El perfeccionamiento de la trampa
Efraín Poot Capetillo
Mérida.- La semana pasada por mayoría de votos (cinco contra cuatro) el Consejo General del IFE resolvió no multar al PRI por el caso Monex, que como todos recordarán se derivó de una queja promovida por el PAN y el PRD, por la recepción ilegal de 66 millones 326 mil 300 pesos, que sirvieron para comprar monederos electrónicos, con los que se pagaron gastos de la estructura territorial y se compró el voto de numerosos electores.
El asunto fue ampliamente debatido y documentado en los medios de comunicación y por los propios partidos políticos durante y después de la campaña electoral, quedando al descubierto una compleja trama tejida para obstaculizar toda acción legal.
A pesar de ello ahora se sabe que la millonaria suma de dinero fue un préstamo otorgado al revolucionario institucional mediante una cadena de contrataciones: el partido contrató a la empresa Alkino para obtener los monederos electrónicos, ésta última contrató a la comercializadora Atama que otorgó el préstamo y a su vez contrató a Grupo Inizzio, con cuenta en la financiera Monex, para dispersar los recursos en 10 mil 674 monederos electrónicos.
Esta última acción también se efectuó a través de la empresa Importadora y Comercializadora Efra, cuyo domicilio fiscal de varias facturas coinciden con el Grupo Abogacía Profesional de la que son socios Gabino Fraga Mouret, padre, (exfuncionario del gobierno presidencial de Miguel de la Madrid) y Gabino Fraga Peña, hijo, (coordinador general de los compromisos de Peña Nieto).
Tan evidente resultó esta realidad, que el proyecto preparado por la Unidad de Fiscalización del IFE de declarar infundada la queja fue rechazada por cuatro de los Consejeros Electorales que propusieron multar al tricolor con 75 millones de pesos porque: 1) financió los monederos con un préstamo otorgado por la empresa Atama, y 2) no acreditó el destino de los recursos, dos cuestiones prohibidas por la Ley.
Sin embargo, el voto de los otros cinco integrantes del Consejo General le salvó el pellejo al PRI, al menos en esta etapa, porque ahora los partidos opositores impugnarán esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Existen fuertes indicios de que el uso de la figura del préstamo se implementó para evitar usar de forma directa el dinero desviado del erario de las entidades gobernadas por el tricolor o de la aportación de las empresas privadas beneficiadas con la obra pública realizada en ellas. No nos cabe la menor duda de que este caso resulta una clara muestra de la sofisticación de las estrategias a la que están dispuestos a llegar los partidos tramposos cuyo objetivo es el control del aparato gubernamental para beneficiar a los aliados y correligionarios.
Este tipo de situaciones muestran con claridad que casos como los amigos de Fox, el Pemexgate, Ahumada-Bejarano-Imaz, en vez de inhibir las malas prácticas sirvieron como incentivo para despertar el lado oscuro de la inventiva para sofisticar el engaño.
Los timadores alcanzan el éxito circunstancial pero contribuyen al divorcio entre legalidad y legitimidad, es decir, el estricto apego a la ley y la aceptación de ésta por parte de la población; y eso no es más que dañar severamente la legitimidad institucional y por supuesto el funcionamiento de la democracia.
