Registro doloroso
Irma Alma Ochoa Treviño
En memoria de Brenda Damaris, a 4 años de su desaparición
Monterrey.- Cuando empecé a registrar a las mujeres asesinadas con el propósito de que las estadísticas y los datos duros dieran cuenta de los hechos y sensibilizaran –a quienes ponían en tela de juicio las aseveraciones feministas–sobre el grave problema que significa la violencia contra las mujeres y sus enormes consecuencias, no imaginé la magnitud a la que llegaría el problema.
En ese entonces, no pocas mujeres y algunos hombres, con osadía nos decían: También a los hombres los golpean, también a los hombres los matan. Con malicia justificaban su oposición a cualquier propuesta, cuyo objetivo era disminuir los crímenes contra las mujeres. Igual nos respondían cuando pugnábamos por establecer el tipo penal de feminicidio.
Recuerdo a un compañero de la escuela secundaria con el que compartí foro en Cintermex. Esa vez expuse el tema del feminicidio en Nuevo León y la propuesta de tipificar el delito. Sin modestia, él dijo: “yo soy abogado y he sido legislador, yo sé hacer leyes, y no estoy de acuerdo con esa reforma al Código Penal. Ya hay un delito para ese crimen y se llama homicidio”.
La opinión del abogado casi me desalienta. Desde su inmodesta posición de sabelotodo debí haber renunciado a mis propósitos, capitular y guardar mis argumentos. ¿Qué es eso de que una trabajadora social, además feminista, ose sustentar su dicho en derechos humanos y perspectiva de género? A ver, ¿qué es eso?, ¿eh?, ¿qué es eso?
El paso del tiempo nos ha dado la razón. Se han aprobado nuevas leyes para fincar responsabilidades a quienes cometieran violencia y también se tipificó el feminicidio, aunque no le guste a mi compañero abogado, y aunque el tipo penal tenga fallas legislativas y no pueda ser aplicado por el momento. Ya se reformará.
La base de datos ha dado lugar a la solicitud de declaratoria de alerta de género por violencia contra las mujeres, para la cual se creó un grupo de trabajo que está investigando y analizando la situación. A la fecha reporta casi 900 vidas cercenadas. De ellas 189 mujeres y adolescentes sin identificar.
Del bloque del año 2000 al 2009, hay 19 personas del sexo femenino, cuyos cuerpos inertes fueron localizados acuchillados, baleados, calcinados, decapitados o golpeados; tirados en brechas, a la vera de la carretera, entre la maleza, en oscuros parajes, expuestos en la calle, o inhumados, en 37 de los 51 municipios que componen el estado de Nuevo León.
El siguiente bloque representa los años en que se intensificó la violencia y elevó el número de mujeres asesinadas. En 2010 no se identificó a 14 de las mujeres privadas de la vida con violencia. 2011 registró 74. Hubo 46 en 2012, 17 en 2013, y 13 en 2014. En los primeros seis meses del 2015 se han localizado 5 mujeres sin identificar. Sus cuerpos yacían en espacios públicos, arrojados de manera inhumana en la calle, en basureros, en terrenos baldíos...
Son muchas las preguntas en el tintero, aquí algunas: ¿por qué razón no se identifica a las víctimas?, ¿en qué lugar habitan sus familiares?, ¿en dónde las desaparecieron?, ¿son víctimas de la trata de personas?, ¿quiénes son sus redes de apoyo?, ¿quiénes las buscan?, ¿en dónde las buscan?
También es dable saber si: ¿está al corriente la base de datos de personas desaparecidas?, ¿existe un banco de datos genéticos?, ¿hay correspondencia entre las autoridades federativas?, ¿se intercambian datos las procuradurías de justicia de los diferentes países? Si lo hacen, ¿qué logros han tenido?; si no lo hacen, ¿por qué?
No se descarta que algunas de las víctimas no identificadas estén siendo buscadas por sus familias, en otras entidades federativas de la República, o en otros países. De ellas se ignora todo: su nombre, edad, lugar de nacimiento, procedencia, estado civil, ascendientes, descendientes, parientes, domicilio. Solo se sabe que fueron asesinadas con saña.
Cabe decir, una vez más, que la base de datos de mujeres que son privadas de la vida de manera violenta, se inició hace poco más de 15 años. Asumí esta tarea como un deber humano, por solidaridad con mis congéneres, con el propósito de difundir los resultados para incidir en políticas de prevención, en busca de procuración de justicia, y para que no se repitan hechos tan deleznables.
Esta tarea no ha sido fácil ni agradable, sino dolorosa y desgastante. Por eso en 2007, tras la aprobación y publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, supuse que ya no sería necesario continuar registrando los datos de mujeres asesinadas. Puesto que, al aprobarse y echarse a andar el Banco Nacional de Datos sobre Violencia contra las Mujeres, habría quienes hicieran esta chamba. No fue así. El mentado banco no funcionó.
