FINSEMANERAS
Inversión privada, no privatización
Carlos Manuel Sabines
Ciudad de México.- En el tan llevado y traído tema de la privatización de Pemex, en realidad el debate en el congreso será de semántica, porque los priístas, panistas y demás partiditos que acompañan la causa no entienden que la participación de capital privado en la paraestatal, es privatización; para ellos la privada no es inversión privada, valga el juego de palabras.
Se requerirá que llegado el caso, en la tribuna de San Lázaro y en la de reforma, se apersone un filólogo, una persona que sepa gramática española y les enseñe a los pro gringos, de que se trata. En verdad sí saben de qué hablamos; se hacen que no entienden, que es otra cosa, por convenir así a sus intereses, que es diferente.
Con relación al informe que el titular de la CNDH presentó ante los diputados la semana pasada, referente a las actividades en 2012, el ombusdman recalcó que persisten las desapariciones forzadas, la tortura y las capturas ilegales, y que es necesario vencer la impunidad para evitar que se reproduzcan acciones de autodefensa como en Guerrero.
El Pacto por México que signaron EPN y los tres partidos grandes en diciembre, hace agua por varios lados: por uno, el programa del Combate contra el Hambre, que gustosamente encabeza Robles Berlanga, porque le da oxígeno de boca a boca, para subsistir, no satisface a los sectores marginados que requieren esa vía de apoyo.
Por otro, la IP, tan generosa en el papel, ya no está tan de acuerdo con los 95 compromisos del Pacto por México, concretamente con el 72, que se refiere a terminar con los privilegios fiscales que detentan los barones del gran dinero, es decir, acabar con la consolidación fiscal. Ellos insisten en las "reformas estructurales", que no son más que IVA para alimentos y medicinas, y sacar a la venta lo que queda de Pemex. A cambio los generosos ofrecen invertir 30 mmdp, claro, para obtener utilidades. Es la mejor versión de hágase la voluntad de dios en las mulas de mi compadre.
El rubro de la "subdeuda nacional", término que quien sabe quién le acuñó, sigue en la de ocho. La SHCP y el congreso tienen diferentes visiones del tema. Para hacienda, el problema debe resolverse con modificaciones a leyes secundarias, no entrarle al fondo del problema, y para algunos legisladores, hay que cambiar el texto constitucional.
La posición de hacienda es lógica, bajo su perspectiva, porque no quieren afectar "mucho" a entidades y municipios que son mayormente priístas, que son los que adeudan más; quieren una reforma light, para taparle el ojo al macho y que no se diga que no hicieron la lucha por abatir los niveles de endeudamiento. Como todo en este gobierno, ha sido, es y será mediático, dicen que hacen pero no hacen.
La salida de García Ramírez del IFE, no abona en nada a la carrera del doctor en derecho. Arribó al Consejo General del IFE, bajo la óptica de que sus conocimientos, experiencia y personalidad pondrían un valladar a las tropelías de Valdés Zurita y su conducta en las últimas decisiones del órgano, no fueron en ese sentido; más bien se dieron el contexto de apoyarlo.
En el IFAI, otro de los organismos autónomos de la Administración Pública Federal, sigue la opacidad; le tocó el turno del cese fulminante al titular de la unidad de control, porque no actuó con rapidez en el caso de la comisionada Arzt.
Siempre que tocamos la figura del arraigo que puso en boga Calderón, nos referimos a que ese monumento a la inconstitucionalidad debe abrogarse. Según datos de la PGR, dados a conocer hoy por Reforma, en los últimos 5 años se solicitaron 8 mil 109 órdenes de arraigo; se autorizaron 7 mil 739 y se negaron 370. El problema va más allá del arraigo; se solicitó que 3 mil 581 líneas telefónicas fueran intervenidas, de las que 3 101 se autorizaron y 480 se negaron. Este fue el paraíso del estado de derecho de Calderón.
carlosabines@hotmail.com
carlos@carlosabines.com.mx
www.carlosabines.com.mx
