ANÁLISIS A FONDO
Peso y contrapesos
Francisco Gómez Maza

Apoyo absoluto de la Conago a EPN
Aprueban gobernadores Mando Único

Ciudad de México.- Peña Nieto amarró ayer en Chihuahua el apoyo incondicional de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para lanzar su campaña contra las bandas del crimen, que en lo que va de su recién inaugurada administración no ha dejado de perpetrar terroríficos crímenes.

A bote pronto, la XLIV Reunión Ordinaria del gremio de gobernadores fue un exitazo para el presidente. Su logro mayor es la aprobación de los mandatarios estatales al “Manifiesto para el Modelo de Mando Único de Seguridad Pública”, consentido –quiero creer– sin violar la soberanía de los estados y la libertad de los municipios, consagradas en la Constitución.

De todos modos, no hay que olvidar, como lo advierte el investigador Carlos E. Montes Nanni, que las normas constitucionales que delimitan las atribuciones del municipio libre se ven afectadas en cuanto a la propuesta de dotar al gobernador de una entidad federativa de la facultad de nombrar a los jefes de policía de los municipios integrantes de la localidad (reforma al artículo 115, fracción VII, primer párrafo), jefes que serían propuestos por el presidente municipal respectivo, pero cuyo nombramiento sería constitucionalmente responsabilidad del gobierno estatal.

Salvo esta pequeña mosca en la leche, que tranquilamente puede ser espantada por el poder interpretativo de cualquier constitucionalista, o mediante una reforma fast track a la carta magna, no se podía esperar más que el buen éxito del presidente de la república. A los gobernadores de la Conago no les quedaba otra alternativa más que arropar al mandatario, con el argumento de que la inseguridad pública así lo amerita. De contrapeso, la Conago se consolida como brazo del Ejecutivo para, como lo dijo Peña Nieto en Chihuahua, “garantizar seguridad y tranquilidad a la población.”

Además, para cerrar el círculo, el presidente puso énfasis en la permanente comunicación con todos los gobernadores, y para ello designó a 12 representantes personales ante los gobiernos estatales:
Para Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; para las Baja California, el titular de la Semarnat, Juan José Guerra; para Chihuahua y Sonora, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el de Economía, Ildefonso Guajardo; para Sinaloa, Colima y Nayarit, el de Agricultura, Enrique Martínez; para Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala, Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes; para Veracruz y Tabasco, Emilio Chuayffet, de la SEP; para Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López; para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete; para Jalisco y Michoacán, el de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín; para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y para el estado de México y el DF, Aurelio Nuño, jefe de la Oficia de la Presidencia.

La Conago siempre ha sido un brazo eficaz y eficiente de la política de los presidentes, aunque negociando pírricas ventajas en materia de asignación de recursos financieros y prebendas en la recaudación fiscal. A principios de diciembre pasado, inclusive, los mandatarios estatales de todos los partidos, aglutinados en la Conferencia, anunciaron que irían con todo en eso de respaldar las reformas impulsadas por Peña Nieto, así como el llamado Pacto por México, aunque muy comedidamente, de nuevo, le  demandaron “el fortalecimiento y la distribución de competencias en el sistema de recaudación fiscal y también del gasto”. Todo sea por la seguridad.

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