Engranaje anticorrupción
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Combatir la corrupción no sólo es meter a la cárcel a quienes se roban el dinero del pueblo, sino también a aquellos que prometen y no cumplen.
Por ello, vaya nuestro público reconocimiento a la iniciativa de Patricio 'Pato' Zambrano, ex candidato a la Alcaldía de Monterrey, para tipificar como delito de los servidores públicos de elección popular sus promesas de campaña que no cumplan durante el ejercicio de su función.
Es una iniciativa que vendría a fortalecer y perfeccionar el sistema de justicia, así como a cerrar el círculo virtuoso de combate a la corrupción, que requiere urgentemente una solución de fondo. Sólo con la Ley se podrá erradicar el cáncer que ha venido vulnerado la credibilidad, debilitado la gobernabilidad y deteriorando la estabilidad política, pues hoy vemos hoy sólo combate a casos aislados, que parecen más a ajustes de cuentas.
Por eso, esperamos que se ponga en marcha el siguiente engranaje:
1.- Un Tribunal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional independiente con autonomía funcional y presupuestal, con una Sala Especializada en materia Anticorrupción para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, a cargo de un Magistrado Anticorrupción electo por consenso o por mayoría calificada de la Legislatura para investigar y fincar responsabilidades.
2.- Una Fiscalía Anticorrupción como órgano público autónomo con amplias facultades de investigación, a cargo de un Fiscal Anticorrupción autónomo y con facultades de investigación y de persecución similares a las del Procurador General de Justicia. Además, con una Subprocuraduría Anticorrupción para supervisar y organizar la actuación de los agentes del Ministerio Público que estén adscritos.
3.- Una Contraloría de la Transparencia Gubernamental para coordinar los sistemas de control e inspeccionar el ejercicio de gasto público estatal, con un Contralor General para atender denuncias, investigar e imponer sanciones a los servidores que incurran en responsabilidades administrativas.
4.- Los Titulares de las Contralorías Internas de los órganos autónomos (Comisión Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Comisión de Transparencia y Acceso a la Información), que serán electos por mayoría calificada de la Legislatura.
5.- Una Auditoría Superior del Estado con organismo técnico y superior de fiscalización y control gubernamental auxiliar de la Legislatura, con un Auditor General y una Comisión de Vigilancia del órgano de fiscalización superior, integrada por nueve Diputados con atribuciones de supervisión. Además, con una Comisión Anticorrupción de la Legislatura para dictaminar los asuntos en materia de juicio político o declaración de procedencia.
6.- Un Consejo de la Judicatura para administrar y ejercer el presupuesto del Poder Judicial y sancionar las faltas del personal o jueces.
7.- Una Contraloría Municipal en cada Ayuntamiento con más de 20 mil habitantes para control interno y vigilancia de la cuenta pública, cada una a cargo de un Contralor Municipal para asegurar que el manejo de ingresos y egresos se administren con eficiencia, eficacia y honradez.
Todo el anterior engranaje forma parte del aparato de Estado para prevenir y combatir la corrupción, sumando los nuevos elementos derivados de la reciente reforma constitucional en la materia, la cual en Nuevo León se admitió a discusión o en ‘primera vuelta’ por el Congreso del Estado.
De lo que se trata ahora, es crear el denominado Sistema Estatal Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Para cumplir su objeto, el Sistema contará con un Comité Coordinador, integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana, el cual deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción.
