Cadhac contra reserva de información del gobierno de NL
Monterrey.- La información sobre seguridad no debe ser reservada. Un gobierno democrático debe ser transparente.
Desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) rechazamos el acuerdo publicado esta semana (21 de octubre) en el Periódico Oficial del Estado, en el que Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de Seguridad Publica de Nuevo León, determina la reserva del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública del Estado por un lapso de 7 años, argumentando que es "por causas de interés público" y para proteger "la procuración preventiva de la seguridad a favor de las personas, la estabilidad de las estructuras administrativas y operativas de las Instituciones de Seguridad del Estado".
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en el artículo 27 señala que: "La información sólo podrá ser clasificada como reservada mediante un acuerdo fundado y motivado en el que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público".
Sin embargo, en esa información reservada se incluyen las estadísticas de delitos e infracciones administrativas, la estadística delictiva geográfica, y los procesos de evaluación y sus resultados, pero no se ofrecen elementos objetivos y verificables que indiquen cómo la divulgación de esta información estadística tendría una alta probabilidad de dañar el interés público, o de poner en riesgo la seguridad pública municipal o estatal o el ejercicio o el diseño de los planes, programas, estrategias, operativos y recursos en dichas materias; o cómo podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.
Además no se está tomando en cuenta que, por disposición constitucional, para la clasificación de la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad, en conformidad con el artículo 6, fracción A, numeral I, de la Constitución Federal.
Si bien este acuerdo renueva uno similar de 2008 -aunque en la práctica no se limitó del todo la información- lo cierto es que la renovación de un acuerdo similar implica la posibilidad de ausencia total de transparencia en las instancias estatales encargadas de la seguridad pública. Además, contradice totalmente al discurso permanente en la campaña del recién electo gobernador, Jaime Rodríguez, en donde prometía un gobierno de total transparencia.
En efecto, los artículos 6º constitucional y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar y recibir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho al acceso a la información tiene una dimensión colectiva, la cual tiende a revelar el empleo instrumental de la información como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales de un gobierno abierto que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración.
En ese sentido, resulta sumamente preocupante la reserva de esta información sin ofrecer argumentos objetivos y verificables, toda vez que restringir el acceso a la información que, de entrada deviera ser pública, atenta en contra de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
A pesar de todo lo anterior, la única justificación que existe por parte del Secretario de Seguridad Pública para reservar la información es que, en virtud de que la divulgación del contenido del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública, pone en riesgo la eficacia y seguridad de las actividades en materia de persecución de delitos y de impartición de justicia, debe reservarse por un periodo de siete años a partir de su publicación.
Consideramos que esto es un franco retroceso en la consecución de un Estado de Derecho, pues constituye arbitrio por parte de la autoridad, que imposibilita cualquier cuestionamiento a la actuación de las autoridades de seguridad pública.
Hacemos un llamado al gobierno de Jaime Rodríguez y al Secretario de Seguridad Pública para que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, y garantice la publicidad y el acceso a la información relativa a la seguridad publica.
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