ANÁLISIS A FONDO
Periodista, no matraquera
Francisco Gómez Maza
Abusa AMLO de la voz de Carmen Aristegui
La periodista teme por mal uso de su imagen
Ciudad de México.- No hay delito penal ni administrativo que perseguir en el hecho de que los partidos del Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador utilicen, sin permiso, la voz de la conductora de radio y televisión, Carmen Aristegui, en un spot con el cual denuncian “el fraude 2012”.
Pero no se vale que la periodista, de ninguna manera propagandista de partido político, iglesia, secta o corporación alguna, sea confundida con una matraquera más a favor del PRD, el PT, el MC, o del propio candidato.
Aristegui denunció ayer, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), a los partidos mencionados por utilizar su voz en el promocional titulado “Miles de pruebas del fraude 2012”. La conductora, a través de su abogado Juan Carlos Cortés Rosas, exigió al órgano electoral la suspensión definitiva de la trasmisión de dicho mensaje electrónico, pues teme que su imagen resulte involucrada…
De acuerdo con el documento entregado por la representación jurídica de la periodista al IFE, los partidos de la izquierda, metidos en una guerra sin cuartel en contra del candidato ganador en las elecciones presidenciales del domingo primero de julio, al que acusan de haber rebasado los topes de gastos de campaña, haber invertido millones de pesos en la compra masiva de votos y de haber sido financiado con dinero lavado, están violando los artículos 41 de la Constitución Política y los 38, 49 y 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Fue el propio López Obrador quien presentó públicamente el video de marras el pasado 26 de julio y fue “pautado” por el IFE con los nombres: “Miles de pruebas PRD”. “Miles de pruebas PT” y “Miles de pruebas MC”. En él se escucha la voz de Aristegui, quien afirma: “Tarjetas Monex… que hay indicios de lavado de dinero”.
Interesantes, muy dignos de análisis, tanto el abuso del Movimiento Progresista al usar la voz de Aristegui sin su consentimiento, como la reclamación, justa de toda justeza, de la periodista, y llama la atención su actitud profesional, porque la imagen que ella ha dejado en los círculos periodísticos es de una periodista que siempre intenta ser neutral (imparcial, pues), como tiene que ser todo periodista, pero casi nunca lo logra porque le gana el corazón. Y no está mal. Pero de esto a que un partido político, una institución, una iglesia la involucren en su pleitos por intereses de grupo hay una enorme distancia. El escribidor se solidariza con la respetada y admirada señora Aristegui.
Mientras tanto, la guerra de poder y dinero protagonizada por la izquierda de López Obrador y la “socialdemocracia” de Peña Nieto continúa a todo lo que dan las ganas de joder. Y en medio están el IFE y el Tribunal electoral.
Ayer se supo que el TEPJG devolvió al Instituto casi dos mil 500 monederos electrónicos de la empresa comercial Soriana, que de acuerdo con las acusaciones del PAN y el PRD fueron utilizados por el PRI para coaccionar el voto a favor de Peña Nieto. El propósito de la devolución es que el IFE continúe las investigaciones sobre el presunto uso de tales tarjetas.
Por su parte, el partido tricolor anunció que ayer mismo pediría a la Unidad de Fiscalización del IFE que informara de “la posible comisión de faltas en perjuicio de la Hacienda pública” por parte de López Obrador, con los dineros de las empresas “Honestidad Valiente” y “Austeridad Republicana”, apoyos estratégicos de la actividad política del candidato de la izquierda antes de convertirse en el abanderado a la presidencia de la república.
El representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, fue el intermediario para hacer la petición a la autoridad electoral. Obviamente que López Obrador argumentó que ambas asociaciones civiles no tienen obligación de enterar al fisco de sus movimientos financieros porque no son entidades de carácter mercantil.
Los priístas, casi desde que empezó la guerra sucia, han acusado a López Obrador, en respuesta a las acusaciones de éste de compra de votos y rebase de gastos de campaña, de una presunta triangulación de recursos y esquemas de simulación financiera por las asociaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana.
En el contexto electoral y poselectoral, la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) informó haber consignado ante justados federales a 32 personas por presuntos delitos electorales, mientras que jueces de distrito dictaron cinco sentencias condenatorias, con lo que suman 10 resoluciones de este tipo en lo que va de julio.
La Procuraduría General de la República informó que, en julio, la Fiscalía electoral consignó 31 expedientes, tras recabar evidencias sobre la comisión de delitos en el proceso electoral.
analisisafondo@cablevision.net.mx
