Controversia panista contra alza de transporte
David Carrizales
Monterrey.- Los cabildos con mayoría panista de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, aprobaron por unanimidad que las cabezas de los respectivos ayuntamientos, Margarita Arellanes, Pedro Salgado Almaguer y Ugo Ruiz, promuevan una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se revoquen los aumentos a las tarifas del transporte urbano de pasajeros, que entraron en vigor el primer día del presente año.
Dentro del mismo bloque de rechazo al alza en las tarifas camioneras, está el ayuntamiento de Santa Catarina, que preside el también panista Víctor Pérez Díaz, cuyo cabildo está por dar su aval; pero se mantiene al margen el edil de Benito Juárez, Rodolfo Ambriz Oviedo, quien llegó a la alcaldía con apoyo de la central obrera priista, CTM, con fuertes intereses en las empresas camioneras.
En Monterrey, la alcaldesa Margarita Arellanes, presentó un punto de acuerdo para promover un procedimiento jurídico contra la autorización de aumento en las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros en sus diversas modalidades, emitido por la Agencia para la Racionalización y Modernización del Transporte en la entidad, con vigencia a partir del primero de enero.
Arellanes expuso que una vez publicado el acuerdo del cabildo en la gaceta municipal, acudirá personalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar la controversia constitucional, junto con sus homólogos de San Pedro, San Nicolás y Santa Catarina.
Confió que proceda la revocación del aumento en las tarifas del transporte en la zona metropolitana, pues afirmó, para la elaboración del recurso jurídico cuentan con la asesoría de reconocidos fiscalistas y abogados, además de que hay antecedentes del mismo tipo, ya resueltos a favor de los usuarios por parte de la SCJN.
Explicó que diariamente un millón de regiomontanos utilizan el transporte público, de los cuales el 70 por ciento se ven mayormente perjudicados por el aumento de tarifas al no contar con la “tarjeta feria”, o no poder utilizarla, por las fallas que presenta. Además mencionó que el costo de un pasaje es desmedido, pues representa el 18.82 por ciento del salario mínimo aprobado para el presente año.
Este mismo día el cabildo de San Nicolás de los Garza aprobó por unanimidad facultar al presidente municipal, Pedro Salgado Almaguer, para que presente la controversia constitucional contra el alza en el transporte. Salgado confió que proceda el recurso, dado que el aumento es desproporcionado y muy deficiente el servicio.
Afirmó el edil que existen dos casos parecidos, de época reciente, del 2011, donde se declaró la inconstitucionalidad de incrementos en tarifas camioneras, al no tomar en cuenta a los ayuntamientos. Por otro lado, señaló que continuarán los operativos para revisar el estado de las unidades del transporte, y retirar de circulación las que estén en malas condiciones, porque actúan apegados a la Constitución y a los reglamentos municipales. Ante el malestar que esto ha ocasionado a líderes de las centrales obreras priistas, que al mismo tiempo fungen como permisionarios del transporte, comentó: “si esto molesta a alguien, eso ya no es nuestro problema”.
El alcalde sampetrino, Ugo Ruiz, quien también fue autorizado por su cabildo para promover la controversia contra el alza camionera, dijo que no se trata de un tema partidista, sino de apoyar a la comunidad que está resintiendo en sus bolsillos el costo de una medida gubernamental. “El transporte público no es un negocio particular, es un servicio público concesionado que tendría que ser de altísima calidad para que corresponda a lo que los usuarios están pagando y nos damos cuenta de que el servicio de transporte colectivo más caro que hay en el país es el que tenemos nosotros” en la zona metropolitana de Monterrey, concluyó Ruiz.
