Por la creación de la Figura del Ombudsman del Migrante
Jaime Martínez Veloz

Tijuana.- Desde el inicio de la humanidad el hombre ha sido migrante.  Fueron las grandes migraciones las que poblaron todos los continentes.

América fue receptora de migraciones, iniciadas con la conquista por españoles y portugueses; vendrían posteriormente esclavos africanos, y durante el predominio británico, ingleses, escoceses e irlandeses; durante las colonizaciones llegaron también franceses, daneses, suecos, holandeses, alemanes y rusos por Alaska.

En distintos momentos, italianos, chinos, judíos y árabes. En general los migrantes llegaron a nuestro continente buscando refugio por razones religiosas, políticas o buscando fortuna y una nueva forma de vida que les permitiera superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida que tenían en sus lugares de origen.

Actualmente, no hay ningún continente o región que no tenga migrantes. De todos  los países  del planeta salen y en todos entran, en mayor o menor medida, ciudadanos de otros países, sean o no vecinos.

La migración es un fenómeno mundial, que se produce en lo fundamental como resultado directo de las políticas neoliberales a nivel planetario y se encuentra estrechamente vinculada a la globalización de la economía y el comercio, de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la comunicación y en general de todos los procesos sociales, lo cual ha generado nuevas corrientes migratorias que han propiciado una problemática que ha venido a transformar las relaciones diplomáticas y de diversa índole entre los países y las relaciones sociales al interior de las familias de los migrantes.

De acuerdo con cifras presentadas por la División de Población de las Naciones Unidas en su Reporte de Migración Internacional, en 2013 había 231.5 millones de migrantes, de los más de 7 mil millones de personas que habitan el planeta.

Los migrantes, particularmente los más pobres de éstos, constituyen un grupo extremadamente vulnerable, en relación con el cual se han aprobado diversas Convenciones internacionales, que si bien ponen en el papel la voluntad de las naciones para establecer y regular mejores condiciones y trato para quienes arriban a un país distinto al suyo, carecen de mecanismos para una defensa más  efectiva  de  los  derechos  de  los  migrantes,  que  generalmente  son ignorados y no pocas veces violados.

El migrante parte hacia lo desconocido. Salvo que vaya bien documentado, le esperan abusos, incertidumbre, inseguridad, peligros, riesgos contra su integridad personal y contra el poco o mucho patrimonio que lleve consigo.

En el caso de México, nuestra Nación es altamente exportadora de migrantes.

En 2013 México fue el segundo país con mayor número de migrantes en el mundo con 13.2 millones, de los cuales 11.8 millones, es decir el 98.1%, tuvo como destino los Estados Unidos, país para el que los mexicanos son fundamentales.

Nuestro país resiente sensiblemente esta emigración, 21.8% de los migrantes son jóvenes de entre 15 y 29 años y 39.1% es población adulta en edad productiva de entre 30 y 44 años.

En Estados Unidos radica alrededor del 10 por ciento de la población nacional, es decir, una décima parte de mexicanos de origen ha encontrado del otro lado de la frontera su medio de vida.

En los últimos años ha ido cambiando el perfil de los migrantes que además de la escolaridad, se reflejan en la distribución que tienen por sector de actividad económica.

Hoy tenemos un problema aún más grande, porque gente preparada, gente con títulos universitarios, maestrías y doctorados se han ido del país para buscar un mejor futuro.

No todos, sin embargo, habrán de trabajar en lo que estudiaron.

Existen profesionales y doctorados que buscan una oportunidad, aunque no sea en su campo de acción.

Algunos terminan en el sector comercial o de servicios; o como choferes o empleados de tienda, pero ganan más de lo que pudieran recibir en México con todo y sus grados académicos.

Por otra parte, no son pocos los indígenas mexicanos que han emigrado al país vecino impulsados por la miseria y marginalización extrema, por la erosión de sus tierras, por el saqueo de sus recursos y la pobreza de sus cultivos, y la ausencia de empleos y salarios acordes al costo de la vida.

Estamos convencidos de que la migración es un complejo fenómeno histórico y mundial que debe resolverse mediante esquemas de cooperación entre las naciones.

Pero también lo estamos, de que más que estudiar el fenómeno migratorio,  tenemos  la  obligación  moral  de  proteger  y  apoyar  de  manera material e institucional el esfuerzo y la lucha de estos valientes mexicanos y mexicanas que aún a costa de sus propia vida y con todo su dolor a cuestas por dejar su país, su vida y a sus seres queridos, parten en la búsqueda de un modo honesto de vivir y un mejor porvenir para los suyos.

Los esfuerzos, sacrificios, dolor y contribuciones de nuestros migrantes, deben ser correspondidos por las instituciones del Estado Mexicano.

La realidad migratoria reclama que en forma inmediata se lleve a cabo la conjunción de esfuerzos y recursos institucionales, en tal forma que sea posible integrar las acciones del Estado Mexicano para la protección de sus migrantes.

En la Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas hemos revisado el impacto del fenómeno migratorio en los Pueblos Originarios y la sociedad en su conjunto.

La protección a los migrantes está garantizada en la Constitución, misma que específicamente se refiere al caso de los indígenas.

El Artículo 2º Constitucional, en su inciso B, señala que la federación, los estados  y  los  municipios  garantizarán  la  vigencia  de  los  derechos  de  los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, siendo obligatorio,  según  la  fracción  VIII  “Establecer  políticas  sociales   para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.”

Esta garantía consagrada en forma expresa en la Constitución para los indígenas migrantes, debe ser extendida a todos los mexicanos, sin importar su sexo, edad y clase social.

En un marco de igualdad de derechos, los beneficios deben ser para todos. Habría que agregar, que varios estados de la República, ya cuentan con leyes de apoyo y protección a los migrantes y sus familias.

En la Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas hemos trabajado en la elaboración de un anteproyecto de ley para la creación de la figura del Ombudsman del Migrante, que permita atender en forma urgente, la necesaria e inaplazable defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero y los que se desplazan dentro del propio territorio nacional.

Esta iniciativa la enviaremos a la Subsecretaría de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, para que pueda ser valorada junto a todas las instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo así como las dependencias de los Gobiernos de los Estados y las Comisiones Legislativas  de los Congresos Locales, que tengan competencia en este importante tema que involucra a millones de compatriotas.

En este tema hemos venido realizando intercambios de ideas con los Presidentes de las Comisiones de Asuntos Migratorios y Frontera Norte, de la Cámara de Diputados, quienes han mostrado simpatía por el proyecto y plena disposición, para impulsar acciones que permitan el fortalecimiento en la defensa de los derechos de los migrantes.

Si bien la política migratoria no se puede circunscribir a la creación de este organismo, sería un paso trascendente en la creación de mejores condiciones para quienes abandonan la patria en la búsqueda de una vida mejor, que permitiría articular y coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado Mexicano.

Es una realidad que las migraciones, aun cuando sigan siendo estigmatizadas, perseguidas y reprimidas, habrán de continuar mientras existan los motivos que las provocan.

Por ello, es preciso no sólo regularlas, sino contar con un marco jurídico  apropiado  que  respete  y  proteja  los  derechos  y  libertades fundamentales de los migrantes y los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas.

Creemos que una alternativa institucional viable, es la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, perteneciente al Estado Mexicano, unifique la acción de las instituciones que los atienden y tenga como principal objetivo la protección de los migrantes mexicanos.

Dentro de nuestro propio país, los migrantes requieren la asistencia para la defensa de los derechos que les otorgan las leyes mexicanas; por desconocimiento de éstos, llegan a sufrir atropellos y violaciones.

Fuera del territorio, los migrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele sus derechos y aquellos que les conceden las legislaciones de los países donde se encuentran internados.

Si la globalización requiere de una democracia global, entonces los migrantes deben tener voz en la discusión de todo aquello que les afecte. Y sin que se considere una injerencia en asuntos de otro país, deben ser respaldados política e institucionalmente, en ambos lados de la frontera, en la defensa de sus justos derechos.

Más que seguir siendo considerados como objeto de políticas, los migrantes deben ser vistos como sujetos con voz propia que merecen ser escuchados.

Es necesario que nuestros paisanos y sus descendientes avancen políticamente y consoliden una presencia que les permitirá instaurar una institucionalidad más favorable y equitativa al esfuerzo que aportan a las sociedades donde viven.

Creemos en la necesidad de una instancia que constituya una firme defensa de los migrantes; que atienda y canalice sus necesidades específicas; que genere y coordine iniciativas; que proponga un proceso de diálogo político con la sociedad para identificar con mayor precisión la problemática migratoria y aliente experiencias organizativas que contribuyan en la búsqueda de soluciones.

Considerando que la migración es un fenómeno continental, este organismo, podría incluso promover el diseño de una agenda hemisférica sobre el tema migratorio, el desplazamiento interno y el refugio, con la idea de generar propuestas para resolver las problemáticas que son comunes a los países latinoamericanos.

Esta posibilidad de reflexionar en forma colectiva con los pueblos de América, sobre el fenómeno migratorio, nos permitiría establecer una plataforma más amplia y solidaria, desde Tijuana hasta la Patagonia.

Vivimos tiempos, donde viejos y obsoletos paradigmas caen y se renuevan otros que generan esperanzas, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la hermana República de Cuba, anunciada el día de ayer por los mandatarios de ambas naciones, nos permiten atisbar en el horizonte, que el fenómeno migratorio, tendrá nuevas variables y componentes tanto de los países receptores como de los emisores.

Agradezco al Gobierno del Estado, en particular al Presidente Ejecutivo, del Consejo Estatal de Atención al Migrante, mi amigo Carlos Mora, la oportunidad para ventilar estas ideas en favor mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas migrantes dentro y fuera de nuestras fronteras.

Muchas gracias.

* Discurso de Jaime Martínez Veloz, en la celebración del día Internacional del Migrante, realizado el día 18 de Diciembre, en la Ciudad de Tijuana.