HORIZONTE CIUDADANO
Repudio al Saltibús
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- Celebro con profundo júbilo que Saltillo asista al despertar ciudadano, a la agitación y movilización de la conciencia colectiva y a la exigencia del respeto a nuestros derechos.
Así es. Esta semana un grupo de ciudadanos agrupados en varias organizaciones civiles hicieron acto de presencia en el edificio de la Presidencia Municipal de esta ciudad para exigir que las autoridades municipales se apeguen a las leyes vigentes en materia de trasporte público, que el presidente municipal abandone su protagonismo y que el cabildo, sin excusas ni pretextos, muestre que asume las responsabilidades que el Código Municipal le adjudica.
En efecto, el cabildo es definido como, un cuerpo colegiado que “tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley” (Art. 25), por desgracia para los ciudadanos saltillenses, el órgano ejecutivo del que dispone el alcalde acapara las funciones y comúnmente suple al cabildo, instancia ausente u omisa que al parecer está en el Ayuntamiento como invitado de piedra que devenga altos salarios que pagamos los ciudadanos inútilmente.
La carta entregada al Ayuntamiento subraya que, con respecto al Saltibus, el alcalde no ha informado cómo se constituirá la empresa que lo administrará y qué carácter asumirá, asimismo inquieren cómo se conformará el anunciado fideicomiso, las concesiones para la operación del trasporte público y el Instituto Municipal del Transporte. Estos son verdaderos enigmas que según parece, ni el Alcalde ni Tereso Medina, líder de los concesionarios del transporte, han sido capaces de descifrar.
Los demandantes reprochan al Alcalde el que, contra lo que él anunció en diciembre pasado, el Saltibús comenzó a operar con un conjunto de fallas, abusos e ilegalidades sobre los que ya se ha insistido en varias entregas de este espacio.
Los integrantes de las organizaciones civiles proponen al Ayuntamiento, que se suspenda el uso de las tarjetas de prepago hasta que opere el sistema con las unidades nuevas; que se garantice la constitución de la empresa, del fideicomiso y del Instituto Municipal del Transporte, en los que se garantice la transparencia y rendición de cuentas de los recursos, a fin de asegurar que no se beneficien exclusivamente los concesionarios del transporte.
El documento termina con un exhorto a las autoridades municipales a salvaguardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficacia cumpliendo con la ley en el ejercicio de su mandato.
Cabe agregar que los integrantes de las organizaciones civiles que demandan al Ayuntamiento apego a la legalidad, instaron a los usuarios del transporte a ampararse contra el cobro de castigo de la tarifa de 8.50 por ser ilegal.
Jericó Abramo y el Consejo del Transporte merecen un cero en planeación porque aún es día que la empresa responsable de las tarjetas de prepago, Tecnología Diseño Electrónico, no cumple su compromiso de asegurar el abasto de tarjetas y el próximo lunes termina la injusta tregua establecida unilateralmente por el alcalde para volver al ilegal cobro de castigo, la tarifa de 8.50, para los que no la hubieran adquirido, además de todoas las ilegalidades ampliamente comentadas estas semanas.
El alcalde ofreció en el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013 realizar: “una gestión ordenada en torno a objetivos claros”, le quedan 11 meses de ejercicio y parece imposible que en ese lapso realice lo que no pudo concretar en tres años en cuanto al transporte y, según parece, está apuntado como posible candidato del PRI a gobernador para el 2017. ¡Que dios nos agarre confesados!
Posdata
La liberación de Florance Cassez en el día y las horas en que se celebraba la sesión del Consejo General del IFE para resolver sobre el caso Monex, fue una magnífica cortina de humo que minimizó, borró del espectro mediático, este tema tan fundamental para la democracia mexicana. De nuevo el Consejo General actúo con parcialidad al exonerar de culpa al PRI por el exceso en los gastos de campaña y el uso de recursos ilegales y lavado de dinero que el PAN y el Movimiento Progresista denunciaron durante la contienda. De nuevo los consejeros ignoraron la violación de los principios constitucionales por parte del PRI.
Sin duda, hay que servir al rey.
rosaesther80@gmail.com
