Represión y resistencia social en Puebla
(42 aniversario de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre)
Jaime Castillo

Para Simitrio, ejemplo recurrente de exclusión social y política,
violatoria de los derechos humanos.

Puebla.- Este texto cuestiona el origen de la represión y la resistencia social en Puebla, considerando que no se trata sólo de un problema local sino de la combinación de, por lo menos, tres cuestiones.

A saber: la primera, vinculada a los efectos del acrecentamiento de la aplicación de las políticas económicas neoliberales de alcance nacional; la segunda, ligada al uso discrecional de las políticas públicas de contenido neoliberal, con fines político electorales, para impulsar la candidatura del gobernador en turno a la presidencia de la República; la tercera refiere a la tradicional relación entre la administración pública y los negocios generados alrededor de las privatización de los servicios, la rentabilidad electoral de la construcción de la obra pública y el jugoso negocio que representa su financiamiento.

Estas  tres cuestiones están en el origen de la resistencia social poblana que enfrenta, desde los años ochenta, a gobiernos federales y estatales atrincherados en prácticas políticas, jurídicas y legislativas, de contención social, perversa y autoritariamente planeada. Siendo sus rasgos característicos: la falta de legitimidad de los proyectos gubernamentales; la sistemática violación del marco constitucional, al subsumir (substituir o anular), desde el poder ejecutivo, a los poderes legislativo y judicial; y la utilización reiterada de la provocación contra la resistencia social mediante la cual se da paso a contener, en el marco judicial, problemas de orden social y político, violando los derechos constitucionales y los derechos humanos de los opositores al gobierno. Veamos de manera resumida.

1) La resistencia social contra las políticas neoliberales
La aplicación de las políticas neoliberales privatizadoras, tanto en la prestación de los servicios públicos, como en la explotación de los recursos naturales, es producto de acuerdos globales para facilitar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y la mayor apertura comercial para las empresas transnacionales; condicionada a cambio de préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial.

En consecuencia, se dio lugar a diversas reformas constitucionales. Me refiero a la reforma de 1983 (Artículos 25, 27 y 28) por la que se elimina la exclusividad del Estado, y a la Ley Minera de 1992, que permitió a empresas extranjeras y al sector privado inversiones en actividades de exploración y explotación minera. Referente al petróleo, se dio la creación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en 1992, y luego la desincorporación de ductos de Pemex Gas en 1995, y la Ley de Inversión Extranjera que incrementó los montos de inversión permitidos, desde 1996. Aunado a esto, la Ley de Petróleos Mexicanos de 2008, permitió contratos para adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como para las obras y servicios de Pemex. El último golpe, con el retorno del pri, a la Presidencia de la república, fue la Reforma Energética de 2013-2014, que mediante un acuerdo con los dirigentes de las franquicias partidarias (pri, pan y prd) permitió la inversión a empresas privadas en las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, petróleo, gas y sus derivados. Por otro lado, con la desincorporación de la red de ductos de Pemex (Sistema Nacional de Gasoductos), se atrajo una creciente participación de inversión privada para la instalación de gasoductos, que llevó a triplicar su longitud al pasar de 12,582 km en 1993 a 38,308 km en el año 2013.

Los efectos de éstas reformas son devastadores para el patrimonio nacional y de nefastas consecuencias para los mexicanos:

Tan sólo durante el gobierno panista de Felipe Calderón fue concesionada la mayor superficie del territorio nacional a proyectos mineros privados, pues representó el 18.22% del territorio nacional  (35.8 millones de has). La producción minera, pasó de 45.2 miles de millones de pesos (mmp), en 2002, a 291 mmp en 2012. En Puebla, la explotación minera pasó de 273 concesiones en 2009 (en el 6.5% del territorio estatal) a 427 en 2014 (en el 8.7 % del territorio poblano); cuatro grupos empresariales concentran dichas concesiones: Grupo Ferrominero tiene el 53%, Minera frisco, 34%; Industrias Peñoles 12% y el 1% para Materiales Industrializados (minsa).

En cuanto a proyectos hidroeléctricos, tan sólo el año pasado, fue promovida la realización de 10 proyectos en Puebla, y pese a que sólo uno ya está en operaciones (Atexcaco, con superficie de 6.7has) y dos en construcción (San Antonio, 18.72 has y Puebla 1, con 17.51has) aún quedan los otros siete proyectos pendientes que por el momento no fueron autorizados por la semarnat (los proyectos Piloto 1, Gaya y Xochimilpa, que representarían afectaciones en 78.96 has; y los proyectos Boca, Ana, Diego y Conde que afectarían 118.55 has).

La resistencia social contra las concesiones mineras e hidroeléctricas, con toda pertinencia caracterizan a éstas como Proyectos de Muerte, por sus efectos devastadores en el medio ambiente y el despojo del agua y la tierra. Hay resistencia social en Tetela de Ocampo contra Grupo Frisco, de Carlos Slim; en Zautla contra el Proyecto La Lupe, de la empresa china jdc Minerales sa; en San Miguel Tuligtic, Ixtacamaxtitlan, contra Almaden Minerals; en Tlatlauquitepec por el Proyecto El Aretón de la minera Autlán, que junto con Australian Minerals Group, pretende explotar el área de la Sierra del Tenzo, en Huehuetlán El Grande, declarada Área Natural Protegida. También hay resistencia social en contra de los proyectos hidroélectricos, que vienen acompañando a la instalación de mineras. Para el año 2013, en el estado de Puebla habían sido otorgadas 90 concesiones mineras en 31 municipios y hubo manifestaciones de rechazo en contra de proyectos hidroélectricos, en Ahuacatlán, Cuetzalan, Huitzilan de Serdán, Nauzontla, Olintla, Tochtepec, Tulcingo del Valle, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zoquiapan. Destaca, la oposición al Proyecto hidroeléctrico de Cuamono que se instalaría en el río Apulco (en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco) por el asesinato de Antonio Esteban Cruz, dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (miocup), y férreo opositor al proyecto.

En lo referente a la extracción de hidrocarburos, destacamos el Proyecto Aceite Terciario del Golfo, en la zona petrolera del Paleocanal de Chicontepec que inició desde el año 2008, y que, tan sólo en 2013, registró la perforación de 146 pozos. Allí realizan actividades Pemex, las empresas estadounidenses Halliburton, Weatherford & Baker Hughes, Shlumberger y la italiana Tecpetrol. Destacan también, los proyectos de extracción de gas shale, mediante la técnica de fractura hidráulica (conocida como fracking), que hasta el año 2014, provocó la perforación de 233 pozos en la entidad. En esta región, los pobladores en resistencia a la perforación de pozos mediante el fracking, de los municipios Venustiano Carranza, Pantepec y Francisco Z. Mena, han denunciado que los trabajos de Pemex y empresas concesionarias de la zona están provocado severos daños ecológicos y a la infraestructura pública (principalmente vialidades), además del incumplimiento de construcción de la obra prometida a cambio de permitir los trabajos de extracción y circulación en la zona.

En cuanto a los gasoductos, en Puebla se encuentran operando tres (Poza Rica-Azcapotzalco, Zempoala-Santa Ana y el Complejo Petroquímico Independencia) y hay otros tres en proceso de construcción (el Proyecto Integral Morelos, el Gasoducto Tuxpan-Atotonilco, y el gasoducto que transportará combustible a la armadora automotriz Audi). Recientemente, en 2015, la cfe dio a conocer un proyecto más, el Gasoducto Tuxpan-Tula, que transportará gas natural proveniente de Estados Unidos. De los mencionados proyectos, son el Gasoducto Integral Morelos y el Tuxpan-Atotonilco los que han provocado mayor resistencia social por representar un peligro para los habitantes de las localidades por donde atravesará: el primero, tiene paso por 15 municipios poblanos, ubicados en zonas consideradas oficialmente de alto riesgo por su colindancia con el Volcán Popocatepetl; no obstante, la protesta social provocó el encarcelamiento de sus dirigentes. El segundo, en su paso por el municipio de Huachinango, despertó la resistencia social porque se instalará a tan sólo 172 metros de la localidad de Cuacuila.

2) El gobierno como trampolín de las aspiraciones políticas de los gobernadores
La relación entre las promesas electorales y las acciones de gobierno suele ser fuente incontenible de conflictos cuando se convierte en trampolín de las aspiraciones políticas de los gobernadores. Es el caso de la construcción de imaginarios neoliberales de modernidad, eficacia, mano dura y autoritarismo mediante proyectos que pretenden ser usados como ejemplo de prácticas de gobierno por parte de aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República (como ya sucedió con el actual Presidente epn). Esta práctica no es una novedad. En Puebla, quién podría olvidar el despojo y la represión ocasionada por el impopular Proyecto Angelópolis que originó la resistencia social de poco más de una quincena de organizaciones opositoras, contra las intenciones de otro frustrado gobernador aspirante a Presidente.

Actualmente, encontramos la resistencia social de alrededor de 27 organizaciones. Organizaciones radicalmente opuestas a la compulsiva obsesión y dilapidación de recursos para imponer, entre otras cuestiones: el turismo como actividad preponderante; superar mediante su privatización el añejo rezago de la infraestructura y los servicios públicos urbanos (a costa del endeudamiento contraído con el llamado Pago Por Servicios). Es innegable que la motivación de esto, es la intención política y la misma práctica de gobierno autoritario y de mano dura para figurar, a costa de lo que sea, entre los contendientes a la presidencia, para las elecciones de 2018.
Para la consecución de dichas actividades se aseguró y utilizó el mayoriteo legislativo para dar sustento “legal” a las aspiraciones del gobernador. Destacan, por ejemplo:

1. las reformas realizadas al Código Penal del Estado de Puebla, en 2011 por las que se lleva a la criminalización de la protesta, apoyada en los cambios federales al Artículo 16 constitucional, que define como delincuencia organizada a las organizaciones e individuos que de manera permanente o reiterada cometan delitos que atenten contra la seguridad de la nación, pudiendo ser sujetos de arraigo sin aval de la autoridad judicial;
2. con sentido hacia la privatización, destaca la Ley del Agua para el Estado de Puebla, promulgada en 2012;
3. para garantizar el sometimiento de la institución municipal, se reformó a la Ley Orgánica municipal en 2013, que elimina las facultades económicas y administrativas y el control del registro civil y la seguridad pública a las 611 Juntas Auxiliares Municipales de la entidad;
4. para contener el descontento social y permitir el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado, con la llamada Ley Bala, del 2014;
5. y para permitir al gobierno hacerse de los predios necesarios para sus proyectos de manera inmediata, sin que medie audiencia de los afectados, la Ley de Expropiaciones, en 2014.

Aunado a esto, mediante el Plan de Desarrollo Estatal, se emprenden controvertidos proyectos turísticos, tales como el parque de las Siete Culturas, que se desarrollaría en inmediaciones de la Zona arqueológica de Cholula (con áreas deportivas, juegos mecánicos, un lago artificial, estacionamiento y un hotel), el tren turístico Puebla-Cholula, el Teleférico en la zona histórica de Puebla o la Estrella de Puebla.

Proyectos que representan la dilapidación de los recursos públicos y la destrucción del patrimonio histórico y arquitectónico, origen de la resistencia social que en algunos casos ha impuesto límites a la ignorancia, ilegalidad y autoritarismo, no sin consecuencias represivas, amenazas y encarcelamientos.

También como parte del plan fue incluida la modernización del Parque Ecológico Revolución Mexicana, que fue concesionado a empresas privadas y dejó ampliamente conocida la arbitrariedad e impunidad contra el encargado del aviario, quien es multado y perseguido por oponerse no sólo a la concesión de éste espacio sino a su posterior destrucción y desaparición, un destino, por cierto, que avizora también el parque Flor del Bosque.  

Los imaginarios de modernidad neoliberal, impuestos en la idea de que enaltecerán la imagen del aspirante a candidato presidencial, dan lugar a otro tipo de acciones de gobierno cuyo propósito está ligado al reacomodo de la práctica clientelar o corporativa y a la relación entre el poder público y los negocios. Aquí encontramos cuestiones relacionadas con la modernización del transporte, el comercio informal y la construcción de la vialidad urbana e interurbana.

Se constituyeron en motivo de confrontación y conflicto, el retiro de concesiones de verificentros a empresarios locales, sin que mediara audiencia de los afectados, fueron sustituidos por empresas con antecedentes de corrupción. Igualmente, la introducción de un sistema integrado de transporte masivo, denominado Red de Urbana de Transporte Articulado (ruta), desapareció 41 rutas de transporte tradicional para incorporar una nueva camada de relaciones clientelares y de negocios. De manera similar, la prohibición de la circulación de mototaxistas, sustituyó el clientelismo de pasadas administraciones gubernamentales alegando que no cuentan con medidas de seguridad. Dos cuestiones más requieren nuestra atención: El nuevo Libramiento Poniente, proyecto del año 2012 que, por sus efectos expropiatorios, de acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental de diciembre de 2013, afectará una superficie de 244.53 hectáreas e incrementará la lucha por la defensa de la tierra. Y, por otro lado, debido a la importancia social, política y programática que ha tenido la upva 28 de Octubre en el comercio informal y los mercados municipales (actividad que representa más del 75% del empleo en el sector comercial) es motivo de represión y múltiples provocaciones debido al interés por obtener el control clientelar y corporativo del comercio informal. Por tanto, la represión sufrida está más vinculada a una toma de posición gubernamental al lado del gran capital comercial y a la imposición de un control clientelar, que al supuesto reordenamiento comercial. Como en otros gobiernos, con saña inaudita e ilegalidad constitucional inaceptable se encarcela y persigue a sus dirigentes al ser vistos como un obstáculo social y político que debe ser exterminado.

En suma, al igual que en ámbito federal, en el estatal, destacan el conjunto de leyes y reglamentaciones en que se apoyan prácticas de gobierno represivas y autoritarias, de gran opacidad e ilegalidad, cuyo interés no sólo es impulsar políticas neoliberales (donde se impone el interés privado al público y donde rige la ley del mercado) sino, sobre todo, posicionar al gobernador en sus aspiraciones político electorales para alcanzar la Presidencia de la República.

3) Los saldos de la represión en Puebla
La resistencia social por la defensa de la tierra, el agua, el medio ambiente, el derecho al trabajo, a la consulta a los pueblos y contra la destrucción el patrimonio histórico, ha dejado un saldo de hostigamiento, persecuciones, asesinatos y encarcelamientos. Desde el inicio del actual gobierno estatal, hasta el 29 de septiembre de 2015, contamos a 241 personas afectadas por su oposición a la aplicación de las políticas neoliberales dictadas en ámbitos federales o estatales.

A pesar de que el gobierno poblano declara que no existen personas perseguidas por sus ideas políticas o ideológicas, la realidad es que, actualmente contamos a 18 personas que están presas por oponerse a programas y disposiciones del ámbito estatal: a 2 relacionadas con la construcción del Parque de las Siete Culturas en Cholula, 2 por movilizaciones contra el sistema de transporte ruta, en su línea 2; a cinco por el retiro de la administración del registro civil de las juntas auxiliares, 4 por el retiro de los mototaxis, una por control sindical y a 3, pertenecientes a la upva 28 de octubre, por activismo. Además de los mencionados, podemos dar cuenta de 119 procesados, ocho con libertad bajo caución, doce personas con órdenes de aprehensión (algunas con más de dos o tres) y dos en libertad, tras demostrar la falsedad de los cargos (con el apoyo de Amnistía Internacional), Enedina Rosas y Juan Carlos Flores ambos, opositores a la instalación del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos, proyecto del ámbito federal, en Atlixco y San Pedro Cholula. De nuestra base de datos (que aún se encuentra en construcción) de presos de conciencia, reprimidos y/o perseguidos por su rechazo a la aplicación de políticas gubernamentales suman 205 personas, que de acuerdo al ámbito del que proviene el asunto o conflicto son: 125, estatal, 68 federal y 12 municipal.

Los detenidos denuncian violaciones a sus derechos legales, en 22 arrestos domiciliarios con violencia y el cateo de las viviendas; 35 arrestos al desalojar plantones, 77 durante la disolución de la protesta, 2 al término de marcha de protesta (o durante ésta, lo cual indica que estaban plenamente identificados), 8 mediante engaños como el de Simitrio y los alcaldes de Canoa y La Resurrección a quienes pidieron salir para atender asuntos relacionados con sus demandas y solamente 3 por oponerse a operativo de decomiso de mototaxis. Aún no se puede precisar el status legal de las personas sobre las que pesan órdenes de aprehensión, pero el corte nos arroja una persona asesinada, por oposición a Proyecto Hidroeléctrico Cuamono-Cuetzalan; siete estudiantes liberados con reservas de ley, por acusaciones de colocación de bombas molotov; dos opositores a la instalación del Gasoducto Morelos liberados un año después de su detención, un activista fallecido en prisión, uno con orden de aprehensión en su contra, 18 continúan en prisión y 119 procesados.

El llamativo aumento de detenciones a opositores a proyectos, destaca no sólo por su número, sino porque parece seguir la línea descrita desde 2012, por Amnistía Internacional cuando señaló que “Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas”, lo que no demuestra cambio alguno en los tres años de gestión priista, porque las situaciones descritas entonces y ahora, coinciden con las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) emitió este año como conclusión de su visita a México: “la grave crisis de derechos humanos (…) está caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad”.

Conclusiones: una resistencia social que no logra convertirse en movimiento social
La represión en Puebla no es un asunto local, sino nacional y hasta global. A lo largo del texto me he referido a la resistencia social y no a movimiento sociales, toda vez que, históricamente, los frentes de lucha poblanos han sido resultado de la suma de resistencias coyunturales y no de organizaciones articuladas alrededor de un propósito programático contra el sistema. La resistencia social tiende a un localismo que impide ver las causas estructurales de la represión y lleva a recordar a Jorge Ibargüengoitia, en su obra Maten al león, en la que parodia el magnicidio del dictador como recurso de lucha al considerarlo único responsable de la opresión.

Los modos de acción de la resistencia social, salvo contados casos, son caducos y en total desventaja frente al inconstitucional sustento jurídico del Estado, al cual no se le ha combatido, como tampoco a las ilegales formas de contención del descontento popular realizado por el gobierno. Incluso en las organizaciones con más tradición y experiencia de lucha se repiten una y otra vez las misma formas de movilización social. Cuestión que contrasta con la combinación de viejas y nuevas y sofisticadas prácticas de la policía política gubernamental, como la ilegal intervención de las comunicaciones, el uso de drones y el uso de software, todo pagado con recursos públicos que al no denunciarse formalmente, contribuyen a incrementar la impunidad con la cual se procede.

El conjunto de organizaciones que ha logrado conjuntar la resistencia social contra las acciones de gobierno requiere vincular y reinventar la lucha jurídica, la lucha mediática, la participación coordinada y la movilización que logre la interlocución en tanto movimiento social contra la  violaciones a los derechos constitucionales (tales como el derecho de libre manifestación de las ideas, el derecho de petición, al derecho al trabajo y los derechos humanos).

¡A globalizar la protesta e incrementar los modos de acción de la lucha!
¡Libertad a los presos políticos, liberación inmediata a Simitrio!
¡Viva la UPVA 28 de Octubre!