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1921 7 Septiembre 2015

 

 

Una legislatura entre el bullicio y las promesas
Ernesto Hernández Norzagaray

 

Mazatlán.- Acaba de instalarse la LXIII legislatura en medio del bullicio mediático, luego de procesos más o menos competidos, más o menos protestados.

La prensa política está en lo suyo creando una atmósfera de expectativas con la nueva camada de diputados que provienen de nueve partidos –incluidos los seis del PT, que ganó por mayoría relativa– lo que para las posturas más oficiosas es signo indubitable de la pluralidad del México contemporáneo.
Que sin duda lo es. Pero la pluralidad hasta hora no ha significado per se rendimiento y eficacia satisfactoria, y resguardo de la soberanía nacional, menos todavía reconocimiento social a los representantes políticos.

Y es que el diputado es una figura pública muy desprestigiada. Alcanza los niveles que tienen los policías y muchos otros funcionarios públicos. Se lo han ganado a pulso con muchas decisiones afectando severamente la economía popular y sobre todo por la insensibilidad y la ostentación que presumen muchos de ellos en su burbuja de poder.

Vamos, la de los diputados, es una elite alejada frecuentemente de la calle y sus problemas. Con un nivel de vida muy superior a la media de la mayoría de los mexicanos. Privilegiados no sólo con buenos salarios sino prestaciones que son impensables en otros legislativos del mundo.

En fin, más allá de la percepción adversa: ¿qué podemos esperar de esta legislatura en un contexto convulsionado por variables externas pero mayormente por las internas que tienen a muchos, pero muchos, irritados?
Las asechanzas de la crisis económica con sus tres dimensiones: Las reformas estructurales, la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.

Es evidente que el balance sobre las reformas estructurales es negativo. No  terminan de  llegar los beneficios ofrecidos y lo que tenemos son esos segmentos irritados por el ajuste que representa en el mundo de la educación, la justicia y los pueblos sacudidos por la violencia.

Una atmósfera que vista en perspectiva no es nada estimulante, cuando está en proceso de construcción lo que algunos llaman “un país sin Estado”, es decir, un Estado que  renuncia paulatinamente a la justicia social y está sometido a la lógica implacable del mercado aun cuando el principal recurso del país, como es el petróleo, cae estrepitosamente afectando los ingresos del país.

Y, más todavía, en un contexto internacional marcado por las devaluaciones que encarecen las compras en una economía muy dependiente de las importaciones especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica que alcanzan más del 80%, lo cual por cierto, es importante recordárselo al neofascista Donald Trump para qué sepa cuantos empleos estadounidenses genera la economía mexicana.  

Todo ello debería obligar al Congreso de la Unión a tomar medidas de emergencia de manera que se avalúe y matice las oportunidades de aquellas y que el gasto público sea realista para no incrementar los impuestos que ya de por si son altos y están acabando con franjas de pequeñas y medianas empresas.

En efecto, el Congreso de la Unión debería entrar a un balance de las reformas estructurales para tener un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el país de manera que lo corregible se corrija y no seguir por un camino que está atizando la hoguera de la irritación y segmentación social.  

Igualmente, es indispensable poner cara a los grandes escándalos políticos que sacuden las instituciones públicas y qué amenazan la estabilidad con los subsecuentes efectos en el terreno económico, porque una cosa es clara, no sólo afecta la imagen presidencial sino la certidumbre en materia de inversiones dada la fragilidad del llamado Estado de Derecho. Condición indispensable para qué caminen las reformas económicas.

Las experiencias de instituciones públicas débiles de otros países debería ser un referente obligado para medir los efectos que están teniendo en sus economías.

La composición de la Cámara de Diputados facilita el debate público. Es la reedición de lo que viene ocurriendo desde 1997, cuando se formó el primer gobierno sin mayoría legislativa, lo que podría ser un incentivo para las alianzas ya que para teóricos como Josep Colomer este sería el mejor escenario de negociación para la gobernabilidad democrática.

De hecho el PRI con sus 203 diputados y los 47 de su aliado electoral PVEM, ganados a golpe de excesos que no fueron suficientes para retirarle el registro como partido político nacional, tienen el 50% de los legisladores.

Necesitan uno más para que esta coalición alcance la  mayoría absoluta. Y eso vendrá en caso necesario, de los diez diputados del PANAL y, digo en caso necesario, porque igual puede ser resultado de la negociación con otras fuerzas políticas para expresar la fuerza del consenso.

El escenario de primera vista se antoja fácil para el PRI y sus aliados sobre todo cuando las reformas constitucionales ya están en el papel y no parece haber interés en promover nuevas.

Más bien, las dificultades que se avizoran pudieran tener que ver con el manejo de la cuenta pública o los problemas que tienen que ver con el incumplimiento de los beneficios que traerían de esas reformas.

Quizá el problema mayor radica en que estando hecho prácticamente todo en materia legislativa, no haya más que esperar a que repunte la economía, y legislar para hacer más viables las reformas.

En tanto aquello sucede, la agenda del Poder legislativo, deberá tener que ver en lo económico con los ingresos del gobierno, vía la captación de impuestos, ya lo dijeron en el SAT lo que “salvo al país de la bancarrota fue el incremento de la captación vía impuestos”.

Entonces, esperemos que este esfuerzo no se traduzca en nuevos instrumentos fiscales que lo único que provocaría es un mayor desprestigio de los legisladores y la subsecuente irritación social que no termina por agotarse sino va a caballo de hacienda.

En definitiva, si los nuevos diputados no toman el pulso del país e identifican los grandes problemas nacionales, como también si no definen en pluralidad las posibles salidas, se corre el riesgo de que sea una legislatura perdida en la maraña de las grillas sucesorias que sin duda alguna están y estarán presentes en los debates parlamentarios.

Mientras sigue el bullicio y dentro el decálogo del Presidente que se antoja como otras promesas vanas, ¿cómo creer en un nuevo decálogo, cuando hay tantas promesas incumplidas?

 

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