Organismos públicos autónomos en riesgo
Efraín Poot Capetillo
Mérida.- Las decisiones tomadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a las potenciales sanciones a los partidos políticos por rebasar los topes fijados y respecto a los gastos de campaña, exonerando al PRI y amagando con imponer una multa millonaria al Frente Amplio Progresista, y el divisionismo interno que vive el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), nuevamente evidencian las dificultades que afrontan todos los organismos federales y locales que fueron creados para garantizar los derechos fundamentales a las personas, y así apuntalar el régimen democrático, que también incluyen a tribunales electorales, comisiones de derechos humanos, entre otras.
Las impugnaciones públicas hechas por el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar son muy graves y exhiben la falta de ética y la pobre calidad del trabajo desempeñado por el actual presidente del organismo, Gerardo Laveaga, a quien se acusa de perezoso desempeño y a la comisionada Sigrid Arzt por el espionaje realizado contra sus propios compañeros comisionados y contra intelectuales particularmente críticos de la “guerra contra el narcotráfico” implementada por Felipe Calderón Hinojosa.
La postura crítica del comisionado Trinidad Zaldívar, quien aspiraba dirigir el IFAI, no es nueva, un buen ejemplo de ello es su intervención en el marco del V Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos, celebrado en Aguascalientes en agosto de 2010, en la que denunció las tentaciones autoritarias de algunas autoridades para evitar las incomodidades que la labor del IFAI les ocasiona y sostuvo que dicha situación se reproducía en gobiernos locales contra las instituciones autónomas, ya que en dicho nivel el poder de las autoridades “busca alinear a su lógica a los servidores de dependencias que por mandato constitucional, deberían funcionar de manera autónoma”.
Los casos expuestos cobran mayor relevancia debido a las polémicas actuaciones de consejeros electorales y comisionados (federales y estatales) claramente identificados con partidos y autoridades gubernamentales a las que presumiblemente les deben las posiciones alcanzadas, y a las que, mal interpretando el significado de la lealtad, por comisión u omisión, han brindado la posibilidad de evadir responsabilidades, competir con ventaja y librar sanciones legales.
Situaciones que alientan el abuso de poder y atentan directamente contra la labor objetiva, imparcial y autónoma de estas instituciones, acrecentando la sensación de impotencia, desconfianza y descrédito ciudadano hacia la razón de ser de los propios organismos, las autoridades de los diversos niveles de gobierno, los partidos políticos y los políticos en general.
La situación anterior sólo beneficia a los enemigos de la democracia porque desalienta las formas de organización autónoma e independiente de los diversos sectores sociales, única estrategia efectiva que garantiza el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que resuelvan los problemas más sentidos por la población, el desempeño correcto de las autoridades y en su caso las sanciones a las que pudieran hacerse acreedores aquellas autoridades que usarán el puesto para beneficio personal o de grupo.
