ESTADO DE LOS ESTADOS
Presidentes latinoamericanos procesados
Lilia Arellano
Ciudad de México.- Mientras muchos ex presidentes de América Latina cuentan con procesos judiciales en sus expedientes, algunos han sido condenados y purgan sus sentencias en la cárcel.
Mientras otros son férreamente investigados, como es el caso del ex mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en México los ex mandatarios de la República gozan de enormes privilegios, entre los que destacan jugosas pensiones vitalicias, a pesar de que sus gestiones depredaron el patrimonio nacional, empobrecieron a la población y hasta regaron de sangre el territorio nacional. También los gobernadores y ex gobernadores son cobijados por redes de complicidades con funcionarios federales de primer nivel, a pesar de graves irregularidades cometidas durante sus gestiones y documentadas ante las autoridades competentes.
Entre los mandatarios latinoamericanos que tras enfrentarse a la justicia del país que gobernaron, por imposición dictatorial o a través del voto de sus ciudadanos, pasaron tiempo en la cárcel o viviendo en arresto domiciliario hasta sus últimos días, se encuentran el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000); el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981); el ex dictador argentino Rafael Videla (1976-1981); el ex presidente de facto de Uruguay, Gregorio Álvarez Almelino (1981-1985); el ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, electo en dos ocasiones (1974-1979 y 1989-1993); el ex hombre fuerte de Panamá Manuel Antonio Noriega (1983-1989); el ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004); el ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Mont (1982-1983); y el ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986).
En estos momentos, en el centro de la atención pública mundial se encuentra el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien el pasado viernes fue detenido por la Policía Federal en el marco de la operación que investiga la red de corrupción y lavado de dinero en la petrolera estatal Petrobras, la cual ha involucrado a legisladores y a algunos de los más poderosos ejecutivos de negocios de Brasil. Lula fue trasladado a la sede la Policía Federal en el aeropuerto de Congnhas para declarar, después de que los agentes allanaron su domicilio particular, la casa de uno de sus hijos y otras residencias familiares.
Según la policía, tiene pruebas de que Lula recibió beneficios ilícitos de un esquema de soborno de la petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) en la forma de pagos y bienes raíces de lujo. En un comunicado, señaló que Lula “fue el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos delitos”. Sostuvo: “hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financió campañas electorales y al tesoro de su grupo político”.
En la última fase de la investigación, la Policía Federal de Brasil reportó sobre la operación conocida como Lavado de Autos, la ejecución de 33 órdenes de allanamientos y 11 de detención en distintas ciudades, incluidas dos en Sao Bernardo do Campo, donde vive Lula. Alrededor de 200 policías y 30 auditores de la oficina de impuestos federales participaron en la operación del viernes pasado.
La noticia de que el ex presidente Lula Da Silva fue blanco de una orden de conducción coercitiva para prestar testimonio tuvo un inmenso impacto en todo el país. Lula y la presidenta Dilma Rousseff manifestaron su “indignación” por la medida adoptada por el juez Sergio Moro. Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, criticó, por abusiva, la medida determinada por el responsable de la operación mencionada, la cual investiga el esquema de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.
Grupos de manifestantes rivales se enfrentaron en las inmediaciones de la casa de Lula tras su detención. Cientos de sus seguidores, vestidos con camisetas rojas, intercambiaron gritos, insultos e incluso objetos contra detractores y se agolparon en la sede de la policía donde Lula declaró por más de tres horas. Indignado, la misma tarde del viernes, Lula da Silva declaró: “no era necesario que Moro mandase gente a mi casa, a las de mis hijos y de mis compañeros de militancia”. En este año, ya ha comparecido en tres ocasiones para prestar declaraciones.
El movimiento Alianza País (AP) se solidarizó con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y calificó su detención como una “maniobra que llevan a cabo los sectores de oposición”, los cuales buscan responsabilizar al Partido de los Trabajadores por actos de corrupción. Las acusaciones contra el ex mandatario brasileño forman parte de una estrategia de desestabilización que sufren los gobiernos progresistas de la región, aseguró AP.
Movimientos sociales y simpatizantes de Lula continuaron este lunes su respaldo al ex mandatario brasileño en los alrededores de su residencia en Sao Paulo. Su detención fue denunciada como parte del plan de golpe de Estado que se adelanta contra el gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien como Lula, forma parte del Partido de los Trabajadores. La actual mandataria calificó la detención como una operación desproporcionada y abogó por los derechos individuales del líder brasileño.
Tras el anunció que hiciera Lula da Silva de sus aspiraciones presidenciales ahora es objeto de ataques por parte de la derecha de Brasil, la cual pretende desprestigiar su imagen y descalificar su gestión como Presidente, según expertos y observadores internacionales.
TRAS LAS REJAS
En la historia latinoamericana se han escrito historias muy diferentes, como la de ex mandatarios que ejercieron, legitima e ilegítimamente, todo el poder en sus naciones, y también se corrompieron a niveles extraordinarios. Es el caso del ex presidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), quien actualmente se encuentra cumpliendo condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción de su autoría.
También el ex dictador boliviano Luis García Meza (1980-1981), quien en 1993 fue condenado a 30 años de prisión. Está preso desde el 15 de marzo de 1995, cuando llegó extraditado desde Brasil y cumple su condena en una cárcel boliviana. Otro ex dictador que enfrentó a la justicia de su país y terminó tras las rejas es el argentino Rafael Videla, quien comandó al país sureño durante 1976 a 1981. Enfrentó varios procesos por denuncias de secuestro de infantes durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. En 2012 fue condenado a 50 años de prisión por encontrársele responsable también de otros crímenes de lesa humanidad. Murió en una celda del penal de Marcos Paz el 17 de mayo de 2013.
Por violación de los derechos humanos fue procesado y condenado el ex presidente de facto de Uruguay, Gregorio Álvarez Armelino, quien tomó el poder en 1981. Afrontó un juicio por el delito de coautoría en reiterados casos de homicidio en 1978 cuando era Comandante en Jefe del ejército. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó los 25 años de condena que pesan sobre Álvarez. Actualmente se encuentra en prisión por dichos delitos ocurridos en 1978.
Como consecuencia de acusaciones de malversación de fondos del Estado, el ex presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, electo en dos ocasiones (1974-1979 y 1989-1993) fue destituido y condenado en 1996 a dos años y cuatro meses de cárcel. La pena la cumplió en su domicilio en razón de que tenía más de 74 años de edad. Partió como exiliado a República Dominicana y luego a los Estados Unidos, donde murió el 25 de diciembre de 2010.
El otrora hombre fuerte de Panamá (1983-1989), Manuel Antonio Noriega, quien estableció una dictadura en la que sumió al país en una grave crisis económica, política y social, lleva recluido más de dos décadas en una cárcel panameña. En 1993 fue juzgado en los Estados Unidos y condenado a una pena de 40 años de prisión, bajo la acusación de estar relacionado con el cártel de Medellín. La justicia francesa, quien solicitó su extradición, lo condenó a siete años de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico. En 2011 fue extraditado a Panamá en donde espera recibir el beneficio de “casa por cárcel”.
Al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala, lo acusaron de varios cargos, entre los que se destaca el delito de lavado de dinero, por más de 60 millones de dólares durante su mandato. En 2013 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de peculado por el gobierno estadounidense, luego de estar prisionero en un base militar en Guatemala por varios años. Portillo se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses en marzo de 2014, logrando que su pena de prisión fuera muy reducida, además de que el tiempo que ya había estado prisionero en Guatemala le fue acreditada. Regresó a su país a finales de febrero de 2015 y pretendió participar como candidato a diputado pero el registro de ciudadanos del TSE le denegó la inscripción.
También en Guatemala, el ex dictador José Efraín Ríos Mont enfrentó un largo juicio. El 10 de mayo de 2013 fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero esta sentencia fue anulada el 20 de mayo de 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, debido a que la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, no acató los fallos emitidos por dicha corte.
También el ex presidente dominicano Salvador Jorge Blanco (1982-1986) fue condenado en 1987 a 20 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Tiempo después fue declarado “no culpable” por la justicia, luego de que el mandatario Hipólito Mejía, en nombre del Estado, desistiera de las acusaciones en su contra, pero estuvo tras las rejas de la prisión mientras se esclarecía el asunto.
En México no han existido pruebas suficientes para llevar a prisión a ningún ex presidente pese a los cientos de miles de muertos y desparecidos, la quiebra de empresas paraestatales, la desaparición de la riqueza petrolera, de la minera, de la energética en general, y de haber sumido al país en una pobreza que encuentra explicación en la corrupción e impunidad reinante. Y de gobernadores sólo Mario Villanueva y Andrés Granier, provenientes de entidades jóvenes y sin abundancia económica existente en otras regiones, han permanecido tras las rejas.
FERROCARRILEROS VS LIDER CHARRO
En estas mismas líneas, la semana pasada, dimos cuenta de la serie de irregularidades cometidas en el proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), iniciada a partir del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, principal beneficiario de la misma, y cuya liquidación aún no concluye. Hicimos énfasis en la responsabilidad del líder ferrocarrilero Víctor Flores en el manejo irregular del sindicato que encabeza y de su participación en la desaparición de los fondos del fideicomiso formado para garantizar el pago de jubilaciones, pensiones y seguros de vida a los ex trabajadores ferrocarrileros, cuyo costo se ha ido cargando al presupuesto federal, y la complicidad de las autoridades federales para tal efecto, particularmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Estos hechos han escalado las primeras planas de los diarios de la ciudad de México, los cuales dan cuenta de las acciones de miles de trabajadores ferrocarrileros jubilados para ampararse a fin de evitar el pago de cuotas al sindicato encabezado por Víctor Flores. De acuerdo con Enrique Oropeza, integrante de la Federación de Ferrocarrileros Jubilados, alrededor de 3 mil de sus integrantes ya se ampararon, por lo que ahora toca a la autoridad laboral suspender el pago de esa cuota, la cual oscila en los 80 pesos y pagan cada mes unos 32 mil jubilados de manera ilegal. “Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la primera medida será no dar cuota y, luego, que el sindicato regrese el dinero que, estimamos, pueden ser más de 600 millones de pesos”, destacó.
Oropeza declaró: “durante 15 años, unos 3.5 millones de pesos entraron a las arcas del sindicato. Así nada más, sin hacer nada, más de 2 millones por las cuotas y un millón y medio por gestoría y enlace para los jubilados, pero que, al estar dados de baja del gremio, no nos llegaba ese dinero”. Apenas el 18 de febrero de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó una inconformidad de la dirigencia gremial contra el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que, sólo en enero de 2015, amparó a más de 450 jubilados contra la retención de 1 por ciento de su pensión. Este se otorgó porque en 1997, cuando se constituyo el fideicomiso FerronalesJub-5012-6, se mencionó que los beneficiarios serían 56 mil 372 jubilados que de ahí cobrarían su pensión. En el contrato se aclaró que los nombres de los beneficiarios estaban en los anexos cinco y seis, pero durante el juicio, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como liquidador de Ferronales, no pudo exhibir los anexos con los nombres.
La dirigencia del sindicato ferrocarrilero también opera con irregularidades el fideicomiso para el pago de seguro de vida, el cual se quedó sin fondos y el gobierno federal entró al rescate con un apoyo de 136 millones de pesos, denunció Oropeza.
GASTA GOBIERNO PATRIMONIO DE CFE Y PEMEX
Los manejos irregulares en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las acciones para anular estas empresas productivas del Estado a fin de favorecer a corporativos trasnacionales, denunciados en estas mismas líneas, también han escalado a las primera planas de los diarios de la capital de la República.
El año pasado, el gobierno federal gastó alrededor de 119 mil millones de pesos que formaban parte del patrimonio de Pemex, la CFE y el ISSSTE, sin que la Cámara de Diputados estuviera enterada. En la revisión de la cuenta pública de ese año, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que había 211 mil millones de ingresos que el gobierno clasificó bajo los rubros genéricos de “otros y “aprovechamientos”. Y al exigir a la Secretaría de Hacienda que le aclarara de dónde provenían los recursos, la dependencia informó que eran parte del patrimonio de las empresas productivas del Estado y del ISSSTE, entre otros.
La ASF señaló que: en los casos de Pemex y la CFE, el aprovechamiento de 70,000 millones de pesos y 31,518 millones de pesos, respectivamente, correspondió a un retiro del patrimonio de la nación invertido en esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras”. Y “en el caso del ISSSTE, el aprovechamiento de 17,951.3 millones de pesos provino de las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de las cuotas y aportaciones de los seguros de invalidez y vida y riesgo de trabajo”.
El desmantelamiento de Pemex también ha ocupado las primeras planas de los diarios capitalinos. Aún antes de que fueran anunciados los recortes de personal en Pemex, en el último año la petrolera redujo su plantilla laboral a un ritmo de mil 224 empleados mensuales para un total de 14 mil 694 trabajadores que fueron despedidos, jubilados o con retiros anticipados o voluntarios. Del 31 de diciembre de 2014 y el cierre de diciembre de 2015, la plantilla laboral de Pemex se redujo 9.5 por ciento al descender de 153 mil 85 empleados a 138 mil 391 trabajadores al cierre del año pasado.
En los balances financieros de Pemex dados a conocer la semana pasada, la petrolera reportó pérdidas históricas de 521 mil millones de pesos. No obstante, en medio de lo que ha sido catalogada como la peor crisis de su historia, a finales de enero pasado su Consejo de Administración autorizó mil 762 millones de pesos dentro de la previsión presupuestal 2016 del Programa de Donativos y Donaciones, el cual, desde 1983 entrega recursos a gobernadores, alcaldes y asociaciones civiles asentados en zonas de intensa actividad petrolera.
Durante 2015, lo donado en este rubro ascendió a 1,926 millones de pesos; en 2014 se autorizaron 2 mil 856 millones de pesos; en 2013, dos mil 791 millones de pesos. Este canal de ayuda opera sin ceñirse a los criterios aprobados en 2011. Los gobernadores, alcaldes y asociaciones civiles beneficiados no reportan el destino de dichos recursos, es decir, 9 mil 335 millones de pesos.
DE LOS PASILLOS
A lo largo y ancho del territorio nacional impera el pesimismos en torno al presente y futuro del país. Tiene muchos fundamentos la caída de la confianza de los consumidores en los hogares de las 32 principales ciudades, la cual descendió 1.2 por ciento en febrero de este año respecto al mes anterior y presentó una contracción anual de 1.5 por ciento, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer la evolución del Índice de Confianza del Consumidor, el Inegi destacó que los cinco componentes que integran este indicador marcaron deterioro en febrero respecto a la posición que tenían en enero de este año y mostraron caídas en términos anuales. El mayor deterioro se observó en el componente parcial que avalúa la percepción sobre la situación económica que tendrán tanto el hogar como el país dentro de un año, comparada con la actual, la cual registró una caída mensual en febrero de 1.3 por ciento y una anual de 3.9 por ciento.
Todos los indicadores parciales sobre “la situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual”; “las condiciones económicas del país, comparadas con las de hace un año”; “la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses”; y las “posibilidades actuales que tienen los integrantes del hogar, comparada con las de hace un año para comprar muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos”, registraron caídas.
