrada inventiva y propensión a imaginar situaciones inverosímiles o aberraciones, al estilo de Franz Kafka.

En el mundo construido por éste, la burocracia del estado llena un complejo de espacios laberínticos en los cuales nos perdemos los mortales. Nadie le puede dar al protagonista de El Proceso –tal vez la novela cumbre del escritor–, una respuesta razonable sobre las causas por las cuales está sometido a juicio. Recibe puros galimatías como explicación. Los familiares dolientes de los normalistas desaparecidos escuchan al procurador general de la República (ah, cómo han devaluado este insigne sustantivo, los miembros de su clase política), al secretario de gobernación, a los voceros del gobierno de Guerrero, al presidente, proclamar una y otra vez con vehemencia: “llegaremos hasta donde sea para encontrar a los desaparecidos”… pero… no llegan a ninguna parte. Hablan y hablan, en un sinfín de cantinfleadas, que dejan a todo mundo en ascuas y perplejo, ante la capacidad para ocultar la verdad tras eufemismos y expresiones tonantes. Si no fuera por la enormidad de la tragedia provocada por el crimen, parecería que todos estos funcionarios son comediantes de una mala farsa, enredados en equívocos.

Los “posicionamientos” de los partidos, siguen una senda parecida. El campeón en esta palabrería de lunáticos, es desde luego el PRD, organización gobernante en el estado de Guerrero y en el municipio de Iguala. Al tiempo que su dirigencia respaldaba al gobernador omiso e irresponsable, pregonaba: “El Partido de la Revolución Democrática siempre estará defendiendo las mejores causas y combatiendo estos flagelos, todo el respaldo a los gobiernos para combatir a la delincuencia organizada y que nunca más se repitan estos hechos lamentables…”. (Pronunciamiento del dirigente estatal Carlos Reyes Torres.) Otra vez Kafka: “los gobiernos” dispusieron de varias horas durante las cuales hubo balaceras, pudieron registrar a los estudiantes detenidos, las policías del gobernador no acudieron según una explicación igualmente kafkiana: “porque el presidente municipal no contestó el teléfono” y, al partido que tan noble nombre lleva, le parece que su función es ¡respaldar a los gobiernos!  ¿Se muestra entre los perredistas algún interés por la suerte de los desaparecidos? ¿Les mueven algo las marchas, las protestas, las denuncias internacionales, la deshonra de las instituciones mexicanas en los foros mundiales, el dolor de los deudos? Nada, su ser político sólo se agita en la disputa por las canonjías derivadas de los puestos públicos.

¡Y nos faltan los diputados locales! A la exigencia de que el congreso examinara la posibilidad de retirar al gobernador de su cargo para facilitar las investigaciones, los líderes parlamentarios de todos los partidos, respondieron con una petición de ayuda a los enviados por el congreso federal para: ¡Desaparecer la escuela normal rural de Ayotzinapa! Tan lejos como esto llega el divorcio entre los ganadores en la piñata de prebendas y el interés público. Las normales rurales, desde su fundación en la década de los años veinte del siglo pasado, han prestado y prestan un gigantesco beneficio a los pueblos, pero, este es el “pero” de los encumbrados, han sido y son rebeldes, sus jóvenes se han rifado sus vidas en luchas propias o solidarias. Han resistido un embate tras otro, gracias a que sus integrantes se han mantenido organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Me vienen a la cabeza estas reflexiones, cuando hablo con las esmirriadas alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, quienes mal se cubren del aguacero a orillas del puente libre en Ciudad Juárez. Han venido a protestar por la muerte y desaparición de sus compañeros. Son bravas e indomables.

Guerrero está lleno de fosas clandestinas, reveladas a medida que se levanta la tapa a la cloaca descubierta por el presumible asesinato de los estudiantes. Pero, el “estado de derecho”, “el reinado del orden jurídico”, permanecen incólumes. Así lo estima, como casi todos los funcionarios, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Guerrero, la licenciada Lambertina Galeana: “…los tribunales del Estado están operando y cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales en los términos, plazos y condiciones que establece el propio orden jurídico vigente”. Durante mucho tiempo, en los análisis históricos y políticos, se ha recurrido para ilustrar la contradicción entre este orden y la vida real, al famoso parte rendido por aquel general ruso cuyas tropas devastaron la capital polaca y quien sobre sus escombros informaba al Zar: “El orden reina en Varsovia”. Así se antojan hoy las palabras de los altos oficiales mexicanos. Hay que volver a las tramas de Kafka de nuevo, para imaginar situaciones parecidas: ante su detención inexplicable, el protagonista se preguntaba sobre sus captores: “¿De qué hablaban? ¿A qué organismo pertenecían? K vivía en un Estado de Derecho, en todas partes reinaba la paz, todas las leyes permanecían en vigor”.

En el México de hoy, múltiples signos dejan ver un claro antagonismo entre las formas y el fondo. Entre el mundo de las apariencias y el de la realidad. Hay leyes y encargados de aplicarlas, pero subyace una violación sistemática a los principios torales en los cuales se funda el estado. La corrupción, el nepotismo, el patrimonialismo permean el ejercicio del poder. Buena porción de sus detentadores han convertido a la República en un espantajo, en el cual se confunden los negocios privados con las bendiciones de los jerarcas religiosos.
  
En varios momentos históricos, cuando esta contradicción se hizo intolerable y existieron fuerzas sociales para superarla, provocó insurrecciones armadas. Ejemplo notorio fue la revolución de 1910, contra un régimen apoyado en la Constitución y respetuoso puntual de las formas. En la práctica, sin embargo, con sus actos riñendo a cada paso con los propósitos y el espíritu de la ley. Justicia torcida, privilegios extralegales, atropellos, crímenes, todo encubierto bajo el manto de la norma.

¿Cómo superar esta discordia o disconformidad entre ambas esferas? Es obvio que no existen respuestas a la mano. Pero, una sí es diáfana: debe aclararse plenamente el crimen de Iguala, los estudiantes, si están vivos, deben aparecer; y si muertos, igual. Deben castigarse a los autores materiales y a los intelectuales; también a los funcionarios culpables de su negligencia, irresponsabilidad e irrespeto por las leyes y la vida. Algo menos que esto dejará al estado mexicano sin los últimos harapos de credibilidad y legitimidad. A la sociedad, frustrada y ante el colapso moral, en espera de que cualquier día y cada vez con mayor frecuencia, ocurran nuevas atrocidades, sin autoridad alguna para atajarlas.

Iguala se trocará de una nominación con evocaciones patrias, a otra, indicadora de una herida abierta siempre en la conciencia de los mexicanos. ¿Habrá gobierno alguno que pueda dirigir al país en tales condiciones? El de Enrique Peña Nieto, si quiere continuar y acabar con un mínimo de  legitimidad y decoro, tiene que resolver el crimen de Iguala, a cabalidad, sin medias tintas.