México sin consulta
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Tal como se esperaba, nueve de los diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que la consulta popular sobre la reforma energética sería inconstitucional.

La Suprema Corte argumentó que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no podrán ser objeto de consulta popular los ingresos y gastos del Estado.

Sostienen los ministros que las preguntas formuladas para ser sometidas a la población están relacionadas con el tema de los ingresos, pues la mayor fuente de divisas para el país es la industria petrolera, recursos que se destinan para múltiples fines específicos.

Desde hace décadas nuestra economía se “petrolizó”, siendo el eje de la política fiscal constitucional para obtener los ingresos que contribuyan al desarrollo de la nación, a largo plazo.

Al declarar como inconstitucional e improcedente la solicitud de consulta popular, los ministros de la Suprema Corte de Justicia terminaron por convalidar la contrarreforma energética.

Nuestro alegato para que el pueblo sea consultado y decida sobre la reforma energética es, precisamente, los ingresos de nuestro país.

Desde que los legisladores federales y estatales del PRI, PAN, PVEM y Panal aprobaron la reforma energética y las leyes secundarias, señalamos que la única intención del gobierno de Peña Nieto era privatizar Pemex y la CFE, así como transferir el petróleo y todo el sector energético al capital privado nacional y, sobre todo, internacional.

Con la resolución de la Corte se termina con el control de los últimos sectores estratégicos que le quedaban al Estado Mexicano. Las empresas extranjeras podrán apropiarse no sólo de la riqueza petrolera, sino que tendrán derecho de nuevo de explotar todo tipo de terrenos en la búsqueda del gas shale, así como del resto de los hidrocarburos, atentando contra el desarrollo agrícola, el ecosistema y la salud pública.

La resolución deja la vía libre para privatizar el sector energético, que culminará con el impune atraco contra el pueblo de México.

Quienes aprobaron la reforma constitucional y las leyes secundarias son y serán los responsables de la catástrofe económica y social, sin precedentes, que se desatará en nuestro país.

No hay proyecto de Nación alguno con las llamadas reformas estructurales, mas que la entrega de la soberanía nacional a las transnacionales y al gran capital nacional, cuyos resultados serán que se recrudezca la desigualdad del ingreso y de la riqueza social, que aumente la pobreza y se reduzca más la capacidad del gobierno para atender las demandas nacionales, que se ocasione el gran hoyo fiscal por el despojo del petróleo y de la industria eléctrica, el cual se pretende cubrir con el aumento generalizado de impuestos y la imposición del IVA a los alimentos y medicinas.

Con esta contrarreforma energética México regresa a la época de Antonio López de Santa Anna, el presidente que entregó la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos.

Es indispensable que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando en México, que nos organicemos y sepamos defender lo que es de la Nación entera y que con grandes sacri­ficios los mexicanos hemos logrado edificar, generación tras generación, desde nuestra Independencia.

Las grandes mayorías de la población, los partidos progresistas y las organizaciones de izquierda están llamadas a reconformar el frente único, para que mediante la protesta en calles, plazas y la lucha política en las elecciones, alcancemos el derecho a ser consultados para revertir la privatización del petróleo y del sector energético, que son patrimonio de todos los mexicanos.

¡No al saqueo de nuestros recursos energéticos! ¡No a la deuda pública!

¡Nos oponemos a que el patrimonio de la Nación se entregue a las empresas extranjeras!

La privatización del petróleo cancela el presente y futuro de México.