El invierno de la democracia en México, II
Mario García García

 

Puebla.- Volviendo a Almond y Verba, en su célebre publicación “The Civic Culture”, sostienen que la Cultura Política no es el resultado simple de un sistema de valores, aislado.

Sino que éste no se puede entender más que acompañado de una estructura y un entramado normativo institucional (democráticos, para el caso), que atienden sus tres componentes fundamentales: conocimientos, aptitudes y actitudes, que a su vez atienden espacios efectivos de gestión de demandas, de participación y toma de decisiones. Es decir, la cultura cívica (democrática), se trata de la opción de participación en calidad de ciudadanos influyentes, tanto a nivel de la gestión de sus demandas (inputs) así como en la gestión de decisiones (outputs); no obstante que sus evaluaciones o disposiciones sean de apoyo o de rechazo a los procesos políticos y administrativos del sistema político. Esto es, retomando como decía Silva-Herzog Márquez, citando al filósofo Michael Oaskjeshott, “la política no es un argumento, es una conversación”. (Silva-Herzog Márquez, J. 2016:sp)

Así, la democracia requerirá algo más que las instituciones formales de una democracia, sino además precisa ser acompañada de una asidua cultura cívica, una cultura pluralista basada en la comunicación y la persuasión, una cultura de consenso y diversidad, una cultura que permita el cambio, en donde los ciudadanos puedan encontrar el lenguaje adecuado para presentar sus demandas y los medios para hacerlas efectivas.

Pues como se ve, la presencia de las manifestaciones sociales son una muestra muy clara de que nuestra democracia no da para representar la voluntad popular, que los partidos no representan a los ciudadanos, que los procesos electorales son todavía de una manufactura dudosa para la democracia (la compra del voto, el control corporativo y laboral, las tarjetas Monex y de Soriana, las manipulaciones de los medios y las organizaciones encuestadoras, y otra mediatizaciones del voto); la inexistencia de espacios efectivos de libertad de expresión (a pesar de la ley constitucional); la inexistencia de espacios institucionales efectivos de participación de los ciudadanos en los procesos de decisión, más allá de los momentos electorales.

En definitiva, esto último nos lleva a un asunto que merece cierta atención: el papel que juegan las empresas encuestadoras y los medios de comunicación en el proceso de democracia en México.

Una condición básica para la democracia, según Bobbio, es la obligación de la publicidad de los actos gubernamentales para facultar al ciudadano conocer las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia de controlarlos, ya que la publicidad es una forma de control. (Bobbio, N. 1986) Si uno de los elementos que fundamentan la democracia moderna es la transparencia de los asuntos públicos y el libre debate de las ideas o propuestas políticas (más allá del ámbito de la élites) en el seno de la sociedad civil, el argumento a favor de las encuestas electorales y de opinión es que éstas permiten conocer el impacto de las propuestas políticas de los diferentes actores políticos y la orientación del voto ciudadano, lo cual permite orientar y reorientar  las estrategias políticas en función de las percepciones y las demandas de los ciudadanos y enriquecer el debate político. En ese sentido, Silva-Herzog Márquez plantea que se ha llegado a aceptar que los estudios de opinión, como un aporte de la ciencia, se convierten en un instrumento útil para democracia, y que los resultados de las encuestas llegaron “…para saber qué piensa, qué quiere, qué teme la gente… Ya no sería el poeta o el demagogo quien nos diría quiénes somos: nuestro autorretrato estaría en la gráfica de una casa encuestadora.” (Silva-Herzog Márquez, J. 2015:sp)

Sin embargo, hay que señalar que en el mejor afán, las encuestas siempre generan algún rango de error o sesgo de la realidad. No obstante, esto nos puede permitir, con toda reserva, una aproximación a la realidad abatiendo un buen tanto de apreciación o fundamentación subjetiva o prejuicio de convicción política.

La credibilidad y la viabilidad democrática de las encuestas electorales y de opinión requieren ciertos niveles de  confianza y certidumbre que deberán ser probos al escrutinio público: a) Autonomía e independencia de los partidos y el poder público y b) la objetividad metodológica.

Por otra parte, en lo que compete a las empresas encuestadoras en México, recuperando la cita que plantea la historiadora Jill Lepore, respecto a que “Tal vez es tiempo de volver a tomar distancia frente a ellas. A desconfiar de las encuestas y de los encuestadores…”; además de lo fallido de las encuestas, como acto rutinario, Silva-Herzog Márquez sentencia que éstas no solo están devastando los procesos democráticos, sino la viabilidad de la democracia misma en nuestro país. (Silva-Herzog Márquez, J. 2015:sp)

El problema es que este ejercicio en nuestro sistema político ha evolucionado de una manera turbia. Los procesos se han presentado de tal modo que muestran una mezcla de acciones fundamentalistas, mercantiles y otros procesos que los alejan de toda objetividad y autonomía.  De tal suerte que, los ciudadanos hemos sido testigos de cómo estas empresas buscan sustituir y enrarecer el debate político por la manipulación, desanimando una participación libre y reflexiva de los ciudadanos imbricándola por la manipulación exaltada de la imagen de actores políticos y el envilecimiento de la imagen de otros.

En esta lógica, recuperamos la tesis expuesta por Juan Carlos Gamboa, en el entendido que en nuestro país, el poder y los partidos que lo respaldan han hecho uso de los datos de las encuestas en prácticas que no fortalecen la democracia sino como un dispositivo  para “modernizar” el fraude electoral. (Gamboa, J. C. 1995).

Con respecto a los medios de información. Se propone que el conocimiento político ciudadano es un requisito sustantivo para la democracia y para que la sociedad en su conjunto tenga la capacidad real para participar en los procesos de toma de decisiones. Así pues, en la formación cívica de dicho conocimiento, los medios, con su libre acción y circulación de la información, pueden ser un factor fundamental clave: sin la libre circulación de la información no habrá participación ciudadana consciente y libre ni habrá democracia. Luego entonces, dicho sea de otra manera, una rubicunda y cumplida relación entre los medios y la democracia propicia y da pie a que los sistemas y medios de comunicación sean abiertos y accesibles para todo integrante de la sociedad, contar con una sociedad con conocimientos y a una vigorosa participación de la sociedad civil.

Empero, como señalara Apter (1965), democracia, medios y coerción no son congruentes ni son competentes. Por ello, la democracia no es posible si existe un control de los medios, si queda presa de unos mismos intereses particulares, si los medios están bajo la sumisión (por distintos motivos) del poder gubernamental o están bajo el control autoritario de un monopolio de Estado: Televisa y TV Azteca son los dos monopolios mediáticos que actúan de manera conforme o arreglada con el poder, que más que generar un conocimiento libre en los ciudadanos, lo han atardecido con su manipulación, torciendo y distorsionando la información, emplasteciendo la realidad por imaginarios prometeicos e ilusiones vanas, para inducir volitivamente la participación de la sociedad hacia los intereses, negocios y acuerdos que los medios han convenido con las élites, para inventar gobernantes. En consecuencia, los medios ayudan al poder, hacen el poder y tienen el poder. En esta bruma plomiza, dónde queda la democracia.

Finalizando
Me parece que hasta el mismo momento en que Mario Vargas Llosa mencionó en el Encuentro Vuelta de 1990, organizado por Octavio Paz, respecto a caracterizar al sistema político mexicano como una Dictadura Perfecta, se presenta justamente entonces una crisis de legitimidad de un sistema político en México, que pese a las críticas de su autoritarismo, siempre se había auto elogiado y vanagloriado de cómo un sólo partido podía mantener su hegemonía dentro de un régimen democrático de elecciones, voto universal y un sistema de partidos, con un  costo mucho más bajo, hasta entonces, que cualquier sistema autoritario de Latinoamérica y otras latitudes del mundo.

Producto de esa crisis, en el 2000 el PAN, encabezado por Vicente Fox Quezada, gana las elecciones presidenciales. No obstante a la anterior postura crítica panista de anticorrupción, éstos, como gobierno de la República mexicana, abrieron y facilitaron el uso patrimonial y corrupto de los recursos públicos, abusaron de la autoridad para aplicar la represión selectiva y pública a sus detractores, etcétera. La honestidad que parecía ser una virtud en Fox, resultó una ilusión, un efecto perverso: claro que no fue honrado lo de los hijos de Martita y toleró todo. (Martínez, Marco A. 2013:sp)

El gobierno de Fox, quien se había presentado como el genuino opositor a las tepocatas, víboras negras y demás corruptelas del PRI-gobierno, terminó seducido por su escuela y le agregó un plus a su tradición, por el miedo fundamentalista a la emergencia de la izquierda como competidor en el juego de la alternancia democrática.

En función de lo anterior, el panismo se montó en la corrupción para detener a la izquierda, para buscar a un aliado frente a la izquierda que estaba resurgiendo, encabezada por Manuel López Obrador, dando cobertura a muchos gobernadores y presidentes municipales corruptos, lo que dio lugar, igualmente, a relaciones emblemáticas de la talla de líderes corporativos como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. Algo así nos describe Meyer (2013): es el miedo y el pánico a que una izquierda electoral, que ya no es la revolucionaria, que es de centro, moderada, lo que lleva al PAN, que no sabe cómo enfrentar por sí solo esta situación, a conciliar sus amores con el PRI, que estando en la oposición, lo mantiene y le da gran fuerza y vida política en miras a enfrentar a una izquierda electoralmente pujante, de tal manera que el asunto de la alternancia, sólo quedó reservada a una alternancia rígidamente acotada de PRI a PAN y de PAN a PRI, sin más boletos de admisión.

Con todo, que se da un aparente proceso de alternancia en el poder y se abrió la expectativa de transitar a un proceso de democratización, muchos de los elementos políticos instrumentales que caracterizaron y garantizaron la permanencia cuasi absoluta a los gobiernos del PRI, con los dos gobiernos del PAN no sólo se reprodujeron sino que incorporaron nuevos ingredientes que marcaron un acelerador cada vez más antidemocrático y represivo al sistema político en México.

Bajo estas condiciones, aunado al costo del trabajo sucio y los propios errores imputados al gobierno de los panistas,  preparó las condiciones políticas para el regreso del PRI a la casa presidencial, renovado por la adición de manías antidemocráticas y antipopulares de sus actuales aliados, en una línea dura de corrupción y represión, evaporando incluso las viejas ilusiones negociadoras patriarcales de la dictadura perfecta, cerrando el paso cada vez a extraños y propios, que disienten en menor o mayor medida con su forma de gobernar. Este resurgimiento del mentado PRI renovado me recuerda, como dijo un antiguo diputado de provincia: “lo mesmo, pero más mejor”.

El escenario del presente sexenio de Peña Nieto es desolador, marcado de manera importante, pero no única, por la inseguridad social, con 43 estudiantes secuestrados conjuntamente por elementos de la autoridad pública (policías y militares) y elementos del crimen organizado; miles de
asesinados y desaparecidos. Así mismo, es inocultable la existencia de vacíos institucionales de poder en varias entidades estatales y regionales, con verdaderos estados de sitio encabezados por las bandas del crimen, el gobierno o ambos; la intolerancia política hasta el umbral de vivir estados de excepción, con un recurrente uso de la violencia y la represión y la violación fragrante a la libertad de expresión y los derechos humanos.
Algo sobre nuestro utópico inmediato.

Seguramente, la liberalización de los medios de comunicación y el cambio de la formas de representación social y jurídica de la ciudadanía en el legislativo de nuestro país son componentes importantes a debate del deber ser y el hacer, de la agenda política. Pero, en tanto,  lo imperante es la inclusión de la ciudadanía en todas las trincheras de participación y la toma de decisiones, lo cual supera la expectativa electoral como horizonte único. (Flores, H. 2016:sp)

Meyer habla de una Democracia Autoritaria y, también, en este ensayo hablamos de una Democracia de Estado. Seguramente, sometiendo a un examen riguroso, estas categorías no son plausibles en sí mismas, ya que nuestro sistema político no se ajusta a las características de democracia alguna, como tal. Empero, como metáforas, algo expresan de nuestro paisaje histórico y político. En todo caso, si el sistema político mexicano tiene sus tintas cargadas hacia prácticas de carácter autoritario, tanto sociales como culturales (institucionales e instituyentes) no democráticas, lo cierto es que a su vez contiene un régimen o sistema normativo y discursivo de carácter democrático que lo sustenta y lo legitima. En este tenor, creo que es pertinente la caracterización final que hace Meyer del sistema político mexicano como un “híbrido”, en el que se vive al mismo tiempo –diría Canclini, hablando de la  cultura latinoamericana–, se entra y se sale de la democracia, para entrar y salir igual al autoritarismo, “…en donde están mezclados elementos autoritarios del pasado y elementos democráticos nacientes, muy nuevos de este presente y lo que no sé, y no llego a decidirme, es si el elemento autoritario va a volver a imponerse o si finalmente esas novedades democráticas que ya entraron en la sociedad mexicana serán capaces en el mediano y largo plazo de llevar a México por una vía, esta vez sí democrática.” (Martínez, M. A. 2013:sp)

En esta tesitura, quizá valga la pena liarnos tácticamente a esos ingredientes democráticos que flotan en el ambiente de las prácticas discursivas del sistema político mexicano para pensar una estrategia que nos permita deconstruir  las lógicas autoritarias del sistema y construir un proceso de una verdadera transición hacia la democracia, lo cual implica retomar nuestros utópicos inmediatos, crear política y normativamente efectivos espacios de participación y gestión  de las demandas ciudadanas y la toma de decisión  en el diseño de la misma, transparentar el uso y la operación de los medios y las empresas encuestadoras, despolitizar clientelarmente al INE, generar, reglas transparentes, equitativas y justas en la organización, vigilancia y calificación de los procesos electorales, revalorar un nuevo diseño del poder legislativo, que sea abierto al consenso social y, finalmente, quizás, la construcción de una opción política, para la participación electoral, con estrategias adecuadas, que una las voluntades, de tal manera que los trucos de la corrupción y el fraude resulten incompetentes, mediada de mucha inteligencia y desmontada de prejuicios culturales y políticos animados en el fundamentalismo, el patrimonialismo del proceso histórico, y otros vicios contaminados desde el propio sistema político, que han animado su participación en los procesos electorales como un modus vivendi, En fin, la utopía…

Por último, para cerrar este espacio utópico, hago referencia a lo siguiente:
José Woldenberg dijo que “hay que distinguir la política de sus sujetos,  y que puede haber una diferente valoración sobre la actividad en sí, y sobre los sujetos que participan”. (Hernández Montes de Oca, R. 2016:sp) Sin embargo, en el sentir de muchos ciudadanos, existe un rechazo rotundo o de desaprobación del gobierno y su democracia, y la razón es obvia: “se debe a la falta de resultados satisfactorios para la población, de la desconfianza que generan los políticos corruptos que utilizan su puesto para enriquecerse, para hacer favores a las personas que pagaron su campaña, o para beneficiar a sus amigos, familiares o parientes cercanos.” (Castillo, F. 2014:sp).

Ante el descrédito de los ciudadanos en relación a la figura presidencial, a las instituciones gubernamentales, de representación social, de las instituciones y los procedimientos electorales, lo menos que todos pudiéramos esperar del INE sería no una estrategia o campaña de educación o de cultura política para los simples ciudadanos, sino algo que sea creíble, que abone a una nueva cultura de la clase gobernante y la clase política de respeto a la ley, de apuesta por la tolerancia, el respeto a la diversidad y, sobre todo, por una nueva cultura de respeto a la integridad  de la vida, la paz y el bienestar de la ciudadanía, no obstante a las diferencias y críticas que estos puedan mostrar.

De esta manera, concluyo que estos mínimos de nuestro utópico inmediato son cardinales, que requieren abrir brechas y caminos ventilados de calidez y calidad política, antes que las ondas gélidas de nuestra democracia la petrifiquen peligrosamente.

Referencias Bibliográficas
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