Un mexicano asilado en Estados Unidos
Samuel Schmidt
Ciudad Juárez.- La abogada Bertha Zuñiga logró conseguir que no deportarán a un mexicano perseguido por el crimen autorizado. Esto es casi una proeza ante el clima anti mexicano en las cortes migratorias de ese país.
El procedimiento seguido por ella es similar al de una petición de asilo político, de las que se otorgan muy pocas, debido a la tendencia del Departamento de Estado de sostener que México es una democracia y mirar hacia otro lado ante un sistema torturador (recientemente el gobierno le negó la entrada al país al visitador de la ONU contra la tortura), además de existir con una fuerte asociación entre criminales y funcionarios del Estado (Crimen Autorizado).
Para lograr el asilo se debe mostrar que la persona pertenece a un grupo específico o que es perseguido por sus ideas políticas o religiosas, últimamente se incluye a mujeres golpeadas y a los que tienen preferencias sexuales distintas.
Zuñiga mostró que su cliente pertenece al grupo de un testigo de un crimen, que al reportarlo fue perseguido de forma inclemente por el jefe de policía que durante un mes acosó a la madre para que entregara al hijo y este fuera asesinado. La autoridad manipuló a los medios de comunicación buscando un linchamiento público que justificara eI asesinato.
La policía inventó acusaciones, torturó al cuñado, secuestró a la hermana, extorsionó a la familia, les robó un vehículo y el jefe narco tenía acceso a la Plataforma México, lo que no tienen algunos magistrados.
El ciudadano que había sido deportado de Estados Unidos, pensó que Ias autoridades actuaban de buena fe, así cuándo llamó al 066 para reportar un secuestro, el crimen más común en el país, nunca se imaginó que él se convertiría en víctima. A las pocas horas de la denuncia “anónima” se encontró junto con su familia en un infierno; de poco sirvió que la madre era funcionaria municipal y que había sido reconocida por el gobernador por su trabajo político como movilizadora del voto, los jefes del jefe de policía son más poderosos y sus órdenes no aceptan incumplimiento, la sentencia de muerte había sido expedida y el policía tenía que cumplir.
El testigo se convirtió en víctima, regresó indocumentado a Estados Unidos donde fue detenido para ser deportado, lo que de haber sucedido le hubiera costado la vida, porque los tentáculos del crimen autorizado llegan muy lejos y en su ciudad los policías todavía recuerdan que los puso en ridículo al lograr escapar. No hay nada peor que la memoria de un policía que ha sido puesto en evidencia.
Este es un caso peculiar porque la fiscal estuvo de acuerdo en otorgar el caso, otorgándose el freno a la deportación y dar protección bajo la Convención en contra de la tortura.
El buen ciudadano logró la protección del gobierno estadounidense justo por los argumentos que el jefe de policía uso para entregárselo al cartel y que este lo matara, mecanismo experimentado en Iguala –caso Ayotzinapa- y los dos recientes en Veracruz. A él el gobierno lo acusó falsamente de tratar de matar al jefe de policía y como opuesto a la autoridad –con este pretexto encarcelan estudiantes y líderes sociales-, en este caso porque reportó un secuestro.
Ser testigo de un crimen no es suficiente para ser clasificado por una corte de migración como miembro de un grupo social si su testimonio no crea visibilidad, lo que fue hecho por el jefe de policía que se presentó en televisión para denunciarlo, manipulando a los medios (salieron tres notas de periódico) acusándolo falsamente. El policía creó la credibilidad de la persecución gubernamental en contra de un ciudadano que creía que cumplía con su obligación frente al crimen.
Como en México se inventan cargos, lo acusaron de allanamiento de morada.
Es interesante como la justicia es expedita cuándo el Estado se lanza contra un ciudadano. Unas horas después de su denuncia un vehículo fue a matarlo, balacearon un vehículo dónde iba él, su hermana, cuñado y sobrino de 2 años. Unas horas después un testigo estaba detenido para declarar sobre una acusación falsa exigiéndole que lo entregue. La manipulación de la injusticia en todo su esplendor.
Para cumplir las órdenes del cartel, el jefe de policía movilizó 20 patrullas y 100 agentes para buscar al delator de un crimen. La hermana y cuñado fueron obligados a firmar declaraciones sin leerlas, lo que es estándar en ese sistema judicial.
¿Son éstas las cosas que el gobierno trata de ocultarle a los visitadores de la ONU? Porque para los ciudadanos de a pie el abuso policíaco es el pan de todos los días.
México es el paraíso de la inexistencia del Estado de Derecho.
