ESTADO DE LOS ESTADOS
Omisión criminal
Lilia Arellano
No hay ausente sin culpa,
ni presente sin disculpa.
Proverbio francés
Ciudad de México.- La omisión también es ineptitud y corrupción, incluso en los mandatos cristianos es pecado. Y esto se aplica totalmente a la administración de Enrique Peña Nieto, quien junto con su esposa, Angélica Rivera, se encuentran en Berlín, Alemania, en visita de Estado en pos de “nuevos espacios de cooperación”.
Por eso, argumentan, no tiene tiempo de asistir a la cumbre sobre las drogas la cual tendrá lugar en Nueva York, a partir del 16 de este mes. Para nadie son un secreto el narcotráfico, la actividad de los cárteles y la prolongada guerra contra las drogas, ubicados como el principal problema en materia de seguridad del país, pero el presidente no puede atenderlo por andar paseando en Europa con su esposa.
Mientras, en la Ciudad de México, integrantes de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, junto con religiosos, académicos, investigadores y activistas, exigieron este lunes un “basta a la guerra contra las drogas”. El objetivo de esta caravana, la cual salió el día 28 desde Honduras y llegará a Nueva York el próximo día 18, es arribar a la sesión especial donde las Naciones Unidas abordarán el tema de la política internacional contra las drogas.
En dicha cumbre, entre el 16 y el 21 de abril, donde 196 países examinarán la política global para el control de las drogas ilícitas y las metas para 2019, sobre la cual el gobierno de Peña Nieto no ha fijado una posición, los participantes esperan encontrar nuevas fórmulas frente a este problema, así como diseñar nuevas estrategias para hacer más eficaz la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial. Es el primer encuentro de este tipo en más de dos décadas.
La Comisión de Estupefacientes de la ONU se reunirá al más alto nivel para hacer las evaluaciones necesarias y adoptar recomendaciones o medidas específicas para combatir el flagelo de la droga. La apuesta, por más de 30 años, por las prohibiciones, la criminalización y la mano dura, no han dado resultados. Sólo han logrado el encarecimiento de los estupefacientes, pero éstos siguen llegando en cantidades industriales a los millones de consumidores en Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con la embajadora colombiana ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, el documento preparado para esta cita por dicha Comisión de Estupefacientes, ofrece “miradas nuevas”, dando más relevancia a los derechos humanos –por ejemplo al dar luz verde a medidas alternativas al encarcelamiento- y a la salud pública –favoreciendo el acceso a medicamentos y tratamientos-. Son precisamente estos dos aspectos, derechos humanos y medidas alternativas, donde registra grandes fallas la gestión de Peña Nieto, la cual ha seguido las mismas pautas de su antecesor en el cargo, Felipe Calderón, y, por lo tanto, cosechando los mismos resultados.
El gabinete de seguridad, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ha dejado de lado el estudio de nuevos enfoques al problema de la droga y el narcotráfico. Se ha centrado en la caza de líderes de los cárteles del narcotráfico y ha presumido su abatimiento o encarcelamiento a través de todos los medios de comunicación a su alcance, lo cual ha generado sangrientas disputas por el control de las organizaciones criminales y los territorios de influencia, con el consecuente reguero de cadáveres en diversas entidades. Se acumulan así décadas con una estrategia de combate al narcotráfico la cual no ha funcionado.
Una de las propuestas sobresalientes en dicha cumbre será la de Perú, quien a través de su coordinador para la lucha contra el narcotráfico, Arnaldo Velarde, propuso a los países desarrollados patentizar su compromiso antidrogas con apertura de mercados que estimulen en países productores el desarrollo alternativo de cultivos. Con la incorporación plena a la economía formal de grupos sociales partcipantes en actos ilícitos de narcotráfico a distinta escala, se cerraría el círculo de redefinición de políticas y recuperación social, debiendo incluir un programa global contra la droga, considera el funcionario peruano.
Estados Unidos presentará una propuesta para tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no únicamente desde el punto de vista de la justicia penal. “Vamos a hablar de alternativas a la encarcelación, de reformas a los sistemas de justicia, de ideas concretas para vincular las drogas ilícitas con el desarrollo económico y social”, de acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico y Aplicación de la Ley, William Brownfield.
La política de la droga no es algo rígido y es susceptible de ajustes y modificaciones, dijo el funcionario estadounidense. También recordó: el gobierno de Estados Unidos desde hace tres años ha destacado la necesidad de mantener las tres convenciones internacionales para el control de drogas como el marco legal para todo el mundo. Asimismo, ha sostenido la aceptación del consenso legal para combatir a las organizaciones criminales que trafican las sustancias ilícitas para la obtención de ganancias económicas utilizando la violencia.
En México, durante el foro Diálogos por la Paz, la Vida y Justicia, en el Museo de la Ciudad de México, los integrantes de la Caravana y los especialistas destacaron: la sociedad civil no puede seguir cediendo sus derechos ante la lucha contra la droga. Ante un sistema económico de muerte, la defensa de la vida se ha convertido en una lucha fundamental, subrayaron los participantes, entre quienes se encontraban el padre Miguel Concha, el historiador Adolfo Gilly, y la directora del Programa de las Américas Laura Carlsen.
Una participación de México en este renglón obligaría a señalar al vecino del Norte su papel dentro de esta “guerra” emprendida, al estar claramente demostrado un panorama revelador: los muertos son parte de las estadísticas en Latinoamérica, en nuestro propio país y el dinero producto del narcomenudeo y el contrabando hacia Europa se queda en las arcas norteamericanas. Allende las fronteras no se detienen a grandes capos originarios de EU, tampoco existen políticas públicas de prevención sobre el consumo de estupefacientes y menos aún las clínicas de rehabilitación para el millonario número de adictos. Seguramente Peña Nieto y su gabinete no pueden ni levantar la voz ni opinar. Tal vez, por eso, tampoco van.
RECORTES: MENOS EMPLEO
Durante el primer bimestre de este año, casi en un 10 por ciento (9.8%) redujo el gobierno federal su gasto. Erogó 750 mil 700 millones de pesos, es decir, 59 mil 822 millones de pesos menos de los ejercidos en el mismo periodo del año pasado, cuando gastó 810 mil 522.4 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales del reporte a febrero de las ”Finanzas públicas y la deuda pública”, de la Secretaría de Hacienda.
La reducción del gasto en el primer bimestre de este año se efectuó por un recorte de 5.9% en subsidios, transferencias y aportaciones corrientes; una baja de 5.6% en el gasto corriente, una contracción de 15.6% en algunos gastos de operación; menores recursos para servicios personales; una disminución de 2.1 en el gasto federalizado y un aumento de 9.4% en el costo financiero para los adeudos contraídos en los mercados locales e internacionales.
El primer efecto a los recortes al presupuesto federal se resiente sin duda en la disminución de la creación de empleos. El último año, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se sumaron 484 mil individuos al grupo de personas que requieren un trabajo de tiempo completo y mejor remunerado. En total, al cierre de 2015, sumaron 12 millones 577 mil 303 personas en malas condiciones de trabajo.
Aparentemente la tasa de desempleo en el país es baja, pero ésta no toma en cuenta a las personas que dejaron de buscar empleo porque no consiguieron y aquellos que ganan hasta 3 salarios mínimos.
Para revertir la situación se deben crear arriba del millón de empleos por varios años, pero los recortes a la inversión pública dificultan el objetivo, advierte Luis Foncerrada, director general del CEESP. “La única solución es con la inversión pública y privada. Desgraciadamente la pública se viene cayendo sistemáticamente. En 2016 vamos a tener por séptimo año una caída de la inversión pública en términos reales. Para este año esta programada una caída de 21 por ciento en el gasto en inversión fiscal del gobierno. Se va reducir con respecto al 2015 en una quinta parte del gasto que hubo”.
Al mismo tiempo, es preocupante la afectación que tendrán 25 de los 105 programas presupuestarios prioritarios el próximo año, destaca Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, de los 15 proyectos prioritarios a cargo de la Secretaría de Educación Pública, cinco se verán afectados. La suma de este ajuste sería de mil 762 millones de pesos, registrándose recortes de hasta 500 millones de pesos en el programa de Escuelas de Tiempo Completo y en los subsidios para Organismos Descentralizados y Estatales.
De acuerdo con el legislador, para el 2017 se hará un ajuste al gasto por 175.1 mil millones de pesos, que será adicional al ajuste preventivo que se anuncio en febrero, por 132.2 mil millones de pesos, en total 307.4 mil millones de pesos.
MENORES INGRESOS
Por la disminución de la producción del petróleo, un menor precio del crudo y el gas natural, así como una baja en la recaudación de ingresos no tributarios, el monto de los ingresos no percibidos en el sector público mexicano en 2017 asciende a 283 mil 400 millones de pesos, según estimaciones de Hacienda. Los precriterios de política económica para el próximo año, consideran una caída de ingresos por 227 mil 200 millones de pesos respecto del monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2016, por la disminución de la producción de petróleo, así como un menor precio del crudo y el gas natural.
Asimismo, habrá una menor captación de ingresos propios por 13 mil 800 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad y otras entidades de control directo, como consecuencia de la reducción en las tarifas eléctricas asociadas y un menor costo en la generación de luz. Además, se calcula una percepción menor, por 42 mil 400 millones de pesos, en la captación de ingresos no tributarios, “como reflejo del efecto de ingresos que, por única ocasión, se espera recibir en 2016˝.
FUGA DE CAPITALES
Inversionistas extranjeros dieron la espalda a los bonos emitidos por el gobierno mexicano y durante el primer trimestre del año retiraron de ese tipo de valores bursátiles más de 80 mil 584.4 millones de pesos –unos 4 mil 705 millones de dólares-, en el mayor movimiento a la baja de la participación foránea en el mercado de bonos de deuda del gobierno federal.
El saldo de los valores gubernamentales en manos de “residentes en el extranjero” al cierre de marzo se ubicó en 2 billones 45 mil 324.44 millones de pesos, desde 2 billones 125 mil 9098.85 millones de pesos registrados en diciembre del año pasado. Ni duda cabe, la desconfianza arrecia y el daño de tanta corrupción se refleja duramente en este renglón.
CONTRA CORRUPCIÓN
En una amplia conferencia conjunta, las dirigencias nacionales del PRD y PAN, encabezadas por Agustín Basave y Ricardo Anaya, respectivamente, así como sus grupos parlamentarios de las dos cámaras del Congreso, anunciaron un frente común para defender la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y darle prioridad a este tema, antes que a otros pendientes de la agenda legislativa como el mando único policíaco.
Basave y Anaya denunciaron que el PRI y el PVEM pretenden acotar el alcance de al reforma constitucional en materia anticorrupción, a través de su propuesta legislativa, cuando lo urgente y necesario es un sistema robusto para combatir la corrupción a fondo. También advirtieron: no habrá reforma sobre seguridad pública si el gobierno federal y PRI-PVEM no aceptan el paquete de siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el Senado de la República, representantes de la sociedad civil impulsores de la iniciativa de Ley 3de3 pidieron a las comisiones de la Cámara alta procesar la discusión de las leyes contra la corrupción a través de mesas de trabajo. Durante una reunión de comisiones unidas, solicitaron la discusión del paquete de reformas por temas y no artículo por artículo.
Pidieron: la primera mesa abordará la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la segunda mesa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se incluye la iniciativa ciudadana Ley 3de 3; la tercera, la nueva Ley del Tribunal de Justicia Administrativa; en la cuarta, Fiscalización; y en la quinta, la Fiscalía Anticorrupción.
Las comisiones del Senado invitaron únicamente a representantes del IMCO, Transparencia Mexicana y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, con la advertencia de recibir una invitación “intrasferible”, por eso los ciudadanos demandaron sea la sociedad civil y no los legisladores quienes asignen a sus representantes en el debate. También propusieron realizar la discusión de manera abierta a la sociedad a través de las herramientas de Parlamento Abierto, como lo demandaron legisladores del PAN, PRD e independientes.
Por su parte, los presidentes de las comisiones dictaminadoras de las leyes anticorrupción en el Senado pidieron acelerar los trabajos. “Tenemos 17 días para instalar los grupos de trabajo en el Senado, para que den fruto, integrar un predictamen, aprobar y que se vaya a la Cámara de Diputados. Hay que ser ejecutivos y dinámicos o esto no saldrá en este periodo”, advirtió Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia.
DE LOS PASILLOS
Nada bien le cayó al presidente Enrique Peña Nieto la protesta en Berlín, Alemania, de un grupo de personas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, afuera del museo Martín Gropius Bau, donde el mexiquense visitaba la exposición “Los mayas lenguaje de belleza”, como parte del Año Dual México-Alemania.
Este lunes, en la Ciudad de México, cientos de campesinos marcharon del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir al gobierno federal reduzca la tarifa de energéticos en el campo y acordar acciones para mitigar el rezago en este rubro. Como parte de la jornada denominada: “Zapata Vive”, participaron integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así como del Barzón, entre otras organizaciones provenientes de Veracruz, Estado de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala, quienes demandaron también la libertad de presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
