Derechos humanos e impartición de justicia
Efraín Poot Capetillo
Mérida.- El amparo concedido a la ciudadana francesa Florence Cassez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la puso en libertad después de siete años de encarcelamiento, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores, ha generado reacciones en pro y en contra del fallo pero, sobre todo, una enorme confusión entre la población en general y una legítima indignación entre las víctimas y sus familiares que lo califican como una burla a la justicia.
Los medios de comunicación han contribuido también a este desconcierto pues, amparados en la libertad de expresión, muchas opiniones se han vertido sin fundamento y con poca información real sobre el caso.
El asunto ha expuesto una vez más con crudeza las carencias del sistema de acusación judicial de nuestro país, pues se suma a otros que, por fallas en la integración del expediente a lo largo del procedimiento judicial, han arrojado el mismo resultado, dejando en libertad a los acusados, a pesar de las evidencias de su culpabilidad en los actos ilícitos en cuestión.
Las autoridades responsables, en su afán de mostrarse efectivos, no dudan en fabricar y manipular pruebas y testigos a fin de construir versiones a modo sobre los acontecimientos, lo cual es claramente violatorio de los derechos humanos, pues es la autoridad que comete la ilegalidad sobre el individuo.
Sin embargo esta forma de proceder ha tenido dos consecuencias: 1) el encarcelamiento de innumerables inocentes que injustamente purgan condenas simplemente porque no tuvieron los recursos económicos para procurarse una buena defensa jurídica que exhibiera las contradicciones en el expediente; 2) la liberación vía impugnación a las autoridades por no garantizar el “debido proceso”, que en el menor de los casos excarcela al inocente, pero que en otro buen número de ellos, pone en libertad a delincuentes, lo que genera en la sociedad un alto grado de impotencia, desilusión, desconfianza, incredibilidad, descontento y rechazo a las instituciones de seguridad, averiguación e impartición de justicia.
Esta enorme deficiencia del sistema de justicia de nuestro país se agrava en las entidades federativas en donde los malos hábitos, las redes de complicidades tejidas a lo largo de mucho tiempo, las carencias económicas y de infraestructura, y la endeble profesionalización del personal, generan las condiciones idóneas para que la corrupción sea la mejor aliada para el imperio de la impunidad.
La fabricación de los expedientes judiciales y la exoneración de los culpables guiados por el afán de perjudicar al adversario o beneficiar al aliado, si bien logran su cometido inmediato, frenan los impulsos de modernización judicial pero, sobre todo, resultan un enorme daño permanente para el tejido social que posibilita la vida en común y su mejoramiento, en los ámbitos estatal y nacional.
La persecución de este último objetivo debe ser la fuente de inspiración para una reforma profunda e integral del sistema de impartición de justicia en todo México. Es imprescindible acelerarlo para ponerlo a tono con los cambios experimentados durante los últimos quince años en los otros dos poderes (el ejecutivo y el legislativo) con los que conforma la base de sustentación del republicanismo mexicano y diseñados para garantizar el buen funcionamiento de una democracia de calidad en el país.
Esperamos que parte de los 317 millones de pesos que el ejecutivo yucateco solicitará como préstamo para infraestructura y seguridad, previa autorización del Congreso Estatal, contribuyan a mejorar el sistema de justicia del estado y que los ciudadanos podamos contar con mecanismos claros y transparentes para castigar la negligencia con la que actuaron ex servidores públicos y aquellos que se aventuren a incurrir en ella.
