Prohibido alterar el orden de las cosas
Efrén Vázquez Esquivel
Monterrey.- En un Estado cualquiera, fundado en un sistema de corrupción, el miedo primordial de los políticos es a que se altere el «orden de las cosas»; y para exorcizar esa invariable amenaza, se recurre a los mass-media, expertos en menear las aguas del río, para que haya ganancia de pescadores.
La frase “A río revuelto, ganancia de pescadores”, ilustra a cabalidad lo que acontece en Monterrey, después de las elecciones del 7 de junio:
a) Un gobernador endeble, como consecuencia de que (por haber puesto en vergüenza a los partidos en las pasadas elecciones), ahora, en el Congreso, tiene en su contra a los diputados con partido.
b) Un Poder Legislativo que jamás ha aprendido a pensar en función de un designio (pensamiento, o propósito del entendimiento que coincide con la voluntad), para hacer su trabajo, pues, caprichosamente, los diputados sólo usan el Congreso como escenario mediático para, a través de los mass-media, satisfacer intereses partidistas.
c) Un Poder Judicial históricamente cargado de vicios y de sospechas que, con el triunfo de Jaime H. Rodríguez Calderón, El Bronco, cual nave que en el mar sufre una avería: quedó al garete.
En efecto, al quedarse sin la luz iluminadora que normalmente se proyecta del Palacio de Gobierno al Poder Judicial, los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) eligieron como presidente al magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz. Pues, al no haber señal de ningún lado, la persona idónea para ese cargo, para estar a tono con el gobernador, era quien se distinguió por sus actitudes independentistas, heterodoxas y proclives a alterar “El orden de las cosas”.
Arenas Bátiz fue el primero en el país que, con fundamento en la reforma del artículo 1 constitucional de 2011, inaplicó una disposición normativa por contravenir un tratado internacional en materia de derechos humanos; el primero que, cuatro años antes de su arribo a la presidencia del TSJE, desobedeciendo la señal del entonces gobernador Rodrigo Medina, impulsó la candidatura de la ex presidenta del TSCJ Graciela Buchanan.
Igualmente, fue el primero que al llegar a la presidencia del TSJE no lo convenció la idea de autocalificarse con auditorías internas. Por ello, propuso al Consejo de la Judicatura, del cual es presidente, se realizara una auditoría externa, a fin de que no quedara duda del destino de 200 millones de pesos; su propuesta fue rechazada por los otros dos consejeros, con el argumento de que eso desprestigiaría al PJENL.
Y, por si fuera poco, también es el primero que enfrenta el incremento de la crisis de credibilidad en la justicia, originada, además del fenómeno de la corrupción, por el choque entre el Sistema Penal Inquisitorio y el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; crisis que se expresa, entre otras formas, con la liberación de imputados de alta peligrosidad, por habérseles violado garantías procesales.
De acuerdo a las directrices jurídicas del nuevo Sistema Penal Acusatorio (un sistema garantista que prioriza los derechos humanos del inculpado, en detrimento de los derechos humanos de la víctima del delito), no hay margen para el error; y el error, indefectiblemente favorece al inculpado: se le tiene que poner en libertad; y para ello no se necesita de un buen abogado en materia de amparo, ya que en materia penal existe la suplencia de la queja.
Así las cosas: la revoltura de las aguas del río en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por políticos que, con la ayuda de los mass-media, protegen el orden de las cosas, no posibilita advertir que la liberación de imputados de alta peligrosidad ha sido en acatamiento de órdenes emitidas en sentencias de amparo; órdenes que se tienen que obedecer, de no obedecerse, se cae en responsabilidad.
Responsabilizar de estos hechos al presidente del TSJE, como lo ha hecho el alcalde vitalicio de San Pedro, Mauricio Fernández, a grado de que el Cabildo de ese municipio formalmente lo ha declarado persona no grata en San Pedro, es, una de dos: o pecar de ignorantes, o tratar de revolver aún más el río para una mejor pesca.
Por último, con el propósito de altear el orden de las cosas fundado en un putrefacto sistema de corrupción, no quiero cerrar este artículo sin dejar la siguiente reflexión sobre el Congreso del Estado.
Gracias a la no sujeción del Congreso al antojo del gobernador, como había sido siempre, los diputados y diputadas ahora tienen libertad para criticar al gobernador, lo que es propio de su función; pero criticar no significa “grillar”, chismear, denostar, con el propósito de agitar las aguas del río, sino más bien, procurando impulsar un diálogo racional; criticar significa rebatir con pruebas y argumentos aquello que se quiere establecer como verdad, siendo falso; cosa que en pocos casos sí ha hecho el Congreso, en otros muchos, lo que ahí se observa, es que cada quien lo que busca es llevar agua a su molino.
En otros términos, criticar es dirigir un conocimiento contra algo que se tiene como verdadero, con el propósito de superarlo o de demostrar su falsedad; criticar, en este sentido, es lo que deben hacer diputados y diputados con partido; si quieren legitimar a sus institutos políticos. De lo contrario, en las próximas elecciones, volverán a ser castigados por los ciudadanos.
