Policía Militar en NL
Jesús González Ramírez

Monterrey.- Hay una confusión interesada acerca de los 3 mil 200 elementos de la Policía Militar que se instalarán en Nuevo León. Al gobierno estatal y a los empresarios les conviene que la población piense que es una nueva policía.

Les conviene porque de esa manera se reforzará la sensación histórica de la población sobre que el poder es de unos cuantos y que no es necesario exigir nuestros Derechos. No es una nueva policía.

La verdad es que todos los esquemas de seguridad probados por el gobierno de Rodrigo Medina durante su mandato han fracasado o han sido ineficaces en el mejor de los casos. Otro tanto igual pasa con los esquemas de los gobiernos municipales. No se trata de afirmarlo solo porque sí; la ONG Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Nuevo León cuenta con reportes de familias con personas Desaparecidas en 2014; Coparmex ha denunciado que se incrementa el número de extorsiones y cobros de piso, según cifras oficiales se ha incrementado el robo a casa habitación en San Pedro Garza; y para colmo se han incrementado los reportes de violencia familiar y de abuso de autoridad por citar algunos ejemplos.

Los dos pilares en los que basó su esquema de seguridad el gobierno estatal han fracasado. Por un lado, la depuración de los cuerpos policiacos dejó a muchos municipios sin elementos suficientes para vigilar y tuvo como consecuencia negativa que los elementos no aprobados estén en la calle sin supervisión. Fuerza Civil, la joya de la corona creada por la presión de los grandes empresarios regios en 2010, ha fracasado en su intento de inhibir el crimen organizado y no organizado; ni siquiera ha podido cumplir la meta de elementos reclutados y capacitados, ya que de los 7 mil que debería tener, hoy sólo cuenta con poco más de 4 mil; Fuerza Civil además ha perdido credibilidad por los abusos a la población que ha cometido, por los constantes accidentes viales en los que se ve involucrada y por la conducta delictiva de algunos de sus elementos. Estas estrategias fallidas, más la exigencia de seguridad para inversionistas extranjeros y nacionales, sumado al riesgo de que estalle el descontento social, es lo que obligó a los “grandes empresarios” a pedir al Gobierno de Enrique Peña Nieto enviar refuerzos militares a Nuevo León.

No es la primera vez que los empresarios hacen eso en el marco de la guerra contra el narco. En 2010 exigieron a Felipe Calderón la renuncia del Gobernador y la entrada del Ejército y la Marina al estado; no consiguieron la renuncia, pero sí la entrada de la milicia, además de la creación de Fuerza Civil. Después del ataque al Casino Royale, volvieron a los Pinos para asegurar a Calderón que en Nuevo León no habría un levantamiento social y, en este octubre, volvieron a los Pinos ahora para pedir a Peña Nieto reforzar la presencia del Ejército para cuidar sus intereses económicos, particularmente en la explotación del gas shale y el agua.

Los efectos negativos de la presencia del Ejército en las calles son devastadores para la población: asesinatos por no detenerse ante una señal, muertes en fuego cruzado y un sinfín de violaciones a los Derechos Humanos.

Algo debe quedar muy claro para evitar la desinformación: la Policía Militar no es una nueva policía; es un grupo de elite del Ejército que existe desde hace décadas y que tiene como función principal resguardar instalaciones militares, capturar a militares desertores o que hayan delinquido y también “mantener el orden social”. La Policía Militar es temida dentro del mismo Ejército. No se creará una nueva policía sino que se instalarán en Nuevo León 3 mil 200 elementos de elite del Ejército ante el fracaso del gobierno de Rodrigo Medina.

Sólo quien no haya hecho una proyección de escenarios honesta desde la Defensa de Derechos Humanos se puede llamar sorprendido con este anuncio; era algo lógico ante el nivel de corrupción e impunidad generalizada en la clase política, por un lado, y la defensa de empresarios de sus intereses económicos. En medio está la población que, como desde hace 8 años al menos, sufrirá las consecuencias de militarizar la vida civil. Lo que sigue está muy claro: los elementos de Fuerza Civil y algunos militares dejarán de vigilar oleoductos, gasoductos y acueductos para concentrarse en el área urbana; con ello se dispararán las violaciones a nuestros Derechos Humanos.

Es en este entorno donde cobra validez la consigna: ¡Que se vayan todos!

@proyectoepuente