El “Chapo fantasma” lo hizo otra vez
Luis A. González Tule
Cuernavaca.- La fuga de Joaquín Guzmán Leora, alias El Chapo Guzmán, pone en evidencia, una vez más, las deficiencias de los sistemas penitenciario y de justicia y la simbiosis entre crimen organizado y Estado.
La construcción de túneles no es una novedad en las operaciones del Cartel de Sinaloa. Lo han hecho en la frontera de México y Estados Unidos para pasar droga a la Unión Americana. De igual forma lo hicieron en Sinaloa para permitir el escape del capo y para guardar armas, droga y dinero del cartel. Y los ha habido bien equipados con sistemas de ventilación, rieles para el tránsito de vagones e iluminación eléctrica.
Para su más reciente fuga, según el comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido, El Chapo fantasma mandó construir nuevamente un túnel, pero esta vez para conectar la prisión de El Altiplano, la de máxima seguridad en el país, con una casa en obra negra a un kilómetro y medio de distancia.
La adquisición de un predio cerca de la prisión y la posterior construcción de la casa que serviría de fachada para el escape del capo sinaloense sólo cabrían en un guión fílmico hollywoodense. Pero la realidad mexicana supera cualquier ficción. Y esta realidad sólo es posible gracias a la complicidad de las autoridades.
Es inverosímil que desde el sistema de monitoreo se haya perdido visibilidad de la celda de El Chapo Guzmán por falta de luz, cuando las propias autoridades penitenciarias han defendido que a los reos en ese penal se les monitorea las 24 horas. Tampoco se entiende por qué tuvieron que pasar 3 horas para dar aviso a las fuerzas armadas de la fuga. Mucho menos queda claro cómo fue posible ampliar una tubería de regadera para que cupiera el capo sin que nadie se diera cuenta.
Más bien la fuga debe verse en términos de poder político y de reacomodo del crimen organizado. Es decir, en términos de la simbiosis Estado-mafia. Desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico a finales de 2006, muchos analistas coinciden en que el cartel de Sinaloa ha sido el menos afectado. Ha habido bajas en cárteles rivales, detenciones –de las cuales ningún capo se ha fugado– y extradiciones a Estados Unidos.
Se tiene conocimiento de las operaciones que lleva a cabo el cártel de Sinaloa. Se estima que la organización criminal encabezada por Guzmán Loera es la más rentable del Continente Americano.
Pero, hasta la fecha, no conocemos una sola investigación de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que pretenda seguir el rastro del dinero que utiliza el cártel para pagar sobornos a policías y políticos, transportar mercancías, crear empresas, construir túneles, comprar armamento y, por si fuera poco, realizar escapes fantásticos. Al gobierno mexicano no parece importarle los recursos financieros que dan sustento a todas las actividades ilícitas.
Tampoco hemos visto que se realicen investigaciones amplias sobre las redes que solapan y protegen a los narcotraficantes. Los pocos políticos detenidos han salido por falta de pruebas o su detención atiende a un ajuste de cuentas, más allá de ser un acto de justicia. Ni se ha prestado atención al listado de más de 200 empresas encargadas de lavar dinero del cartel elaborado por las agencias de inteligencia estadounidenses. Y ni hablar de la captura y enjuiciamiento de altos mandos de las fuerzas armadas o policiacas que brindan seguridad a los delincuentes.
Sin los adecuados controles patrimoniales y de combate a la corrupción, seguramente presenciaremos más escapes fantásticos que capturarán nuestra atención y engrandecerán a un capo de la droga. Por ahora, dado que no parece haber voluntad política para llevar a los tribunales a los cómplices del narcotráfico, combatir la corrupción y seguir el curso del dinero, nos queda ejercer el control más importante según Edgardo Buscaglia, que es el “social” para “monitorear (…) el funcionamiento de las instituciones públicas y trabajar a nivel de base social en rincones del territorio donde el Estado no llega”.
