ANÁLISIS A FONDO
El paquetón de los desaparecidos
Francisco Gómez Maza
¡Investigar dónde carajos quedaron!
Nadie sabe, nadie supo; ¿alguien sabrá?
Ciudad de México.- Titánica la tarea que el presidente Enrique Peña Nieto se está echando sobre el lomo. Sólo investigar las desapariciones de personas, que se cuentan en por lo menos –muy conservadoramente– unas cinco mil, más las que no se cuentan, las que oficialmente se ocultan, y las que sigan desapareciendo, es un verdadero “camote”; ¿o no, señor secretario Osorio Chong?
El secretario de Gobernación se reunió ayer domingo con familiares de víctimas, con quienes se comprometió a poner todo su esfuerzo, convicción y dedicación en la búsqueda de los desaparecidos, de acuerdo con lo que le mandata la Ley de Víctimas, rechazada por “inconstitucional” por la administración de Felipe Calderón, pero rescatada y puesta en vigencia por el nuevo gobierno priísta.
Pero cómo le hará don Miguel Ángel, si según el Código Penal Federal no existen las personas desaparecidas. El único delito tipificado en ese mamotreto es el de “desaparición forzada”, perpetrada sólo por un servidor público. El resto de los casos –huidos, extraviados, robados, secuestrados— no son investigados por no estar tipificados.
Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado, pero no todos habrían sido secuestrados por grupos del crimen organizado, actuando de forma independiente.
La ONU tiene información concreta, detallada y verosímil de casos de desapariciones forzadas perpetradas por autoridades públicas, o por grupos criminales, o particulares, que actúan con el apoyo directo o indirecto de funcionarios públicos.
Y prevalece la impunidad en muchos casos que, en vez de ser tratados como tales, son reportados e investigados bajo una figura diferente, o ni siquiera son considerados como delitos. Los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados “levantones”, de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que cita casos en los que la privación ilegal o arbitraria de libertad era clasificada como secuestro o abuso de autoridad.
El 3 de julio del año pasado, la Cámara de Senadores aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que debería de estar ya operando como un instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública para organizar y concentrar la información. Tal registro debería estar ya disponible para ser consultado por el público, y disponer de buzones para recibir información de la ciudadanía.
Ni dios padre ni el diablo saben dónde están los desaparecidos. Menos Peña Nieto y Osorio Chong. Y tampoco se sabe cuántos son. Carteles con el rostro de desaparecidos se acumulan en la carrocería de transportes públicos, o en cualquier muro de cualquier ciudad o pueblo de la república. Ninguna institución lleva un récord confiable de la cantidad de desaparecidos. La desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal –encargada de mantener el llamado Registro Nacional de Personas Extraviadas– llevaba hasta el cierre del gobierno panista registro de 2 mil 44 casos; la Procuraduría General de la República reportaba 4 mil 800 expedientes. En contraposición a esas dos dependencias federales, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal registraba 5 mil 229 personas extraviadas en todo el país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2006 a abril de 2011 acopió 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes y contaba con datos de 8 mil 898 fallecidos aún sin identificar.
Muchos –¿cientos, miles, cientos de miles?; lo que usted imagine– no están en los expedientes, ni en los archivos. Ni siquiera sus nombres eran prioridad de los funcionarios públicos encargados de su búsqueda.
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