Mover a México en defensa de Pemex
Pablo Vargas González
Pachuca.- En un año se han hecho grandes reformas de Estado que se habían dejado interrumpidas o tratadas de manera superficial y sin ningún cambio favorable para la sociedad o el mejoramiento del gobierno. Se prometió mover a México y se está logrando: la inconformidad a un año de gobierno es patente, sobre todo en materia de la reforma energética que incluye la privatización de los recursos naturales del país.
Mover a México es la consigna actual, pues la reforma del PRI y del PAN no resuelve la corrupción imperante en Pemex, la injerencia de los líderes sindicales y la perdida y saqueo de recursos en esta paraestatal. En virtud de que no ha habido una consulta nacional que amerite esta decisión sobre el patrimonio del país, es necesario expresarse en todos los ámbitos y salir a la calle.
El proyecto de dictamen de la reforma energética que pretende aprobarse la semana próxima, modifica por completo el régimen constitucional en materia de hidrocarburos establecido después de la expropiación petrolera, y propone cambios de fondo a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, que dan paso a los contratos de riesgo en varias modalidades, incluso el de concesiones, en beneficio de las empresas extranjeras.
El artículo 27 señala que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones.
Además la propuesta presidencial no tiene límites: detalla que se darán contratos de servicios, de utilidad y de producción compartidas, además de licencias. Estas últimas contienen los elementos de una concesión, en que se cede parte de la riqueza para que las petroleras la exploten. Se establece además que el pago a las trasnacionales será en efectivo, con un porcentaje de las ganancias e incluso con barriles de petróleo.
En el documento elaborado por PRI y PAN, en el que finalmente prevaleció la iniciativa panista, se propone reformar el artículo 28 constitucional, a fin de que la refinación de petróleo, la petroquímica básica (que incluye el procesamiento del gas natural), así como la generación de electricidad dejen de ser actividades estratégicas, a fin de que queden totalmente en manos de empresas privadas.
En ese nuevo marco constitucional, se obliga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a competir con las trasnacionales. Para ambos organismos, que estarían descentralizados, se prevé un régimen transitorio que contendrá las formas y plazos para convertirlas en empresas productivas del Estado.
No se dice nada de la transparencia, ni del control del Estado sobre las empresas privadas transnacionales: se trata de un entreguismo gubernamental a ultranza. Todo ello a pesar de grandes manifestaciones en el zócalo de la ciudad de México y en las redes sociales, la iniciativa del presidente Peña Nieto está derrotada, y se adelanta una rotunda negativa a la posibilidad de que se entreguen los recursos naturales a empresarios, nacionales y extranjeros. Las redes sociales no son vinculantes, pero manifiestan un significativo estado de ánimo de los sectores sociales.
Todo ello tiene fuertes implicaciones en tres ámbitos: 1) privatización de los recursos naturales sobre todo por la modificación de los Artículos 27 y 28 Constitucionales, existen indicios reales de que se privaticen los recursos naturales (petróleo, gas y luz); 2) la perdida de la soberanía nacional y 3) las condiciones de vida de los sectores sociales populares.
Los legisladores disque “representantes populares” no pueden tomar una decisión de esta naturaleza. El caso de Pemex y de los recursos naturales son propiedad de la nación y no de algunos gobernantes y partidos políticos. Por lo cual, se requiere el conocimiento y acuerdo mayoritario, y no debe circunscribirse a la “democracia representativa”, de que sean los “representantes populares” los que tomen la decisión.
Por eso es valiosa la propuesta de “mover a México” en defensa de Pemex y de la soberanía del país. Lo políticos no pueden decidir solos. Hace falta una Consulta Nacional deliberativa. En cada plaza pública, en las escuelas, universidades, sindicatos, barrios y comunidades se tiene que expresar la sociedad.
El país está en juego.
