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1098 10 Julio 2012

 

Compra y coacción del voto
Efraín Poot Capetillo

Limpieza electoral en entredicho

Mérida, Yucatán.- A una semana de haberse efectuado la jornada electoral en la que los ciudadanos tuvimos la oportunidad de calificar y sancionar con nuestros votos el desempeño de las autoridades federales, estatales y municipales, los resultados obtenidos por los partidos políticos a nivel nacional y en el Estado de Yucatán, nos comprueban que en general así fue.

Los gobiernos federal (panista),  y el de la ciudad de Mérida (priista), resultaron reprobados; la actuación del gobierno del estado resultó severamente cuestionada, pues si bien el abanderado tricolor logró retener la gubernatura, la oposición blanquiazul recuperó terreno en las diputaciones estatales, federales y en el Senado de la República.

La afluencia masiva de electores produjo el fracaso de estrategias orientadas a desalentar la participación ciudadana y garantizar el predominio de votantes condicionados por apoyos inmediatos o promesas de apoyos diversos, a corto y mediano plazo. Las tácticas ejecutadas al amparo del anonimato nocturno, como: intimidar al electorado rociando con ácido muriático los accesos a las casillas, sobre todo las ubicadas en escuelas públicas e intentar la apertura tardía poniendo cadenas y candados nuevos a las puertas principales, resultaron ineficaces por el repudio generalizado hacia esas acciones intimidatorias y la decisión ciudadana de abrirlas por sus propios medios para facilitar el inicio de la jornada electoral.

Sin embargo las viejas prácticas de inducción, compra y coacción del voto como: el uso de recursos públicos, el acarreo de votantes, la presión hacia los electores por parte de grupos de priistas apostados a las puertas de las casillas, la distribución de tarjetas de débito de tiendas comerciales, el reparto de despensas, la distribución de tacos y juguitos entre los vecinos, la compra de credenciales, la manifiesta colusión de algunos funcionarios de casilla e incluso observadores electorales con  las brigadas de apoyo partidista, que impidieron el voto libre, fueron de una magnitud tal que en los últimos días ha trascendido a la opinión pública una serie de evidencias que develan que esta fue una operación de carácter nacional para asegurar el triunfo de los candidatos del partido tricolor y que ha manchado irremediablemente toda la elección al estilo de los peores años del monopolio partidista.

Por eso los virtuales triunfos de los candidatos del partido tricolor al ser ratificados por las instancias correspondientes podrán ser legales, pero se enfrentarán a la certeza de gran parte de la sociedad de que fueron obtenidas por medios alejados de toda ética, lo que los sitúa a una abismal distancia del reconocimiento ciudadano como auténticos y legítimos. De ahí la postura cada vez más convergente de las otras fuerzas políticas para agotar todos los recursos legales disponibles a fin de limpiar la elección, en preparación de futuras modificaciones a la normatividad electoral que destierre de una vez por todas las prácticas que impiden el pleno ejercicio de votar en libertad.

Mantener la organización de los diversos sectores sociales que asumieron una actitud más crítica y participativa en esta coyuntura electoral, es el principal reto que tenemos como sociedad, sin lugar a dudas de eso dependerá la consolidación de las libertades alcanzadas en la alternancia política y por supuesto la ampliación y reconocimiento de muchas otras en el porvenir plenamente democrático.

Profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Yucatán

 

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