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1238 23 Enero 2013

 

HORIZONTE CIUDADANO
Víctimas en la indefensión
Rosa Esther Beltrán

Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrasados,
fueron mordidos y enterrados. …Nadie sabe dónde están ahora,
no tienen tumba, están dispersos, en las raíces de la patria sus martirizados dedos,
sus fusilados corazones… Canto General.
Pablo Neruda.

Saltillo.- En unos días más entrará en vigor la Ley General de Víctimas, modelo de la secular improvisación e irresponsabilidad de los legisladores y del ejecutivo federal.

Algunos expertos han sido benignos, la han catalogado como un “paliativo”, otros más realistas, la califican de batiburrillo, que en buen castellano significa, revoltijo, mezcolanza, bodrio. Suficiente. No hacen falta más sinónimos. Era necesario armarle un escenario conveniente al “nuevo PRI”, encabezado por Peña Nieto.

Pero además, los críticos señalan que la ley no se podrá aplicar si los municipios no tienen recursos para hacer frente a la demanda de todas las víctimas, ya que el 90 por ciento de los delitos que se registran en el país son del orden común, y la ley quedó abierta, es decir, no se precisó a qué víctimas se atenderá, de tal suerte que hoy, cualquier víctima de un delito, ya sea robo, asalto u otros, puede demandar reparación del daño, gastos médicos y atención psicológica.

Los analistas insisten en que es necesario perfeccionar esa ley. En el ámbito internacional, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONUDH) saludó la publicación de la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación; señaló que es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrenten a la lacerante situación de dolor y precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos.

Por su parte, Amnistía Internacional consideró necesario garantizar la aplicación de la Ley de Víctimas, pues señaló que la sola aprobación de leyes “no es suficiente” para garantizar los derechos de las víctimas.

Cierto, la aprobación de la ley en comento es un importante avance, pero es insuficiente, necesitamos que se haga visible el compromiso del gobierno y que éste se traduzca en medidas efectivas de acceso a la justica y a la reparación del daño.

En esta entidad, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, organización que reivindica la justicia por los desparecidos, que recientemente cumplió su tercer aniversario, ha sido protagonista en abrir camino para que las autoridades atiendan la situación de las víctimas de las desapariciones forzadas que sólo en esta entidad tiene documentados 290 casos de desaparecidos.

Esta organización coahuilense manifestó que la Ley General de Víctimas no resuelve los problemas estructurales evidentes, aunque era urgente contar con un marco legal que protegiera a las víctimas, la ley contiene vacíos y ausencias legales, quizá haya sido elaborada de buena fe, pero está hecha al vapor, sostienen los abogados de la organización.

La semana pasada FUUDEC tenía prevista una entrevista con Enrique Peña Nieto, la que a última hora fue suspendida so pretexto de que el ejecutivo no tenía disponibilidad de agenda. Es explicable el enojo de los miembros de FUUDEC, puesto que fue el mismo Peña Nieto quien propuso la entrevista, mas luego los plantó, cuando ya la comisión se encontraba en el Distrito Federal. Esta situación refleja la insensibilidad de las autoridades que no toman en cuenta el enorme esfuerzo, no sólo económico, de las familias en su traslado y estancia a la ciudad de México.

A pesar de que Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, había manifestado a las familias de los desparecidos que serían atendidos y tratados de un modo diferente y preferencial, finalmente no cumplió su compromiso. Esos son los funcionarios del “nuevo PRI”, insensibles, despiadados.

Viendo las cosas como son, estamos ante un acto superficial por el que se busca palomear promesas de campaña, más que abordar problemas severos, la Ley General de Víctimas es un parche que tal vez llegue a ser útil, pero un parche al fin. La mediocridad sigue vigente: más leyes inaplicables.

rosaesther80@gmail.com

 

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