La privatización del conocimiento
Daniel Salazar M.
Monterrey.- El nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), actualmente en curso de ser sometido a las legislaturas de los 12 países que lo conforman, ha reactivado la añeja pretensión por ejercer el control absoluto del internet.
La iniciativa, se propone limitar y castigar mediante tribunales internacionales, la libertad de expresión en las redes, teniendo como pretexto “la protección de los derechos de autor…”.
La primera vez que se ventiló este propósito, fue en Diciembre de 2011 cuando en Estados Unidos se promovieron los proyectos de ley llamados Stop Online Piracy Act (Sopa) y Protect Ip Act (Pipa). Su equivalente se llama ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación), mientras que en Europa existe ya una ley paralela que entró en vigor desde el 2012 -la Ley Sinde- aprobada por el Senado español; Francia cuenta también con una iniciativa similar. Todas ellas son consideradas “tentativas de protección intelectual”, porque están encaminadas -según dicen- a detener la piratería en líneas de contenidos y para castigar a los sitios web que faciliten, permitan o acepten violaciones de la ley copyright. Lo cierto es que amenazan y causan graves daños a la Internet libre.
Con estas medidas es de esperarse que en el mundo se desplieguen nuevas reacciones contra los proyectos de ley. Ya en el 2012, en Europa y América, estallaron protestas de todo tipo cuando se quiso silenciar la libre información. Los mismos gigantes del internet, Facebook, Mozilla, Yahoo, Google, Twitter, Reddit, Firefox y un sinnúmero de empresas más, se manifestaron abiertamente en contra y millones de sitios en la web se entrelazaron en esa misma línea opositora. Barack Obama desde La Casa Blanca y con ganas de reelegirse, manifestó estar en contra de las iniciativas, aunque hoy, torcidamente, las está relanzando a través del ATP (véase El Acuerdo Transpacífico).
El tratado ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), es otro componente internacional privatizador que establece compromisos con la producción intelectual entre las naciones miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El ADPIC, lejos de mantener los derechos intelectuales bajo reserva de su creador, ha permitido que sean los “titulares” o “patronos del conocimiento” los nuevos propietarios. De esa forma, el acuerdo obliga a los genios del conocimiento, a vender sus productos a compañías trasnacionales de EEUU, Inglaterra y Francia principalmente. Así, desde el Convenio de Berna hasta la versión ADPIC -más lo que pueda suceder con las demás leyes en curso- los derechos de autor y toda la producción intelectual, se han venido privatizando. El capitalismo neoliberal lo mercantiliza todo; dice estar en “su derecho” de privatizar no solo los conocimientos existentes, sino aún aquellos que están por producirse.
Por esta ruta se camina tras la enajenación plena de la capacidad humana. Se está mercantilizando desde el conocimiento milenario indígena sobre la biodiversidad y sus servicios, hasta los resultados últimos del trabajo genial de los creadores del software. Y lo mismo se ha hecho con la música, el arte y sus obras, los monumentos históricos, el lenguaje… etcétera.
Imagine entonces un mundo sin conocimiento libre. La censura en internet sería algo así como la pantalla negra con la que Wikipedia la ilustró en enero del 2012: muda, apagada, cerrada, sin libertad de pensamiento, sin libertad de expresión. Bajo el peso de estas leyes, sería suspendido indefinidamente todo aquel usuario que publicase una fotografía tuya; se emitirían órdenes judiciales contra sitios que promoviesen o facilitasen el “robo de material”; las autoridades estadounidenses podrían congelar sitios web o evitar la entrada a estos espacios; las penas se establecerían de 6 meses a 5 años por distribuir contenidos sin permisos del autor… etc. Y bueno, con la ley PIPA, se podrá hasta identificar a los “vándalos que trafican con contenidos”.
En muchas otras partes del mundo se están desarrollando legislaciones que buscan regular la Internet, lesionando los derechos en línea de usuario cuando éstos debieran ser plenamente libres y abiertos para todos y en todas partes. A juicio nuestro, los conocimientos técnico-científicos y demás conquistas del quehacer humano, no debieran ser propiedad privada ni mercancía; todo lo contrario, el siglo XXI debiera reconocerlos como productos histórico-sociales de la actividad del hombre y, en consecuencia, pertenecer al colectivo humano para el pleno disfrute de sus beneficios.
Es necesario tener claro que en la lucha contra las iniciativas y leyes que privatizan la obra intelectual del hombre, no debemos confundirnos -ni mucho menos fundirnos- con los gigantes electrónicos que alguna vez hicieron pública su oposición a las iniciativas de marras. No olvidemos que ellos también están por la privatización del conocimiento y que solo tuvieron diferencias con las primeras iniciativas de ley debido al momento político en que se pretendió aprobarlas. La Casa Blanca como los gigantes electrónicos, se opusieron a la promulgación de las multicitadas leyes en respuesta a la presión pública mostrada. Fueron los cibernautas y su oposición firme de usuarios, quienes lograron congelarlas desde el 2012.
Pero las iniciativas están de regreso. Los usuarios de la red deberemos estar listos para rechazarlas nuevamente.
angel20rojo@hotmail.com
